¿Y si simplemente explicamos las cosas como son?

Autor: C. PATXOT, M. SOLÉ, G. SOUTO, Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP). www.ub.edu/xrepp

Las últimas reformas de las pensiones, en direcciones opuestas, nos tienen a todos desconcertados. En 2011, el gobierno del PSOE, probablemente forzado por la Unión Europea, introduce una importante reforma (retraso de la edad de jubilación), que además anuncia la futura introducción de un factor de sostenibilidad. En 2013 el PP, con la ayuda de un comité de expertos, detalla la forma de introducir dos factores de ajuste (el Índice de Revalorización de las Pensiones, IRP, y el Factor de Sostenibilidad, FS) y los plazos (2014 y 2019, respectivamente). En 2018 la negociación de los presupuestos entre el gobierno del PP y el PNV elimina el IRP y retrasa la aplicación del FS a 2019. Días más tarde, ya con el gobierno socialista, el Pacto de Toledo acuerda volver a actualizar las pensiones con el IPC en los años de crecimiento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos afrontando el problema de las pensiones o asistiendo a un duelo de estrategias electorales? Empecemos por explicar cuál es exactamente el problema de las pensiones.

El sistema público de pensiones en España, como muchos otros países europeos, se financia vía reparto: las cotizaciones de los trabajadores en cada período son utilizadas para pagar las pensiones de los que en ese mismo período están jubilados. Por tanto, no cuenta con activos reales (no hay ahorro ni inversión). La rentabilidad (y viabilidad financiera) de un sistema de reparto descansa fundamentalmente sobre la evolución de dos magnitudes: el número de trabajadores y el crecimiento de los salarios. De manera que, cuanto mayor sea el crecimiento de ambas, mayor será la pensión que podrían recibir los jubilados y la rentabilidad.

El sistema de financiación alternativo sería el de capitalización. Aquí, las cotizaciones de los trabajadores no se gastan cada año en pagar pensiones, sino que se ahorrarían hasta el momento en que el trabajador se jubila. En ese momento, con el total de aportaciones realizadas y la correspondiente tasa de interés, y teniendo en cuenta la esperanza de vida a la edad de jubilación, se calcularía una pensión, que el jubilado percibiría hasta el momento de fallecer. La rentabilidad de este sistema depende fundamentalmente de la evolución del tipo de interés.

He aquí las dos maneras fundamentales de organizar un sistema de pensiones que, no olvidemos, en su origen fue concebido y justificado como una manera de obligar a las personas a ahorrar durante su vida activa para cubrir sus necesidades cuando pierden la capacidad de trabajar al hacerse mayores y de asegurar la incertidumbre sobre el momento de la muerte. Ambas formas de organización tienen características particulares que determinan sus ventajas e inconvenientes. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan actualmente los sistemas de reparto es el envejecimiento demográfico. Las bajas tasas de natalidad que registran todos los países desarrollados desde hace décadas (y muy en particular España) limitan las posibilidades de crecimiento de la ratio entre cotizantes y pensionistas, uno de los pilares sobre los que descansaba la rentabilidad de este tipo de sistemas. Por otra parte, el crecimiento sostenido de la esperanza de vida (de nuevo muy en particular en España, con la esperanza de vida más elevada de Europa), es otro elemento de presión. Es decir, el envejecimiento amenaza seriamente la rentabilidad y la sostenibilidad financiera de las prestaciones. Por el contrario, en épocas de demografía favorable, como la que vivió España a finales del siglo pasado y principios del presente, un sistema de reparto es rentable. En esas décadas se daba una situación anómala: la generación menos numerosa de la historia reciente (nacidos después de la Guerra Civil) estaba jubilada y convivía con la población activa más numerosa (los baby-boomers, nacidos en los 60 y 70). La relación entre cotizantes y jubilados era muy elevada y permitía un superávit del sistema, exactamente al contrario de lo que está empezado a ocurrir ahora.

Ahora bien, en el sistema español existe el problema añadido de la falta de transparencia informativa. Los ciudadanos no perciben correctamente los ingresos y costes del sistema, como ocurriría en un sistema capitalizado. La pensión de jubilación se calcula teniendo en cuenta el tiempo cotizado y la base de cotización en los últimos años, de manera que la relación entre lo realmente aportado al sistema en cotizaciones y lo que se recibe es indirecta y débil. Además, no tiene en cuenta en absoluto la evolución demográfica.

Suecia, introdujo una profunda reforma en 1998 (sistema de “Cuentas Nocionales”). El sistema continúa siendo de reparto, pero cada persona tiene su propia “cuenta” virtual, de la que recibe información periódicamente. Ésta recoge sus contribuciones al sistema y la pensión prevista en función de su esperanza de vida. Además, se asegura el equilibrio financiero introduciendo un factor corrector ante condiciones económicas y demográficas cambiantes. El resultado es un sistema sostenible y transparente, con algunos elementos redistributivos explícitos (mínimos, máximos, etc.). Varios países han hecho reformas en esta línea. Sin embargo, en España continuamos discutiendo medidas parciales que buscan reducir el gasto. Como consecuencia, chocan frontalmente con buena parte de la sociedad, que las entiende como una afrenta a los derechos adquiridos. Y los partidos políticos actúan en consecuencia.