El escenario del sistema financiero se ha modificado substancialmente en esta última década, con medidas que han comportado un sector bancario más solvente y digitalizado.

Autor: Joan Anton Ros Guasch es profesor asociado de EADA Business School

Después de la venta en 2017 del Banco Popular al Banco de Santander, por el simbólico precio de 1 euro, nos deberíamos preguntar si hemos aprendido realmente a proteger nuestro sistema financiero en estos 10 años desde la caída del Lehman Brothers.

¿Como puede ser liquidada una entidad que durante muchas décadas fue considerada como un modelo de rentabilidad y solvencia? ¿Cuáles han sido las medidas que se han tomado para evitar nuevos rescates y liquidaciones de bancos? ¿Dónde estaban los supervisores para detectar anticipadamente estos problemas, y adoptar las correspondientes soluciones?

Resulta difícil explicar con cierta precisión qué ocurrió durante la crisis del Banco Popular, sobre la cual se han publicado y se publicarán diversas propuestas a raíz de las diferentes investigaciones en curso. Pero esta situación no debe ensombrecer el importante esfuerzo de fortalecimiento, reestructuración y regulación del sector bancario, realizado durante este periodo, que ha sido mayúsculo.

Es evidente que el escenario del sistema financiero se ha modificado substancialmente en esta última década, con la práctica desaparición del modelo de las Cajas de Ahorro, un cierre masivo de sucursales bancarias, una gran pérdida de puestos de trabajo y una mayor concentración sectorial en unos pocos grupos bancarios, fruto de diversas compras, fusiones o adjudicaciones.

Son diversas las razones de esta profunda transformación y diversas las explicaciones que se han dado desde el inició de la crisis en 2007 a raíz de la caída del Lehman Brothers y los efectos de las hipotecas subprime en EEUU. Sin embargo, este punto de inflexión es solo uno de los efectos colaterales de la globalización de los mercados financieros, y por tanto ninguna entidad de crédito puede aislarse de este contexto.

Las políticas y mercados monetarios están conectados, las fuentes de financiación por parte de las entidades son amplias y diversas, y las prácticas y productos bancarios se replican de inmediato, y los riesgos se trasladan rápidamente de un sector a otro. La actual crisis en Italia es un claro ejemplo de cómo una situación derivada del rechazo de sus presupuestos por parte de la UE, ha provocado un aumento considerable en la prima de riesgo de sus bonos soberanos (diferencial en el tipo de intereses, respecto de los bonos alemanes), por la lógica desconfianza de los inversores, que a su vez ha provocado una caída significativa en la cotización de las acciones de todos los bancos de este país, debido a que los bancos son los mayores tenedores de deuda del estado. Es incluso probable que muchas entidades bancarias de este país vean afectada seriamente su solvencia, si sigue aumentando esta prima de riesgo. Pero resulta que en España las entidades financieras también son grandes tenedores de deuda del estado.

Por otra parte, el perfil del cliente bancario ha experimentado cambios en el mismo sentido, ya que dispone de menos tiempo para acudir a la sucursal, está más habituado a trabajar con internet, y dispone de un inmenso “portal” donde operar, con una gran oferta de productos financieros, múltiples comparadores de precios, y una menor fidelidad a su entidad de siempre. Siendo uno de los mayores retos para las entidades financieras el poder recuperar la confianza de sus clientes perdida durante la crisis (participaciones preferentes, deuda subordinada, productos complejos), y el poder adaptar sus estructuras a las actuales tendencias y hábitos de sus clientes actuales, al tiempo que deben hacer frente a la entrada de nuevos competidores menos regulados, pero muy potentes (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Es por esta razón, que, utilizando un término deportivo, las entidades bancarias tienen que jugar la champions league para ser competitivas, lo cual les obliga a una mayor dimensión, una estructura transfronteriza y una apuesta decisiva por la digitalización para adaptar los canales habituales de venta y servicios.

Para ganar dimensión, poder realizar importantes inversiones en tecnología, ganar cuota en el mercado internacional y gestionar un gran volumen de activos en riesgo, las entidades requieren aumentar sus recursos propios (capital y reservas) y al mismo tiempo reestructurar sus puntos de venta tradicionales. Por otra parte, dicha capitalización resulta estrictamente necesaria, para poder absorber los diferentes riesgos a que se enfrentan las entidades, como el de impago de los créditos, el derivado de las variaciones en la cotización y en el tipo de interés de sus inversiones en bonos y acciones, así como su exposición al tipo de cambio por la variación de las divisas.

Es por esta razón que las principales instituciones europeas y mundiales han venido reforzando la supervisión y la normativa del sector bancario, para evitar una posible quiebra o liquidación de estos grupos bancarios, que afectarían inevitablemente a los mercados financieros mundiales. Las principales medidas adoptadas por estas instituciones, durante este periodo han consistido en:

1) Una mejora substancial en los instrumentos de supervisión, que además de evaluar a las entidades de forma individualizada y específica en su ámbito local, también son evaluadas respecto a los riesgos que estas puedan ocasionar en el sistema financiero global, tal como ocurrió con la quiebra del Lehman Brothers. De acuerdo a este criterio, el Consejo de Estabilidad Financiera, como organismo de ámbito global, ha diferenciado a una serie de entidades llamadas “sistémicas” cuyo tamaño es demasiado grande para dejarlas caer, por su posible repercusión a nivel mundial, entre las que figura únicamente el Banco de Santander. Dichas entidades deben contar con un esquema de recursos suficientes (TLAC-Total Loss Absorbing Capacity), para poder proceder a su inmediata recapitalización en caso de resolución, y evitar su rescate por parte de los estados.

2) Creación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en 2014, donde todas las entidades de la UEM están supervisadas bajo un mismo código normativo. Esta supervisión está centralizada en el Banco Central Europeo (BCE), quien distingue a las entidades entre “significativas” y “no significativas”, siendo las primeras aquellas que por razones de tamaño y/o por haber recibido ayudas públicas, entre las que figuran la mayoría de los grupos bancarios de nuestro país, incluido el Banco de Santander, es el propio BCE quien realiza directamente las funciones de supervisión (solvencia, liquidez, morosidad y gobernanza de las entidades). Mientras que las “no significativas”, de menor tamaño, pero muy activas en su ámbito local o regional, siguen siendo supervisadas por el Banco de España, pero en coordinación con el BCE.

3) Una mayor exigencia de recursos propios que tienen que mantener las entidades en función de los activos en riesgo que figuren en su balance. Así las entidades que asuman más riesgo, aumentando su cartera de créditos con productos poco garantizados o con clientes con baja capacidad de pago, deberán aumentar considerablemente sus recursos propios, para poder absorber las posibles pérdidas derivadas de estos riesgos. Estas medidas regulatorias están sustentadas en los acuerdos de Basilea III, cuya aplicación progresiva finaliza este 2019, los cuales además de imponer una mayor exigencia de recursos propios, también requieren que estos sean de primera calidad, es decir: el capital desembolsado por los accionistas y las reservas acumuladas por los beneficios no repartidos.

En este escenario, solo existen dos opciones, o crecer en tamaño para ser competitivo o reducir al máximo su estructura y dimensión para apostar por un ámbito muy local. Esto ha propiciado la concentración de las entidades en unos pocos grupos bancarios. En el caso de las Cajas el proceso ha sido más traumático, ante la imposibilidad de realizar ampliaciones de capital, ya que carecen de accionistas y por estatutos únicamente pueden reforzar sus recursos propios a través de las reservas generadas por los beneficios, o a través de los polémicos productos “híbridos”, que son emisiones destinadas a captar fondos de los clientes (deuda subordinada o participaciones preferentes) que se pueden computar como recursos propios, pero con la salvaguarda de que el cliente puede perder parte del capital de estos títulos en caso de liquidación de la entidad, tal como ocurrió en ciertas entidades que fueron rescatadas durante la crisis financiera, y muy recientemente para los bonistas del Banco Popular. Esta dificultad para poder reforzar sus capitales, al margen de estar gestionadas por equipos directivos poco profesionales en algunas entidades y una excesiva exposición al sector inmobiliario, ha conllevado la práctica desaparición del modelo de Cajas de Ahorro, que antaño ha contado con entidades de éxito y con una vocación social innegable, que aún es vigente en algunos países de la Unión Europea.

En el marco de la futura Unión Bancaria Europea, con una economía y un euro relativamente débil respecto del dólar, creo que el proceso de concentración bancario aún no ha finalizado, y habrá futuras fusiones entre entidades tanto nacionales como internacionales, y continuará el cierre de sucursales sustituidas por unas de más tamaño y con más servicios, tal como vienen citando los últimos estudios e informes de Estabilidad Financiera publicados por el Banco de España y otros organismos internacionales.

4) Un progresivo saneamiento de la morosidad, la cual alcanzó cuotas preocupantes durante la reciente crisis, así como una menor exposición al sector inmobiliario. En este sentido ya en 2012 se adoptaron unas importantes medidas de saneamiento y exposición al sector inmobiliario (RDL 2/2012 y ley 8/2012) que contemplaba unos mayores requerimientos de provisiones y capitales adicionales para cubrir el fuerte deterioro de los balances bancarios, por la actividad de promoción inmobiliaria. También se procedió a la creación de una sociedad para la gestión de activos, SAREB, vulgarmente conocido como el “banco malo”, para el traspaso obligatorio de la mayoría de activos adjudicados por entidades con dificultades financieras.

5) Impulso definitivo de las provisiones anticíclicas (genéricas), que son una estimación anticipada de los deterioros por un probable impago futuro, que pueda tener una operación crediticia desde el momento de su formalización. Es decir, ya no se espera que la operación resulte impagada para realizar la correspondiente provisión por insolvencia, sino que de forma anticipada se realiza una provisión estimada para cubrir un porcentaje de la cartera de operaciones crediticias de características similares, en cuanto al producto y el perfil crediticio del cliente. Así, durante las épocas de bonanza, ya se empieza a provisionar un porcentaje del importe de los créditos que en el momento del impago (más abundante en las épocas de crisis) supondrá un menor esfuerzo económico para las entidades, que solo tendrán que provisionar el resto del importe de la deuda.

Son numerosos los esfuerzos que ha realizado el Banco de España y el BCE, a través de diversas circulares normativas (BE 4-2017 actualmente vigente) en este sentido, a las cuales se ha sumado la entrada en vigor en 2018 de la norma internacional de contabilidad NIIF 9 que también opta por este criterio anticipatorio.

6) Entrada en vigor de las directivas sobre Mercados de Instrumentos Financieros, MIFID I y MIFID II, esta última en 2018, que aporta una mayor transparencia y seguridad para el inversor en la comercialización de los diferentes productos bancarios. De forma que productos que antes se comercializaban con criterios de ahorro tradicionales, tales como los depósitos estructurados, participaciones preferentes y bonos subordinados, pasan a ser productos complejos no idóneos para determinados clientes.

7) Entrada en vigor en 2016 del Mecanismo Único de Resolución (MUR), que constituye el segundo pilar de la unión bancaria europea y tiene por función la reestructuración y la resolución ordenada de las entidades de crédito, cuya directiva (BRRD) establece que los estados miembros deben asegurar que las entidades de su ámbito, elaboran y mantienen actualizado un plan de recuperación propio (recovery plan) mediante un esquema de medidas de recapitalización interna (bail-in) que eviten su rescate.

Esta directiva también establece unos mecanismos para la resolución y liquidación ordenada de las entidades. Llegado el caso de una crisis de liquidez o solvencia en una entidad de crédito para la cual se prevea su incapacidad en resolverla con sus propios medios, se activará de forma inmediata un protocolo (bail-out) de actuación, coordinado por la Junta Única de Resolución (JER), junto con el BCE en su calidad de supervisión y el FROB (fondo de reestructuración y ordenación del sector bancario) como ejecutor final de las medidas de resolución. La finalidad de este mecanismo es evitar el rescate bancario por parte de los estados miembros, siendo primero los accionistas de la entidad y los bonistas subordinados quienes tendrán que soportar las pérdidas. Se da la circunstancia de que la primera y única operación realizada por el MUR ha sido la liquidación y venta del Banco Popular.

Con anterioridad a la entrada en vigor de este mecanismo europeo ha venido siendo el FROB la institución sobre la que ha pivotado la instrumentación del apoyo financiero necesario, junto con la asistencia financiera solicitada al MEDE (mecanismo europeo de estabilidad), para la recapitalización y reestructuración de un conjunto significativo de entidades.

8) Evaluar periódicamente la salud de las entidades de crédito, a través de diversos test de estrés, para probar su solvencia ante hipotéticos escenarios adversos diseñados por la AEB (autoridad europea bancaria), el primero en 2010, y el más reciente en 2018, cuyos resultados han sido publicados a primeros de noviembre, y que demuestran que las principales entidades de nuestro país sometidas a este examen, han superado los requisitos exigidos por el mismo, si bien el propio BCE recomienda al BBVA y Banco de Sabadell un mayor esfuerzo para elevar su capital.

9) Finalmente cabe resaltar la imprescindible actuación del BCE, en mi opinión el gran actor en la gestión de la crisis a través de su política monetaria, que sin sus medidas hoy estaríamos hablando más de liquidación que de transformación del sector bancario.

El BCE, ante la grave perturbación de liquidez y desconfianza que ha supuesto la reciente crisis, ha venido realizando inyecciones masivas de liquidez, de forma que gran parte de las operaciones que antes se hacían directamente entre los intermediarios financieros pasaron a estar integradas en el propio balance del BCE, puesto que las entidades excedentarias de liquidez optaron por depositarla en el propio BCE en vez de prestarla a un tercero, debido a los altos niveles de endeudamiento de los particulares y empresas de nuestro país así como los volúmenes de morosidad existentes. Por otra parte, dentro de su programa “Quantitative Easing” (relajación cuantitativa) ha venido flexibilizando los criterios para proporcionar esta liquidez, en primer lugar con una importante bajada del tipo de interés, junto con compras masivas de bonos, principalmente públicos, en el mercado secundario con el fin de incidir en los tipos de interés de estos instrumentos y por tanto también en sus rendimientos, a la vez que también ampliaba la gama de productos colaterales aceptados en garantía de estas inyecciones de liquidez. A pesar que se ha anunciado la finalización progresiva de este programa de relajación cuantitativa, creo que este se alargará en el tiempo, atendiendo al actual contexto de la UE, con una banca italiana y griega en situación crítica, así como la gran volatilidad que muestran las cotizaciones de las acciones de nuestras entidades financieras, ante ciertos riesgos contingentes, tales como las cláusulas suelo, el impuesto de actos jurídicos documentarios y la futura ley hipotecaria.

Indudablemente, todas estas medidas han comportado un sector bancario más solvente, más digitalizado (la banca española es una de las más avanzadas de Europa), una mayor profesionalidad de los Consejos de Administración de las entidades, una mayor transparencia y seguridad en la comercialización de productos financieros, un progresivo desapalancamiento, una menor exposición al sector inmobiliario, una progresiva disminución de la morosidad, así como una buena recuperación en la concesión de crédito solvente.