Como sindicalista, entiendes que la negociación es la mejor herramienta para el acuerdo”

Chakir el Homrani llegó al cargo de conseller del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya hace medio año, el pasado 19 de mayo. Una posición que le va como anillo al dedo a este sociólogo, hijo de inmigrantes marroquíes, antiguo secretario de organización de la rama juvenil de la UGT en Cataluña y militante de Esquerra Republicana desde 2004. En la pasada legislatura fue uno de los redactores de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de ser el portavoz del grupo de Junts pel Sí en la comisión de Trabajo. El nuevo conseller nos ha avanzado las líneas maestras de actuación del departamento que dirige, tras la parálisis que supuso la aplicación del artículo 155.

¿Qué balance hace de esta primera etapa en el cargo?

Es un periodo muy corto para hacer balance, y más si tenemos en cuenta la situación de absoluta anormalidad generada con el 155. Tras esta situación excepcional, ha sido complicado volver a poner en marcha la Administración. Constatamos que había pagos atrasados y proyectos paralizados, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación de la que no se había podido desarrollar el reglamento correspondiente. Durante estos meses, nos hemos dedicado a poner al día estos pagos y proyectos, además de marcar líneas de actuación y hacer frente a situaciones de emergencia muy complejas, como la llegada de adolescentes inmigrantes sin referentes familiares. No estamos descontentos con el trabajo realizado desde el pasado mes de mayo, pero aún es muy pronto para hacer una valoración.

Catalán, de ascendencia marroquí, pasó su infancia y juventud entre el barrio del Baixador de Vallvidrera y el de Can Balsa, en Granollers. ¿En qué medida cree usted que condiciona su procedencia y biografía la visión que tiene de Cataluña?

Creo que me definen muchas cosas. Por ejemplo, el origen de mis padres, el barrio donde nací y crecí y aquel en el que vivo ahora en Granollers. Buena parte de mi biografía habla de mí y de cómo veo y entiendo la sociedad. ¿Me condiciona? No. Simplemente, intento explicar, de forma honesta, cómo miro y desde dónde a la sociedad catalana. Me siento orgulloso de tener una identidad múltiple que espero nadie reduzca a un solo elemento. Y que hace que mire la sociedad de una manera determinada.

Licenciado en sociología, antiguo sindicalista y concejal del Ayuntamiento de Granollers por la lista de ERC. A mediados del mes de junio renunciaba a su acta de diputado de ERC para centrar sus esfuerzos en su nuevo puesto dentro del gobierno catalán. Sin duda, una carrera meteórica con solo 39 años.

Voy a ser muy sincero y honesto. Si hace siete u ocho meses me hubiesen dicho que actualmente sería conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias no me lo hubiese creído. Es cierto que me define mucho mi trayectoria sindical, pero posteriormente tuve la oportunidad de ser diputado y concejal. Sin embargo, nunca me había planteado el cargo de conseller. A partir de aquí es complicado asumir esta responsabilidad, pero lo haces con ganas de trabajar. Crees que es la mejor manera de ayudar, en una situación complicada, a la sociedad catalana. De apoyar a los amigos y amigas, a los compañeros y compañeras que están sufriendo la represión en primera persona y sacar adelante el modelo de sociedad que defiendo, de manera personal y colectiva, como miembro de ERC.

¿Qué puede ofrecer su experiencia como sindicalista al cargo que ocupa?

Creo que sirve de ayuda, sobre todo dentro de la UGT de Catalunya. Es una organización muy plural que te convierte en una persona dispuesta a dialogar y comprender que los proyectos colectivos deben ser amplios para sumar a mucha gente. Después, como sindicalista, entiendes que es necesario buscar el mínimo común denominador para llegar a un acuerdo. Y aprendes que la negociación es la mejor herramienta para ello.

¿Cuáles han sido sus medidas como conseller?

Nuestro objetivo central es apoderar a las personas a lo largo de todo su ciclo vital y situarlas en el centro de las políticas sociales y laborales. Este será el denominador común en todas las líneas de esta legislatura. Estos primeros meses hemos puesto en marcha el despliegue de la Ley Renta Garantizada de Ciudadanía –quiero recordar que la puso en marcha la consellera Dolors Bassa–, y recientemente hemos presentado las políticas activas de ocupación que beneficiarán a cerca de 240.000 personas en lo que queda de año. Además, estamos trabajando intensamente en la atención de jóvenes inmigrantes sin referentes familiares. Al mismo tiempo, queremos seguir profundizando en el ámbito de la prevención, fortaleciendo los servicios sociales básicos y de base comunitaria, luchando contra la brecha salarial y garantizando que las personas puedan envejecer cerca de su casa.

De todos los ámbitos competencia de su departamento, ¿cuáles se han visto más afectados tras la aplicación del 155?

La aplicación del 155 paralizó durante siete meses buena parte de la actividad de la Generalitat y del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Además, ha provocado un retraso en proyectos clave para las personas como, por ejemplo, el reglamento de la Renta Garantizada. El 155 ha implicado retrasos en los pagos de compromisos a entidades del tercer sector y a proyectos que afectan directamente a las personas. Una parte importante precisamente del trabajo que hemos hecho durante el primer mes y medio de legislatura ha sido poner al día todos los proyectos paralizados, como firmar contratos de servicios sociales por un volumen de 800 millones de euros o desbloquear el presupuesto del Servicio de Ocupación. No obstante, hemos conseguido cumplir con los compromisos del país gracias al sobreesfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del Departament. Pero también de las entidades del tercer sector, los ayuntamientos y los consejos comarcales, que han hecho muchos sacrificios para salir adelante. Si hemos evitado que el 155 produjera padecimiento a las personas, ha sido gracias a este sobreesfuerzo compartido.

Básicamente, ¿dónde piensa invertir más recursos el nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya?

Además de apoderar a las personas durante todo su ciclo vital, queremos romper con un sistema de protección social orientado exclusivamente a colectivos concretos. Nuestro objetivo es evitar que un cambio en la situación de una persona signifique quedar fuera del circuito de protección a la espera de entrar en otro. Los servicios deben asistir de manera continua, sin vacíos en las intervenciones sociales e integrales. Y eso significa que hemos de integrar a los servicios sociales, ocupacionales y sanitarios dentro de este sistema de protección. Y es aquí donde debemos invertir nuestros esfuerzos, así como impulsar y reforzar todos aquellos aspectos que contribuyan a la prevención de situaciones de riesgo.

Respecto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, ¿qué queda pendiente?

Estamos avanzando en el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía, aprobada hace apenas un año con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. La RGC supone el establecimiento de un nuevo derecho social que mejora los niveles de ingresos de las personas más vulnerables y también la empleabilidad de los parados de larga duración. Se trata de una prestación cuyo objetivo es apoderar a las personas, evitar situaciones de cronificación y favorecer su reinserción en el mercado laboral. Según los últimos datos disponibles, la prestación beneficia a más de 26.200 familias (67.350 beneficiarios), así como a 45.042 pensionistas y beneficiarios de prestaciones estatales con las rentas más bajas. En total, más de 112.000 personas entre titulares y beneficiarios. Al mismo tiempo, también estamos impulsando programas de soporte a la inserción al mercado laboral de las personas perceptoras de la RGC. Aunque el umbral de la RGC se sitúa ahora en 564 euros, este se incrementará cada año. Por lo tanto, alcanzará los 684 euros dentro de dos años, acorde con un incremento superior al previsto del coste de la vida. Ello hará que se amplíe el universo de cobertura y que la RGC sea una de las principales prestaciones del país. También estamos trabajando para aprobar lo más rápido posible el decreto de creación de la Comisión de seguimiento, que había quedado paralizado debido al 155, y el reglamento que desplegará aspectos ya previstos en la Ley y que mejorará la protección de los colectivos más vulnerables.

Uno de los temas más sensibles es el riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente entre el colectivo infantil pues afecta a 370.000 niños y niñas en Cataluña, según Unicef. ¿Cuáles son las causas?

Es evidente que una situación de paro afecta a todos los miembros de la familia, especialmente a los más pequeños. Además, hoy en día existen nuevos conceptos de pobreza como la energética o la habitacional, que forman parte de la sociedad post crisis. Cuando el mercado laboral ofrece menos oportunidades, los problemas sociales clásicos se incrementan y muchas familias sufren. Pero también las personas mayores, que se jubilan con pensiones que en muchos casos no les garantizan quedar fuera del umbral de pobreza, o los jóvenes, que tienen más riesgo de estar en situación de paro y precarización. En este sentido, quiero hacer notar que la suspensión de leyes por parte del Tribunal Constitucional destinadas precisamente a combatir estas desigualdades como por ejemplo la ley contra la pobreza energética o habitacional –solo por nombrar alguna de las 47 suspendidas– nos dejan sin instrumentos legislativos para poder hacer frente a las necesidades sociales de los catalanes. En cualquier caso, es verdad que los niños y los adolescentes son el colectivo que históricamente menos atención ha recibido por parte de los poderes públicos. Para revertir esta situación, diseñaremos un plan de inversión que acerque Cataluña a los niveles europeos de gasto en políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia. Y pondremos un énfasis especial en las políticas de prevención, atención y rehabilitación para familias en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia.

Recientemente, ha asegurado que pretenden retomar la ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social, en suspenso por el Tribunal Constitucional. En general, ¿qué supondría la puesta en marcha de este organismo?

Cuando hablamos de apoderar a las personas, también nos referimos a no condenarlas a circuitos administrativos interminables y complicados. Apoderar supone también reducir los tiempos de gestión y ofrecer una atención más personalizada. En este sentido la creación de la Agencia Catalana de Protección Social es una pieza clave. Su implementación nos permitirá disponer de un instrumento de gestión integral de la protección social y ganar en eficacia y eficiencia administrativa. La puesta en marcha de la Agencia Catalana de Protección Social requerirá la implantación de un nuevo sistema de información y trabajar para la transformación digital de la protección social. Todo esto permitirá eliminar muchos trámites y limitar los procesos de interacción que deberá hacer el ciudadano a la mera fase de entrega de documentación. Se reducirán los tiempos de espera y se potenciará la tramitación electrónica. Estoy convencido de que su creación será una palanca de cambio muy importante para conseguir la transformación de la gestión de la protección social en Cataluña. La Agencia Catalana de Protección Social, como casi todos los proyectos del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, la impulsaremos aprovechando la fuerza de nuestro entorno social y de las instituciones locales. Para ello crearemos un Consell de Govern donde estén representados sindicatos, ayuntamientos, patronales y entidades del tercer sector.

¿Cuáles van a ser las líneas maestras del departamento que dirige en trabajo y ocupación?

Una de nuestras prioridades es mejorar la calidad del mundo laboral. Una mejora que implica mejores sueldos y condiciones laborales, más productividad o una trayectoria profesional de mayor calidad. En este sentido trabajaremos para revertir las situaciones de fraude con una campaña de inspección que iniciará 1.800 expedientes este año. Además, seguiremos impulsando políticas de ocupación juvenil mediante proyectos como los programas Noves Oportunitats, o Singulars, y la creación de la figura del Referent d’Ocupació Juvenil y apoyaremos la inserción laboral de las personas con discapacidad. También mejoraremos la empleabilidad de las personas mayores de 30 años en paro a través de programas específicos como el 30 Plus, entre otras muchas medidas. En el mundo laboral apostamos por la concertación social y territorial en el ámbito de las relaciones laborales. Profundizaremos en la cultura de la prevención en materia de seguridad y salud laboral, y seguiremos apoyando la economía social y cooperativa. Asimismo, vamos a constituir el Consell Català del Treball Autònom para conocer mejor esta realidad, revisar la actual normativa y avanzar en la creación de un nuevo modelo de trabajo autónomo en Cataluña. Nos preocupa la brecha salarial y, en este sentido, promoveremos el Pacte Nacional per a la Lluita Efectiva contra la Desigualtat Retributiva i la Feminització de la Pobresa y elaboraremos un plan de choque con los agentes sociales para promover avances reales en la integración laboral y la calidad del trabajo de las mujeres.

¿Qué relación van a mantener con el gobierno central de Pedro Sánchez?

Nuestra intención con el Gobierno es mantener un diálogo desde una perspectiva bilateral en torno a todas las competencias del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que afectan a los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Nuestra voluntad es de diálogo absoluto en estos aspectos para así abordar muchos retos en los que el diálogo es necesario. Vamos a reunirnos, y de hecho estamos concretando reuniones bilaterales con la ministra de Trabajo, para hablar de temas como la inspección del trabajo o el marco normativo, sobre el que, desgraciadamente, ahora no tenemos competencias. Esperamos que haya cambios en este sentido, para generar ocupación, pero sobre todo de calidad. Con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hemos hablado por teléfono, aunque aún no nos hemos reunido. A día de hoy, ya hemos empezado a abordar temas como el de los adolescentes extranjeros sin referentes familiares.