“En 2010, la inversión pública en la UAB era de 219,2 millones de euros y en 2018 fue de 159,8 millones, un 27% menos”

Texto de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

La crisis económica, de cuyos efectos apenas ahora empezamos a recuperarnos, ha dejado tocados muchos de los pilares básicos de las universidades y las ha situado ante un futuro lleno de incertidumbres. Las universidades han resistido, en cierta medida, el golpe provocado por la crisis, no obstante, en estos momentos han llegado a una situación límite de la que se puede, si nos ayudan, salir airosos o si no desaparecer del mapa internacional de la calidad e innovación docente e investigadora. Y esta situación obliga, a los gobiernos, parlamentos, empresarios y ciudadanía en general, a abordar en profundidad la búsqueda de una solución urgente al problema, ya que, como destaca P. Altbach, director del Center for International Higher Education (Boston College), “las sociedades que ignoran las múltiples finalidades y funciones que tiene la universidad serán muy débiles, ya que estas son motores de la economía del conocimiento y están al servicio de los objetivos humanistas y culturales y de los individuos”.

En este contexto, hay que destacar el papel de las universidades como instituciones que generan y transfieren conocimiento y que han sido capaces de aportar la mayoría de los descubrimientos científicos que han permitido a la sociedad dar pasos de gigante en el avance de las humanidades, las ciencias sociales, experimentales y de la salud. Asimismo, datos recientes demuestran como en Catalunya, cada euro invertido en nuestras universidades ha revertido en más de un 4% de su producto interior bruto. Delante de estas evidencias, nuestra sociedad no puede abdicar de sus universidades, renunciando a que estas sigan siendo un motor de la transformación social del futuro de nuestra sociedad.

Hoy la accesibilidad de los ciudadanos a la universidad en los países desarrollados es muy alta. En nuestro país más de un 41% de los ciudadanos logran un título universitario, cifra que supera la media de la UE (36%). También los graduados universitarios, a pesar de la crisis, obtienen mejores resultados en el mercado de trabajo que el resto de colectivos, tanto en tasa de ocupación, como en salarios.

La situación financiera del país en estos últimos años ha provocado una descapitalización tan importante que hoy nuestras universidades tienen muchas dificultades para ser académicamente competitivas: envejecimiento de las plantillas, imposibilidad de retener y captar talento, deterioro de las instalaciones, falta de inversión en tecnologías para la investigación y la docencia… y, aun así, la universidad catalana ha conseguido mantenerse en los primeros lugares de los ránquines nacionales e internacionales. Por ejemplo, la UAB está situada en la primera posición del ránking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y ha ascendido a la posición 145 en la edición de este año del Times Higher Education World University Ranking, mejorando dos posiciones respecto al año pasado.

Pero mantener estos estándares de calidad, sin una financiación adecuada, es hoy claramente imposible, y así lo hemos señalado repetidamente las universidades catalanas en estos últimos meses. Es urgente que desde el Gobierno de la Generalitat se adopten medidas para garantizar un sistema de financiación universitaria suficiente que nos permita alcanzar los retos que las nuevas tecnologías, la sostenibilidad económico-social, el medio ambiente, la salud de los ciudadanos… requieren. Además, hay que señalar que la financiación de la universidad catalana es significativamente inferior a muchas de las universidades españolas y de nuestras homologas competidoras internacionales. La financiación de la Generalitat supone en el caso de la UAB un 51% del total del presupuesto de la universidad. Las matrículas de los estudiantes cubren otro 26% y el resto la universidad lo obtiene mayoritariamente de los proyectos de investigación públicos y privados y de los servicios que presta a entidades públicas y privadas. En 2010, la inversión pública en la UAB era de 219,2 millones de euros y en 2018 fue de 159,8 millones, un 27% menos.

La evolución del presupuesto total de las universidades públicas sufrió un descalabro en 2011, que supuso una pérdida aproximada de un 25% (pasando de 920 millones a unos 690) y hoy 9 años después no lo hemos recuperado.

Universidades de países europeos con una población semejante a la de Catalunya y con universidades de tamaños semejantes a la UAB o UPC cuentan hoy con presupuestos 2-3 veces mayores que los nuestros. Catalunya destina un 0,4% del PIB a la enseñanza universitaria y España una media de 0,6%. La OCDE apunta que lo correcto sería llegar a un 2% aunque es verdad que poquísimos países hoy alcanzan estas cifras. Nos queda mucho camino por recorrer.

Por lo que respecta a la inversión estatal en I+D+i, actualmente los porcentajes respecto al PIB nacional son los más bajos de la última década. En el caso de Catalunya los ingresos totales por investigación en las universidades son del 0,7% del PIB, y otros países de tamaño semejante (Austria, Suecia, Dinamarca, Escocia y Finlandia) presentan una media de 1,57 % y la financiación pública basal alcanza, respectivamente, el 0,38% y 1,01% del PIB. Estos datos ponen en evidencia la situación catastrófica de la financiación de la investigación en nuestro país.

En estas últimas décadas las universidades han sido especialmente activas en la captación de financiación pública y privada para compensar el descenso que ha supuesto la inversión del Estado y de la Generalitat. La financiación en investigación ha venido principalmente de proyectos europeos, donde, por ejemplo, la UAB ha sido en 2019 la universidad española con mayor captación de financiación procedente del programa H2020. No obstante, nos encontramos lejos de lo que éramos capaces de captar en los años de bonanza económica (aproximadamente un 25% más), motivado fundamentalmente por la significativa disminución del presupuesto disponible a nivel estatal y catalán.

La universidad ha capeado la grave crisis económica, situándose al límite de sus posibilidades, y haciendo aflorar sus mejores capacidades. Haciendo de la necesidad virtud, la universidad ha tenido que reinventarse y garantizar su supervivencia al tiempo que seguía respondiendo a los retos y necesidades, siempre nuevas y apremiantes, de una sociedad en continua evolución y transgresión de los retos tecnológicos. Se han creado nuevas titulaciones, apostando por la internacionalización, un ejemplo de esto es la participación en un proyecto piloto europeo de construcción de una Universidad Europea, junto con 10 universidades de otros tantos países europeos, implementado métodos de estudio por retos, de relación universidad-sociedad en los sistemas de aprendizaje, de transversalidad y multidisciplinariedad en los programas y con una amplia movilidad de estudiantes, profesores y personal de la administración.

Pero, como señalábamos al inicio de este artículo, la situación es insostenible, no podemos seguir estirando más de los recursos del capital humano de la institución, ni forzar sus capacidades. Es hora de que los gobiernos proporcionen la suficiencia y la estabilidad financiera que permitan a las universidades desarrollar con sostenibilidad una gestión económica a medio y largo plazo. 
Sin financiación no podemos establecer políticas eficaces para mantener y, si es el caso, mejorar los resultados docentes, de investigación y de transferencia del conocimiento, captar y retener talento, facilitar el rejuvenecimiento del personal docente e investigador y de administración y servicios, renovar infraestructuras… Elementos que permitirían a nuestras instituciones ser competitivas a nivel nacional e internacional. A la vez, nuestros gobernantes deben apostar por facilitarnos el acceso a planes de sostenibilidad financiera con los que podamos garantizar un nivel de igualdad de oportunidades y de equidad en la incorporación y seguimiento de los y las estudiantes en nuestros centros, proporcionándoles las mejores condiciones para el estudio, para su formación investigadora y para alcanzar las metas socio-académicas que cada uno de ellos, con su esfuerzo, quieran asumir.