¿Podemos seguir permitiéndonos que, por falta de oportunidades aquí, todos esos profesionales desarrollen sus carreras fuera de nuestras fronteras?

Texto de Laura Marín, consultora en comunicación especializada en estrategia y contenido digital.

“Somos una nación en que seis de nuestros científicos e investigadores acaban de obtener el Premio Nobel, y todos ellos son inmigrantes”. Con esta declaración, el expresidente estadounidense Barack Obama, después del anuncio de los premiados con este galardón en 2016, recordaba el poder de atracción de Estados Unidos para el talento: uno de los cuatro países donde cada vez viven más inmigrantes altamente cualificados del mundo.

Esos datos, extraídos del informe del Banco Mundial “Global Talent Flows”, añaden que unos 28 millones de inmigrantes altamente cualificados vivían en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2010, un aumento del 130% desde 1990. Y solo cuatro países, Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos, concentran el 70% de esos migrantes.

España queda lejos de esas cifras. Al revés, parece ser un buen proveedor de talento: entre 2007-2017 –después del estallido de la anterior crisis económica–, unos 87.000 trabajadores españoles de alta cualificación (título universitario o grado superior) se fueron, según datos del informe “EU Mobile workers” de CEPS, think tank independiente europeo. En términos generales, según datos del Gobierno de España, actualmente hay casi 2,5 millones de españoles en el extranjero, de los cuales un millón emigraron desde 2009.

Las causas de la fuga

Según el estudio del CEPS, España destaca también por un dato significativo: en la actualidad casi la mitad de los trabajadores cualificados acaban emigrando al extranjero. ¿Por qué? “¿Qué hago aquí? Los salarios son muy bajos, dan risa y no sé si pena”. Estas palabras del científico Gabriel Sanfélix-Gimeno al recoger le galardón de los Premios Jóvenes Investigadores de la Fundación AtroZeneca en 2018 nos dan alguna pista. Otra nos la pueden dar los sanitarios y especialistas, que tanta falta hacen estos días en nuestro país y que emigraron, sobre todo, a Reino Unido y Francia, donde aseguran tener más estabilidad, proyección y sueldo. Por ejemplo, centrándonos solo en el salario, un médico medio de la Unión Europea cobra 95.000 euros anuales y uno en España 53.000. Aunque pudiésemos pensar que no es un mal sueldo, las comparativas siguen siendo muy a la baja.

A los salarios, según el CEPS, se suman también motivaciones como el diferencial de desempleo respecto a otros países y la satisfacción vital, entendida como calidad de vida, de las instituciones, de los servicios públicos, etc. Pero no es solo cuestión de salarios u oportunidades, también de mentalidad: “Para mí, prima el poder tener una calidad científica y el poder desarrollarme profesionalmente y ahora mismo esas características no son factibles en España”, aseguraba Irene Sánchez Martín, quien actualmente investiga sobre gripe y coronavirus en Estados Unidos, en unas declaraciones a Antena 3. De manera similar lo describe la investigadora científica Adriana Roca en El País: “No me considero emigrante forzosa, pero, siendo realista, todo lo que he hecho en mi carrera no lo habría conseguido ni en España. Las oportunidades no son tan grandes y no es solo por los gobiernos, sino por una mentalidad hacia la ciencia que impide que esta avance. En la investigación no se sacan beneficios a corto plazo y en España eso no se entiende”, subraya Adriana.

Aunque los sanitarios y los investigadores son el grupo que más visibilidad ha tenido en los últimos meses, la fuga de talento no pasa solo en estos sectores. También hay numerosos ejemplos en economistas, ingenieros de diferentes especialidades e incluso creativos de diversas disciplinas. “Fuera de España existe una mayor meritocracia. Lo que me atrajo fue la capacidad de crecer y desarrollarme, ya que aquí las empresas e instituciones son más grandes”, explica a La Vanguardia el economista Vicente Cunat, que imparte clases en la London Schools of Economics.  “No solo me encontré aquí con sueldos con los que España no podía competir, sino también otras condiciones, como 30 días de vacaciones al año”, describe Xavi Medianero, ingeniero que se ha instalado en Múnich a desarrollar su carrera.

El coste de la formación

En España, el Real Decreto Ley 14/2012 (Art. 68), establece que las enseñanzas de grado pueden variar entre el 15% y el 25% de la prestación del servicio en la primera matrícula, por lo que la educación universitaria pública se subvenciona en al menos un 75%. En números, el coste mínimo de formar a un profesional en España en una carrera de bajo coste está alrededor de los 21.900 euros –en caso de que el alumno apruebe siempre todo a la primera–, y el máximo –en caso que el alumno lo suspendiera todo de forma sistemática– sería de unos 65.900 euros. Si a eso le sumamos una especialidad, el coste se puede incrementar por tres –por ejemplo, formar un MIR puede suponer entre 146.000 y 182.000 euros–. ¿Podemos seguir permitiéndonos que todos esos profesionales desarrollen sus carreras fuera de nuestras fronteras por falta de oportunidades en España?

Cambiar la tendencia

A pesar de los números y las dificultades, hace años que tanto desde el sector privado como desde la administración pública se buscan mecanismos para paliar esa migración de profesionales altamente cualificados. En este sentido, la Guía Laboral Hays apuntaba en enero –antes de la pandemia– que solo un 32% de las empresas teme una fuga de talento más elevada de lo habitual. Esto significa volver a los mínimos de 2015, cuando un 32% de las empresas españolas temía enfrentarse a una fuga de talento significativamente más elevada. A partir de ese momento y fruto de la recuperación económica, el temor fue creciendo de forma gradual: en 2016, fue de un 40%; en 2017, de un 43%; en 2018, de un 53% y el año pasado, de un 56%. El director de Hays Barcelona, Oscar Cebollero, considera que esta pérdida de miedo por parte de las compañías se debe a que “en los últimos años, las empresas han invertido mucho más en sus plantillas”. “Se han dado cuenta de que el mercado ha cambiado y de que, si no quieren que todo el talento marche, tienen que modificar su planteamiento e invertir en profesionales de aquí”, añade.

Por parte de la administración pública, en 2019, el Gobierno central anunció un plan de retorno del talento, con el objetivo de que los españoles que hubieran emigrado como consecuencia de la crisis en la última década, volvieran a España. Este plan estaba enfocado solo a personas con estudios superiores (universitarios o los grados altos de formación profesional), que representaban un 80% de los migrantes. El plan contaba con un presupuesto de 24 millones y 50 medidas, entre ellas la de cubrir los gastos para volver a casa: hasta 3.000 euros para cubrir el coste del billete, mudanza, traslado de animales y, en algunos casos como el de Aragón, hasta los dos primeros meses de alquiler.

Desde Volvemos.org, la plataforma puesta en marcha en 2016 por tres personas familiarizadas con el proceso migratorio y colaboradores del Plan Retorno del Gobierno, explican que el programa piloto fue desarrollado entre julio de 2019 y junio de 2020 y contó con la participación de 200 emigrantes y retornados y 56 empresas. “De los 200 participantes, en julio de 2020, momento en el que se hizo la evaluación, 58 habían retornado a España y 33 tenían fijada una fecha de regreso. Todos los participantes recibieron asesoramiento para trabajar en España por cuenta ajena o propia. En concreto, 179 estaban interesados en encontrar un empleo y 21 en emprender. Además de emigrantes y retornados, el programa piloto ha contado con la participación de 56 empresas de diferentes sectores, tamaño y localización que han publicado un total de 72 ofertas de empleo durante la duración del programa”, explican en la web. Un plan interesante, pero quizás vuelve a topar con el mismo problema: la falta de suficientes puestos de trabajo en condiciones competitivas con las que tienen esas personas en los países a los que emigraron.

En este sentido, durante la primera década de este siglo, el Gobierno central y algunas autonomías apostaron por iniciar la transformación del sistema de I+D. Así, por ejemplo, con Andreu Mas-Colell como conseller de Universitats i Recerca y más adelante con Cristina Garmendia como ministra de Ciencia e Innovación, se pusieron en marcha programas como el de Icrea, para contratar a científicos de primer nivel en Catalunya, centros de investigación que están al nivel de los mejores de Europa y el programa Severo Ochoa para apoyar la excelencia científica en España. El propio Mas-Colell, ahora catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra y presidente del Barcelona Institute of Science and Technology, recordaba en un artículo en El País otros ejemplos como el de Ramón y Cajal a nivel estatal o el Ikerbasque en Euskadi, que demuestran claramente el alto rendimiento de las políticas de atracción y retención de talento. Solo como apunte –en el despiece de este artículo nos detenemos un poco más en el ejemplo–: el 70% de la financiación levantada por startups biotecnológicas catalanas lo ha sido por aquellas que cuentan con un investigador Icrea entre sus fundadores, según datos facilitados por Biocat.

El exconseller reclama más programas como estos, pero también atraer la inversión de I+D de grandes empresas. Como ejemplo, asegura que es significativa la decisión de Repsol de construir una planta de hidrógeno verde en el puerto de Bilbao –que supondrá la inversión de 80 millones de euros–, o que aún estemos a la espera de ver si Seat apuesta por vehículos eléctricos en su planta de Martorell. ¿Pueden los fondos europeos servir para impulsar estas decisiones?

El plan europeo

La crisis económica derivada de la pandemia ha provocado una situación extrema y, en consecuencia, la decisión inédita de dotar a la Unión Europea de un presupuesto conjunto extraordinario de 750.000 millones de euros. Este dinero supone una inyección extra que se engloba dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo, también conocido como ‘Next Generation EU’. De ese presupuesto, 140.000 millones serán para España. El objetivo de los fondos europeos no es solo apoyar la economía con ayudas, sino contribuir a su transformación hacia una economía verde y digital. Y esto es una oportunidad única para España, no solo para realizar inversiones que propicien un aumento de la productividad a medio plazo, sino de hacerlo en sectores estratégicos de futuro.

¿Por qué es una oportunidad para transformar la economía española, aunque parta de una posición de desventaja? Un informe de BNP Paribas lo analiza desde dos puntos y Martin Currie, filial de renta variable de Legg Mason, le añade un tercero:

– El sector de las energías renovables: el liderazgo de España en este sector podría representar una fuente significativa de empleo para el país. La industria de la energía solar podría generar 1,73 millones de empleos en Europa, lo que equivale a casi la mitad de los nuevos empleos en todo el sector de energía renovable en la región.

– Digitalización: el índice de digitalización de la economía y la sociedad sitúa a España por encima de la media europea. BNP pone como ejemplo el sector fintech, que en España cuenta con más de 224 empresas, según el informe de estabilidad financiera del Banco de España.

– Posición estratégica: como puerta de Latinoamérica y África y el espacio físico que da potencial a la energía solar (3.000 horas de sol anuales).

En definitiva, estos fondos europeos pueden suponer el empuje que nos hace falta para apostar realmente por una nueva economía más social y medioambientalmente responsable, además de impulsar modelos de negocio más innovadores. En nuestro país, históricamente se ha trabajado mucho en sectores como el turismo o la construcción, pero necesitamos cambiar esa tendencia y apostar por otros más estratégicos y tecnológicos. Son una oportunidad para no reconstruir sobre lo mismo que teníamos, sino aprovechar para cambiar y modernizar modelos. Debemos apostar más por sectores tecnológicos y empresas que generen puestos de trabajo de calidad. La voluntad parece que existe, ahora solo falta ver en qué se materializan estos propósitos de transformación.

Icrea, una apuesta por la retención del mejor talento

“Investigadores del Icrea lideran un centenar de proyectos sobre la pandemia” (Infosalus); “Desarrollan sensores fluorescentes para estudiar cómo los tumores generan metástasis” (La Vanguardia); “Unos 60 investigadores catalanes lideran estudios sobre la Covid-19” (EFE); “Investigadors catalans identifiquen mecanismes clau de la immunitat cel·lular” (Ara); “El investigador Manel Esteller, entre los 500 ‘más influyentes’ del mundo según el CSIC” (Europa Press). Y así podríamos recoger centenares de titulares en los que los protagonistas tienen o han tenido vinculación con Icrea, Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados.

Esta fundación, financiada por el gobierno catalán, nació en 2001 como respuesta a la necesidad de nuevas fórmulas de contratación que permitieran competir en igualdad de condiciones con otros sistemas de investigación, orientándose a la contratación del personal científico y académico más extraordinario y de mayor talento.

El modelo de Icrea sigue el de otros centros europeos de éxito, como el del Laboratorio de Biología Molecular (EMBL) alemán: los científicos candidatos a obtener una plaza de profesor de investigación Icrea se presentan a la convocatoria de la mano de la institución que quiere acogerlos. Este proceso de selección está orientado en exclusiva a la excelencia en la investigación, de manera que no se establece ningún tipo de cuotas, ni por nacionalidades ni especialidades ni instituciones.

Actualmente, cuenta con 266 investigadores de todos los campos del conocimiento, desde filosofía hasta astrofísica, que llevan a cabo sus investigaciones en 48 universidades e instituciones de investigación en Catalunya. En 2019, hasta 9 profesores de investigación Icrea se han clasificado entre el 1% de los académicos más citados del mundo.

Esta apuesta hizo que Barcelona fuera reconocidas en 2017 por la Nature como una de las capitales científicas emergentes de Europa. Se había “creado un conjunto de centros de alto nivel y una agencia (la institución Icrea) que ficha y paga los salarios de científicos top, que pueden elegir el instituto o universidad catalana donde van a trabajar”, señalaba la revista en su editorial.

No obstante, tres años después, hay quien apunta que la Barcelona que atraía talento científico muestra signos de estancamiento, provocadas por la falta de presupuesto y una regulación pública demasiado rígida para unas instituciones que necesitan agilidad y autonomía para competir a escala internacional. No obstante, pese a las dificultades, en Catalunya se ha desarrollado en los últimos años un tejido dinámico de pequeñas empresas innovadoras que cuenta con más de 1.500 startups y en el que trabajan más de 15.000 personas.

Algunas de ellas tienen capacidad para atraer inversiones notables, como la recientemente creada Ona Therapeutics, una spin-off del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona y de Icrea que ha captado 30 millones de euros en su primera ronda de financiación para desarrollar un tratamiento contra las metástasis. ¿Nos permitiremos el lujo de dejar de apostar por programas como el de Icrea?