La pandemia ha acentuado las asimetrías que tensionan el Estado de Bienestar y ha puesto en evidencia que el contrato social no se ajusta a las necesidades actuales.

Texto de Daniela Tudela

Parecería que se vislumbra esperanza y prosperidad en el panorama económico español. El Producto Interior Bruto de España ha crecido un 2,8% en el segundo trimestre del año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una recuperación económica “sólida”, así lo dice la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Además, el desempleo ha caído un 5,47% en julio, lo que supone la mayor caída en cualquier mes de la serie histórica, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cifras que se aproximan a tiempos pre pandémicos y que generan ilusión después de una fuerte recesión económica. Pero la crisis ya era profunda antes de la llegada del coronavirus. Y el sabor aún es amargo.

Trabajos precarios, salarios bajos, desempleo estructural, contratación temporal, tasas de pobreza persistentes. Falta de progreso social y desigualdad arraigada. Son solo algunos de los síntomas que evidencian la existencia de un problema mayor.

Cambiar las reglas

“Un nuevo contrato social es imperativo, el actual es insuficiente”, sentencia el profesor de economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Lladós. Este término utilizado en ramas como la filosofía, la política y la economía, consiste básicamente en el acuerdo que sostienen los miembros de un Estado, mediante el cual establecen sus derechos y deberes. Desde una óptica económica, vendrían a ser las reglas de juego, traducidas en las políticas públicas que determinan el modelo económico de un país.

Estos acuerdos “deben responder a las necesidades del pueblo”, afirma el vicepresidente segundo de la Comunitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau. Pero esas necesidades cambian con el transcurso del tiempo. Sin ir más lejos, hace algunos años las mujeres no podían votar ni acceder a la educación. Situaciones inimaginables del pasado, hoy son indispensables. Para los especialistas estos convenios deberían ser esencialmente mutables. Pero han pasado varias décadas desde su última reestructuración.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se pretendía garantizar la igualdad de oportunidades y erradicar la pobreza. Para esto, muchos países europeos optaron por el Estado de Bienestar. Un sistema de organización político, económico y social basado en la redistribución de la riqueza para asegurar servicios como la educación y la sanidad.

Con este contrato social de posguerra “la desigualdad se redujo, la economía suministró puestos de trabajo estables y salarios decentes”, afirma Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, en su artículo denominado: Un nuevo contrato social post pandémico. El papel de la economía social.

El Estado de Bienestar ha servido de “ascensor social”, dice Josep Lladós. “Durante años ha creado la clase media e incluso la ha enriquecido”. Pero en el siglo XXI ha dejado de generar igualdad de oportunidades y progreso social.

Punto de inflexión

“Antes del coronavirus el problema distributivo era agudo”, dice Lladós. La COVID-19 ha abierto el telón y revelado las deficiencias del sistema. No solo ha dejado tantos decesos en el mundo como 50 bombardeos iguales a los de Hiroshima y Nagasaki de 1945, o más de mil ataques terroristas como el de septiembre de 2001 en Estados Unidos y aproximadamente 250.000 atentados como los de Barcelona en 2017. También ha acentuado las desigualdades que existían antes de la pandemia.

En España, les ha costado el empleo a 600.000 personas, según datos del INE. Le ha recordado a la sociedad la fragilidad de la vida y la importancia de la salud. La necesidad de un Estado de Bienestar sólido, que pueda responder ante estas eventualidades, inimaginables, pero reales al fin. En definitiva, la pandemia ha dejado en evidencia que el contrato social no se ajusta a las necesidades actuales.

Pero el coronavirus podría suponer un punto de inflexión, un catalizador de cambios y la oportunidad de resiliencia. Es una tragedia humana, “pero también ha creado la posibilidad de construir un mundo más inclusivo y sostenible”, asegura el secretario general de la ONU, António Guterres.

Para los expertos, la solución que garantiza la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad en términos medioambientales radica en la creación de un nuevo contrato social.

“El nuevo contrato social entre los Gobiernos, las personas, la sociedad civil, las empresas y más, deberá integrar el empleo, el desarrollo sostenible y la protección social, sobre la base de la igualdad de derechos y oportunidades para todos”, dice Guterres.

Empezar por la educación

La revolución digital ha incrementado la riqueza en el mundo, pero también ha acentuado las asimetrías que tensionan el Estado de Bienestar. Hoy quienes buscan empleo deberán afrontar nuevas tecnologías y la automatización. Se topan con un mercado laboral intrínsecamente competitivo. Como Macarena V., una abogada de 29 años, especializada en derecho laboral. Quien, con su experiencia y sus títulos bajo el brazo, no encontró otra opción que atender un restaurante de comida rápida en Barcelona, donde cobraba siete euros la hora. Finalmente, la pandemia la dejó sin trabajo.

No todos los candidatos arrancan desde el mismo punto de partida. Solo los más cualificados podrán acceder a un empleo con mejores condiciones. El resto tendrá menores oportunidades de encontrar empleo, se enfrentará con salarios bajos y la precariedad. Como Julia D. de 27 años que no ha terminado sus estudios y, a pesar de tener sus papeles en regla, trabaja en “negro” en un bar por ocho euros la hora.

“El mercado laboral tiene un sesgo en contra de las personas con menor formación”, dice Lladós. Macarena y Julia reflejan la temporalidad, parcialidad y precariedad del sistema actual. Según los datos del INE, el 66% de los nuevos empleos de 2021 son temporales, y el 40% los ocupan personas sobrecualificadas.

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, afirmó Nelson Mandela. En la misma línea, Lladós cree que se necesita invertir más en educación. En todos los sentidos. También debe formarse en el lugar de trabajo para estar al día de los cambios tecnológicos. “El nuevo contrato social deberá adecuarse a la revolución digital.”

Fraude y desigualdad

Los impuestos otorgan a los países la capacidad de redistribuir la riqueza y luchar contra las desigualdades estructurales. Para Lladós, “el bienestar de un Estado dependerá, en gran parte, de la efectividad de la recaudación”. Por eso, la evasión y la elusión fiscal deterioran el Estado de Bienestar y atentan contra el desarrollo de todo el planeta. El informe del Estado de la Justicia Fiscal de 2020, elaborado por Tax Justice Network (TJN), denuncia que el mundo pierde más de 364.000 millones de euros en impuestos al año a causa del abuso fiscal internacional. Una cifra que supone 26 veces las reservas de oro del Banco de España. Y que solo abarca la cuantía desviada en paraísos fiscales. Si se hablase del fraude fiscal absoluto el monto sería exponencialmente más grande.

La pandemia también ha revelado que un sistema fiscal eficiente es crucial. En efecto, una mayor recaudación genera mayores recursos para distribuir e invertir en sanidad, por ejemplo. España pierde solo por abuso fiscal internacional anualmente lo que podría representar el 5% del presupuesto sanitario del país o el equivalente a 107.000 salarios anuales de enfermería.

Según el informe de TJN existe la necesidad de reprogramar el sistema fiscal mundial para evitar que se eludan las responsabilidades tributarias en paraísos fiscales. Por su parte, Guterres propone a los gobiernos gravar las emisiones de carbono, en lugar de gravar a las personas. Un hecho que “aumentará la producción y el empleo, y al mismo tiempo reducirá las emisiones”.

Debe ser verde

Mientras en España los poderosos evaden impuestos, los jóvenes no encuentran empleo y hay cada vez más pobreza, la crisis climática está azotando el planeta. Porque otra deficiencia del contrato social es la ausencia de sostenibilidad medioambiental. En las últimas semanas se han registrado olas de calor sin precedentes en diferentes países. A su vez, los incendios forestales alrededor del mundo no dan tregua. Millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Las pérdidas materiales y ecológicas son incalculables.

El informe de 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU responsabiliza a la humanidad por el calentamiento global. Muchos de los efectos “son irreversibles”.

Si no se da solución a la crisis climática, “en 2050 podría ser más mortífera que el coronavirus”, sentenció Bill Gates. Sin embargo, el informe presentado por el IPCC asegura que aún se puede evitar el colapso. Dependerá de los países tomar acciones para reducir las emisiones de carbono.

Rubén Martínez Dalmau asegura que se deben regular todos los engranajes del Estado. Adecuar el sistema económico y al mismo tiempo preservar el medio ambiente. Es necesario que “España reconozca los derechos de la naturaleza y del medio ambiente, como lo han hecho ya algunos países”.

En un mundo de profunda desigualdad, donde la distribución de la riqueza es tan deficiente que las 26 personas más adineradas del mundo poseen la misma fortuna que la mitad de la población del planeta. Donde el progreso no se mide en bienestar general, sino en el crecimiento económico de unos pocos. Donde las grandes empresas apuntan al crecimiento desmesurado de ingresos, sin tomar en consideración la crisis climática. En un mundo donde el modelo político y económico ha dejado de ser sostenible en términos humanos y medioambientales. “Un nuevo contrato social es imperativo”, sentencia el Profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós.