El Proyecto de la Comisión Europea establece que las empresas con ingresos digitales significativos generados en Europa paguen un impuesto del 3%.

Universitat Abat Oliba CEU.

Estados Unidos y la Unión Europea tienen una posición distinta sobre la tasa impositiva en las grandes empresas tecnológicas digitales como Apple, Alphabet o Amazon. La Comisión Europea propuso en 2018 la aplicación de un impuesto digital del 3% argumentando que el sistema impositivo europeo necesitaba ser actualizado en el nuevo entorno económico digital. Y Paolo Gentiloni, comisario europeo para Economía, manifestó que los gigantes de las plataformas digitales eran los vencedores de la crisis generada por la pandemia desde un punto de vista económico. El comisario europeo declaró la conveniencia de que las grandes tecnológicas paguen una cantidad “adecuada” de impuestos en Europa. Estas declaraciones coinciden con las tensiones comerciales y arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea alentadas por la administración Trump. Las autoridades estadounidenses consideran que esa tasa digital del 3% propuesta por la Unión Europea afecta principalmente a empresas norteamericanas.

La Comisión Europea calcula que las empresas digitales tienen una tasa impositiva efectiva del 9,5%, la cual es netamente inferior a la media de impuesto de sociedades medio europeo del 23,2%. Esas mismas empresas digitales han mantenido crecimientos en sus ingresos en torno al 14%, netamente superior a la media de sectores productivos en empresas tradicionales. Durante la pandemia, muchas de las grandes tecnológicas han aumentado su nivel de actividad e ingresos en la medida que muchos consumidores las han usado y adoptado para teletrabajo, compras en línea o mantenerse conectado. La pandemia ha provocado que el uso de plataformas digitales se haya acelerado y muchas empresas y familias han adoptado y cambiado hábitos. Esta crisis ha provocado que la adopción generalizada de la economía digital se haya producido con mayor rapidez.

Entre tanto, en esta crisis, bancos centrales y gobiernos están adoptando medidas excepcionales de política monetaria y política fiscal expansivas con el objeto de contrarrestar los riesgos de una recesión económica. Por ejemplo, la Reserva Federal rebajó el tipo de interés Fed Funds desde 2,75% en noviembre 2019 hasta el 0,25% en marzo 2020. Además, ha procedido a aplicar medidas adicionales de política monetaria no convencional. Lo mismo diríamos para el Banco Central Europeo, que situó el tipo de interés Refi hasta el –0,5% y también aplica medidas excepcionales como los planes de compra de títulos de renta fija a las entidades financieras de la Zona Euro. En otras economías también encontraremos medidas similares. Los gobiernos han actuado aplicando políticas fiscales muy expansivas. Observamos fuertes aumentos de los déficits públicos, estancamiento o reducción de los ingresos fiscales por la caída de la actividad, lo que conduce a un aumento de las emisiones de deuda pública.

Debido a la pandemia, el repunte de la deuda pública será generalizado entre las economías avanzadas y emergentes. Ante un golpe excepcional por pandemia, el incremento de la deuda es también excepcional en tamaño, velocidad y alcance. El sector público, por su capacidad de endeudarse más y con mejores condiciones (tipos de interés más bajos y vencimientos más largos), absorberá el grueso del incremento, situándonos en unos niveles de deuda prácticamente nunca vistos (los precedentes históricos se encuentran estrechamente vinculados a grandes guerras).

El incremento previsto de la deuda pública en 2020 es evidente en el conjunto de economías desarrolladas y las emergentes. Comparamos la ratio de deuda pública respecto al PIB a cierre de 2019 y la previsión para el ejercicio 2020. Por ejemplo, la deuda pública respecto al PIB en Estados Unidos crecería del 105,8% a cierre de 2019 hasta el 122% previsto para 2020; en el caso de Japón pasaría de 236,4% a 252%; en Reino Unido de 85,4% a 96%. En el caso de la Zona Euro, la ratio de deuda pública respecto al PIB era del 84,1% en diciembre 2019 y se prevé que la cifra aumente hasta 101% en 2020. Alemania aumentaría del 59,8% al 72,0%; España destaca con un aumento desde 95,5% hasta 121%. Y Las economías emergentes no son ajenas a este esfuerzo de aplicación de medidas excepcionales de política fiscal. Por ejemplo, las ratios de deuda pública respecto al PIB de China aumentaron desde 39,3% a cierre de 2019 hasta la previsión de 61% para 2020. En el caso de Brasil aumentarían de 84% a 98%, y México de 54,2% a 61%.

Entretanto, los gobiernos tienen una necesidad acuciante de obtener financiación adicional y la imposición de nuevos impuestos es una de las posibles vías para conseguirlo. En este contexto, la Unión Europea desea proponer un impuesto digital en 2021 en el caso de que no se llegue a un acuerdo global en las negociaciones con la OCDE antes del cierre del año en curso. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, declaró que en caso de no conseguirse un acuerdo adecuado a nivel global, la Comisión Europea aplicaría su propia propuesta en 2021. Este escenario de ruptura se acentuó cuando los Estados Unidos abandonó las negociaciones, lo que pone en entredicho la capacidad de un acuerdo global. El comisario europeo Gentiloni comentó que hay avances a nivel técnico, pero las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre impactan en este proceso de negociación.

La Comisión Europea desea que las empresas digitales paguen más impuestos, afectando principalmente a gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Facebook, o Amazon. También pueden darse los ejemplos de Uber o Airbnb. El Proyecto establece que las empresas con ingresos digitales significativos generados en Europa paguen un impuesto del 3% sobre sus ventas de servicios en línea generados en la Unión Europea. Se estima que el importe de este impuesto digital estaría en el entorno de 5.000 millones de euros. Este impuesto sería aplicable a grandes empresas con ventas a nivel mundial superiores a 750 millones de euros y una cifra de ventas en la Unión Europea superior a 50 millones de euros. La propuesta también incluye que las empresas devenguen el impuesto de acuerdo con la residencia de los usuarios digitales.

El espíritu del impuesto está diseñado para que se aplique a actividades en las que los usuarios tengan un papel clave en la creación de valor, como la publicidad online, los buscadores, redes sociales, finanzas online o la venta de información sobre usuarios.

El comisario europeo Gentiloni manifestó que esta medida no pretende ser un ataque directo a las GAFA (Google, Apple, Facebook and Amazon) ni una medida para contrarrestar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Algunos estados pequeños de la Unión Europea como Irlanda y Luxemburgo temen que el impuesto sobre grandes empresas tecnológicas pueda reducir su capacidad para atraer multinacionales que deseen establecerse en sus países. Varios de los grandes estados de la Unión Europea han acusado a las empresas digitales de pagar pocos impuestos por su actividad generada en Europa a través de utilizar acuerdos preferenciales en estados miembros de la Unión Europea con tasas impositivas bajas como Irlanda y Luxemburgo. Otros apuntan a un cierto riesgo disuasorio al sector de empresas digitales y que puedan redirigir parte del negocio hacia otros territorios fuera del alcance de la UE.

¿Qué sucede cuando un estado miembro europeo como Irlanda o los Países Bajos decide que quiere actuar como un paraíso fiscal corporativo? Dado que la fiscalidad es una cuestión de soberanía nacional, la Comisión Europea no puede impugnar directamente las leyes de impuestos corporativos de los estados miembros de la UE. Por tanto, la comisión ha estado intentando utilizar las leyes de ayudas estatales para evitar la evasión fiscal en países más pequeños. Este conjunto de reglas está diseñado para promover la competencia en el mercado y evitar que los países otorguen ventajas injustas a las empresas. A los ojos de la Comisión, permitir que una empresa evite impuestos es como darle un subsidio en efectivo.

En 2016, la Comisión Europea descubrió que Apple había transferido alrededor de 110.000 millones de euros de ventas de sus operaciones europeas a una oficina central de dos subsidiarias en Irlanda. Estas subsidiarias estaban registradas en Irlanda, pero no eran residentes a efectos fiscales, por lo que las ganancias de Apple en cuentas irlandesas no estaban gravadas. En un controvertido fallo, la comisión decidió que Irlanda había dado un trato especial a estas filiales de Apple. En otras palabras, Irlanda había facilitado activamente las estrategias de evasión de impuestos corporativos del grupo Apple. Según la comisión, estos incentivos fiscales equivalían a ayudas estatales ilegales y se ordenó a Apple que pagara al gobierno irlandés casi 14.000 millones de euros en impuestos no pagados.

Lo que estaba haciendo Apple no era tan diferente de lo que hacen muchas grandes empresas de tecnología. La ley de impuestos corporativos es complicada, pero cuando se elimina la compleja jerga legal y contable, las estrategias que utilizan las multinacionales para reducir sus impuestos son sencillas. Establecen empresas dentro de empresas de su grupo empresarial holding global. Luego, trasladan sus activos, ganancias e ingresos dentro de este grupo a aquellas compañías en jurisdicciones con impuestos más bajos para evitar pagar impuestos más altos.

No nos hagamos ilusiones. Las empresas multinacionales estadounidenses tecnológicas, como Apple, crean subsidiarias vinculadas a nivel mundial y grupos de cartera en pequeños estados europeos con fines fiscales. Más de la mitad del comercio y las inversiones mundiales se realizan dentro de grupos multinacionales. Debido a que cada subsidiaria del grupo es residente en un estado soberano, cada subsidiaria se grava de manera diferente en cada estado, lo que facilita a las multinacionales mover dinero por todo el mundo.

La diferencia entre un país que es un paraíso fiscal y uno que simplemente ofrece un régimen de impuestos bajos al capital financiero y corporativo es una cuestión de grado. Al igual que los paraísos fiscales de antaño, los pequeños estados europeos están creando una legislación que ayuda a las empresas a reducir las obligaciones fiscales en otras jurisdicciones. Estas empresas se han especializado en cosechar las ganancias del capital intangible como propiedad intelectual, patentes, derechos de autor y marcas registradas. Y a medida que el capital intangible aumenta en importancia en la economía digital, la capacidad de gravarlo disminuye.

La propuesta del nuevo impuesto digital implica la aprobación por parte del Parlamento Europeo, donde tiene los apoyos necesarios. También se requiriere que lo apoyen todos y cada uno de los estados para que esta reforma fiscal adquiera rango de ley. Hay un conflicto de intereses entre los grandes estados de la UE, que desean incrementar su recaudación fiscal, y los pequeños estados de la UE, que arriesgan la pérdida de ingresos fiscales.

Las empresas digitales norteamericanas han manifestado que están pagando sus impuestos de acuerdo a las leyes y normas nacionales e internacionales. Amazon, por ejemplo, se prevé tenga un impacto moderado por la medida del impuesto digital, dado que tiene empresas radicadas en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, donde tiene páginas web específicas para cada uno de esos mercados desde el año 2015. Facebook modificó la contabilización de sus ingresos por publicidad generada en cada país para que sean declaradas en esa jurisdicción y evitar hacerlo en su centro europeo en Dublín.

La Asociación Information Technology Industry Council, entre cuyos miembros se hallan Amazon, Google, Facebook, eBay o Dropbox, advirtió de que el plan de la Unión Europea puede perjudicar la atracción de inversiones y deteriorar el volumen de comercio global. Como siempre, la posibilidad de un nuevo tributo despierta la clásica dialéctica entre recaudación e inversión.