La universidad pública no puede olvidar que su principal razón de ser es la de formar una ciudadanía crítica y comprometida, capaz de afrontar los retos del futuro.

Texto de Javier Lafuente, presidente de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) y rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En el nuevo curso recién iniciado tenemos el compromiso de contribuir a la mejora social que le corresponde a la universidad pública, con la aspiración irrenunciable de ofrecer la mejor calidad docente e investigadora posible independientemente del contexto epidemiológico en el que estemos. En esta tarea tenemos la suerte de formar parte de un tejido social consolidado y fuerte, somos un mapa universitario, con representantes centenarios, que destaca en ránquines internacionales y que curso tras curso forma talento, genera conocimiento y contribuye al progreso.

La sociedad está viviendo un momento de cambio decisivo motivado por la pandemia, de transformaciones tecnológicas y económicas, que representan un reto y a la vez un desafío para unas instituciones que, como las universidades, tienen en su ADN la capacidad de adaptarse al medio para contribuir a mejorarlo. En un contexto de competitividad por el privilegio del conocimiento, como ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) tenemos que continuar aportando experiencia, aptitud y compromiso al nivel que la sociedad exige, demostrando el carácter diferencial de nuestra oferta académica y la calidad de nuestros servicios.

La crisis sanitaria, de cuyos efectos apenas ahora empezamos a recuperarnos, ha impactado en muchos de nuestros pilares básicos (plantillas, infraestructuras, inversiones en I+D) y nos ha situado ante un futuro lleno de incertidumbres. Nuestra obligación es responder con eficacia e inteligencia, sin perder tiempo en lamentos ni reproches vanos, pero exigiendo aquello que nos corresponde como parte esencial del futuro común del país. Reivindicando lo que parece evidente y que todos los países de nuestro entorno tienen claro desde hace décadas: que cada euro que un estado invierte en sus universidades repercutirá directamente en la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía.

Compartimos la necesidad de flexibilizar y aplicar métodos educativos innovadores y de repensar procesos organizativos, administrativos y de sostenibilidad. Son muchos los retos que las universidades públicas nos hemos planteado afrontar en este nuevo contexto, desde dar respuesta a una formación adaptada a las nuevas necesidades del alumnado, hasta hacer énfasis en las futuras alianzas que se puedan realizar con el tejido industrial del país.

Para que todos estos objetivos no se queden únicamente en buenas intenciones es necesario el compromiso firme y decidido de todas las instituciones políticas, para que cada una asuma, dentro de su responsabilidad, el papel que le corresponde en este camino que hay que emprender solidariamente. Estamos satisfechos, en este sentido, de haber recuperado una Conselleria de Recerca i Universitats como interlocutora en el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Las universidades requieren respuestas a problemas históricos, como el actual sistema de financiación o la política de becas, insuficiente si la comparamos con la de nuestros vecinos europeos. También hay que recuperar las cifras de inversión en I+D+i previas a los recortes por la crisis económica y la crisis sanitaria. Deben implementarse y dotarse más programas para recuperar el talento que durante los últimos años se ha visto forzado a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras. En este sentido, cabe esperar que podamos afrontar el reto que supone el envejecimiento de las plantillas tanto del profesorado como del personal de administración y servicios.

Todos estos requisitos son necesarios para la supervivencia de nuestro actual sistema público de universidades catalán y para su proyección en el futuro. Pero en ningún caso debemos olvidar que todas estas obligaciones no son el fin, sino el medio para llegar a nuestro verdadero objetivo, que no es otro que mantener el compromiso con la sociedad garantizando el acceso a todo lo que conlleva la educación superior, tanto en formación académica como en investigación y desarrollo y transferencia de conocimiento a la sociedad. En este camino la universidad pública no puede olvidar que su principal razón de ser es la de seguir ayudando a formar una ciudadanía crítica y comprometida, capaz de afrontar los retos de un futuro que se presenta complejo y por definir con optimismo.