El principal reto que afrontan actualmente los receptores de financiación es el ajustado periodo de tramitación de las convocatorias.
Desde que el pasado mes de abril se presentase la versión definitiva del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), comprometiendo reformas e inversiones por valor de 70.000 millones de euros, se ha ido concretando en diferentes oportunidades de financiación y modelos de estrategia que todavía tienen mucho recorrido por delante. Si bien, en un primer momento, las expectativas derivadas de las grandes líneas estratégicas que dibujan el Plan se han visto como el gran balón de oxígeno que podría catapultar a España a una nueva era de inversión pública, estrategia renovable e inversión en I+D+i, actualmente quedan muchas preguntas por responder entre unas líneas estratégicas de inversión a muy alto nivel y los canales de consecución de fondos para el ecosistema empresarial, productivo y mercantil español.
Uno de los grandes retos es el encaje de los cerca de 70.000 millones del Plan en un horizonte temporal tan limitado. Desde Deloitte entendemos que existen algunas barreras que han podido motivar, y motivan, el retraso de canalización de grandes volúmenes de fondos. La primera de ellas es la adecuación a una regulación europea que, habiendo flexibilizado algunos puntos a través de la habilitación del Marco Temporal de Ayudas extendido hasta 2022 (posibilidad de captación de fondos para inversiones retroactivas, aumento del importe máximo de minimis o la opción de recibir ayudas por parte de empresas en crisis que no lo estuvieran precovid), continúa fijando multitud de límites en cuanto a importe a percibir por proyectos, intensidades máximas de ayudas o conceptos incentivables restringidos, que hacen muy complicado trasladar los intereses de inversión del PRTR a convocatorias o líneas y, en concreto, a los modelos PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que pretenden movilizar de manera coordinada las grandes cadenas de valor los principales sectores de la economía y fomentar la colaboración público-privada.
Para proyectos complejos
Las Administraciones se están dotando de nuevos instrumentos para conseguir movilizar el volumen de fondos tan elevado en un plazo de tiempo tan corto: los PERTE y los agentes dinamizadores. En relación con los mencionados PERTE, constituyen una nueva figura, con vocación de permanencia, concebida como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, bien porque afrontan retos tecnológicamente complejos o bien porque hay una insuficiente capacidad de inversión por parte del sector privado.
Los PERTE deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Así, el pasado 13 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó como primer PERTE el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en el ámbito del Plan de Recuperación. Este hecho es respaldado por la importancia del sector de automoción en la economía española. Así mismo previsiblemente sentará las bases de funcionamiento para los siguientes PERTE anunciados por el Gobierno: Salud de Vanguardia, Aeroespacial, Cadena Agroalimentaria, del Español, del Hidrogeno Verde o de la Economía de los Cuidados.
El PERTE VEC deberá trasformar el sector industrial de automoción promoviendo un ecosistema donde sea posible el desarrollo y fabricación integral de vehículos eléctricos en España. Prevé una inversión privada de casi 20.000 millones de euros a los cuales se sumarán los más de 4.000 millones de euros que contempla el PRTR para este PERTE, y de estos casi 3.000 millones de euros se dedicarán a financiar grandes proyectos que impacten en toda la cadena de valor de la fabricación del vehículo eléctrico y conectado. Estos proyectos deben de instrumentalizarse a través de consorcios que abarquen grandes y pequeñas empresas con diversa implantación territorial. De momento se tiene constancia del proyecto liderado por Seat, a quien acompañarán empresas muy relevantes del sector de automoción, energético y tecnológico.
En estos momentos el Gobierno ultima con Bruselas el marco de ayudas públicas para los PERTE, cuya Orden de Bases, la que regulará el funcionamiento de la convocatoria, debe aprobarse antes de principios de diciembre. Este acuerdo es fundamental para evitar contravenir la restrictiva normativa comunitaria en materia de ayudas de estado.
Con respecto a los demás PERTE, en los últimos días el presidente del Gobierno ha anunciado la futura aprobación del siguiente por parte del Consejo de Ministros, que se centrará en el ámbito de la sanidad y se denomina PERTE Salud de Vanguardia. En línea con la propuesta por Farmaindustria, este PERTE, con una dotación de casi 1.500 millones de euros, tiene por objetivo desarrollar las siguientes generaciones de medicamentos de terapia avanzada, innovación diagnostica vinculada a la medicina de precisión y asegurar la producción en España de medicamentos esenciales.
Es imprescindible gestionar las expectativas, trabajar las inversiones con tiempo suficiente y colaborar con las instituciones públicas.
Previsiblemente los dos siguientes PERTE en ser aprobados serán el de la Cadena Agroalimentaria y el Aeroespacial. El primero persigue promover el desarrollo de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización y la innovación consiguiendo un gran impacto positivo en su competitividad, en su sostenibilidad y en su seguridad. Con este objetivo se convocarán programas de ayudas tanto para proyectos individuales como consorciados. Como en todo el marco del PRTR se incentivarán proyectos que sean realmente trasformadores. En concreto para la mejora de la competitividad se buscará la automatización de procesos, robótica, sensoria, digitalización e inteligencia artificial. La sostenibilidad tendrá por objetivo la eficiencia energética y el despliegue de renovables y la circularidad. Las medidas centradas en la trazabilidad deberán contar con la participación de agentes que abarquen toda la cadena de valor del producto presentando planes integrales de trazabilidad.
Por último, hacer mención al PERTE Aeroespacial, que buscará reforzar la innovación en el sector para prepararse ante el reto de conseguir una aviación sostenible, por lo que deberá reforzar y dotar de medios la cadena de valor de la construcción aeronáutica. Así mismo, es posible que incluya programas para reforzar la industria espacial o la de desarrollo y construcción de drones.
En relación con los agentes dinamizadores, se han previsto modelos inspirados en figuras existentes, que ayuden en la gestión y canalización de las ayudas mediante esquemas colaborativos donde estos agentes dinamizadores pueden ser canalizadores de las mismas, facilitando la llegada a los destinatarios últimos y la capilarización en programas donde la atomización es el mayor reto de gestión. Son ejemplos claros el Digital Toolkit con los denominados “agentes digitalizadores” y un presupuesto de más de 4.500 millones de euros, y los Programas de apoyo a la rehabilitación de edificios y viviendas, donde se ha definido la figura del “Agente de la Rehabilitación” con una asignación de fondos de 4.420 millones de euros. Estos agentes, en muchos casos, se espera que sean de naturaleza privada, lo que constituye el alma del PRTR: la colaboración público-privada.
Los agentes dinamizadores
En conclusión, durante estos primeros meses de puesta en marcha del Plan, se han ido publicando oportunidades de financiación con algunos hitos importantes como han sido la aprobación del PERTE VEC, el impulso desde IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía) de convocatorias de autoconsumo, energías renovables, flota y puntos de recarga eléctricos o el programa MOVES III, las convocatorias de Industria 4.0., o el impulso de la I+D+i a través de una mayor atribución de fondos a convocatorias desde CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) como Misiones, los PTAS (Programa Tecnológico de Automoción Sostenible), etc.
Y, tras estas primeras experiencias, desde Deloitte vemos, tanto el interés por cristalizar las inversiones planteadas en el PRTR, cómo algunas barreras que han ido apareciendo. Los principales retos que afrontan actualmente los receptores de financiación, así como agentes intermediarios, impulsores y gestores del contexto de las ayudas como Deloitte son los ajustados periodos de tramitación de las convocatorias, la falta de calendario formal y el importante aumento de requerimientos reguladores. El contexto de financiación pública ha sido tradicionalmente complejo y, motivado por el gran aumento de fondos a través programa Next Generation. Es verdaderamente necesario encontrar y facilitar soluciones que simplifiquen la aplicación, gestión y ejecución de las inversiones; además de dotar de herramientas que agrupen directrices generales acerca de la regulación común que deben cumplir las Ayudas de Estado (categoría dentro de la cual se engloba el grueso del programa).
En este sentido, debemos desarrollar proyectos alineados con los objetivos del Plan que tengan cabida en las limitaciones regulatorias; y que incentiven la colaboración público-privada y con agentes económicos y sociales a través de todos los sectores. Es imprescindible, en un contexto de cambio continuo y un gran volumen de información, gestionar las expectativas, trabajar las inversiones con tiempo suficiente y colaborar con las instituciones públicas para maximizar los beneficios de los fondos de recuperación para el conjunto de España.