El destino de los fondos tiene que estar ligado a la digitalización y a la sostenibilidad, aunque podemos incorporar también la formación y el empleo juvenil.
El Acuerdo sobre los Fondos Europeos COVID ha sido celebrado como un gran triunfo por los líderes europeos; y probablemente lo sea, pero se ha hablado muy poco de su condicionalidad y de las enormes dificultades que se abren para conseguirlos, y más en un país como España que viene prorrogando los presupuestos de 2018 y que no ha descartado la posibilidad de una prórroga adicional que cubra las primeras semanas o meses de 2021.
Si se analiza el acuerdo, España obtendría 140.000 millones de euros, según las últimas estimaciones de Funcas: unos 14.000 en 2021, 25.900 millones en 2022, 35.100 millones en 2023 y 2024, 20.700 millones en 2025 y 9.100 millones en 2026. De ellos, la mitad serían en préstamo. Pero hay que tener en cuenta varias cuestiones.
Va a haber un control por parte de la Unión Europea de esos fondos, por lo que habrá presentar un plan detallado de su destino.
Por un lado, que va a haber un control por parte de la Unión Europea del destino de esos fondos y por tanto primero habrá que presentar un plan detallando dónde se va a invertir el dinero. Bruselas probablemente encauzará más unos proyectos propuestos que otros, y posteriormente hará un control del gasto. Pero hay que ser un tanto escéptico porque el citado informe de Funcas concluye que España sólo ha empleado el 34% de los fondos a los que tenía derecho, y ha perdido una gran cantidad de dinero en burocracia que ha impedido cumplir plazos y lo que es peor, por falta de proyectos adecuados.
Probablemente sería necesario un pacto entre los distintos agentes sociales, económicos y políticos para conseguir el éxito.
Por otro lado, el destino de los fondos tiene que estar ligado a la transformación digital y a la sostenibilidad-ecología, aunque podemos incorporar también la formación y empleo juvenil. Estos tres grandes ejes serán los básicos en el uso de los fondos. Parece obvio que la voluntad de la Unión Europea es que España utilice el dinero para conseguir generar empleo, actual o futuro a través de una adecuada formación, en los ámbitos digitales y medioambientales. Pero analicemos nuestras principales carencias en estos ámbitos.
Fondos para la educación
La pandemia ha destapado las enormes carencias en diversos ámbitos de la educación. La falta de digitalización de escuelas y universidades ha sido un hecho y, aunque la reacción ha sido rápida, es necesario invertir mucho para mejorar las infraestructuras digitales en el ámbito formativo. Hay que dotar de plataformas digitales, sistemas de videoconferencias, cámaras, programas de edición de vídeo, formación a los profesores sobre creación de contenidos digitales, etc.
Además, son necesarias reformas estructurales profundas que incidan, por ejemplo, en la implantación de un modelo de Formación Profesional dual más efectivo. Habrá que introducir tanto en FP como en la Universidad los contenidos necesarios para nuevos puestos de trabajo digitales, y también para aquellos puestos relacionados con el medio ambiente. Las últimas reformas educativas se pueden considerar fracasadas en estos ámbitos y los cambios deben de ser ambiciosos. Por tanto, es bastante probable que se alienten programas formativos de largo alcance similares a los que han venido produciéndose para la enseñanza de nuevas tecnologías y, sobre todo, la reforma del sistema educativo general para que incorpore en sus contenidos estos aspectos.
El efecto de la crisis sobre el empleo, y sobre todo el juvenil, hace muy previsible una actuación al respecto. Este sentido, además de potenciar la formación de los jóvenes en las áreas reseñadas, cabe indicar que serán necesarias fuertes inversiones para conseguir su integración en el mercado laboral. Tal y como ha ocurrido en algunos países, la búsqueda de una formación más práctica complementada con prácticas laborales que potencien la empleabilidad es una posibilidad más que probable. También sería deseable que se incentivara el autoempleo, la creación de empresas por parte de este colectivo, por lo que son previsibles también incentivos fiscales, bonificaciones tanto en las cuotas de la seguridad social como en el impuesto de sociedades, y además sería deseable que estas iniciativas tuvieran avales de ICO u otro organismo que permitiera a los jóvenes un acceso más sencillo al crédito.
Por otra parte, no hay que olvidar la importancia que tiene la incorporación temprana al mercado laboral, especialmente debido a los problemas que ahora mismo sufre la Seguridad Social. Por eso, es esperable que se apliquen incentivos para aquellas empresas que contraten a trabajadores jóvenes y que realicen contratos de larga duración, puesto que una de nuestras grandes lacras es la escasa estabilidad del empleo juvenil.
Fondos para la sostenibilidad
España parte de una posición razonablemente buena en el ámbito de la sostenibilidad. Las inversiones en energía sostenible fueron altas desde mediados de la primera década del siglo XXI y, aunque no es menos cierto que hubo un parón, esta situación se ha revertido con claridad y empresas como Forestalia han realizado importantes inversiones en los últimos dos años.
Pero queda mucho trabajo por hacer: diversificar más por zonas geográficas (en el ejemplo citado la inversión se ha centrado en Aragón), pero también la mejora del mix energético sostenible, que se ha centrado en gran medida en dos fuentes energéticas, el viento y el sol, cuando existen en nuestro país otras posibilidades interesantes.
Las medidas más esperables son: la potenciación de la instalación de placas solares en viviendas, premios a las iniciativas de reutilización-reciclaje y medidas para fomentar el aislamiento térmico para conseguir un mejor uso de la energía; probablemente asistiremos a una fuerte apuesta por las energías renovables que se visualizará en un gran incremento de las subastas de energía renovable; y por último ventajas fiscales que acompañarán a la inversión en renovables, especialmente para particulares.
Pero este apoyo deberá ir acompañado de una mayor seguridad jurídica. Probablemente sea necesario algún texto legal adicional que desarrolle los aspectos de anteriores normativas que fueron puestos en cuestión por algunos inversores institucionales, pero también por los particulares que decidieron instalar algún elemento productor de electricidad en sus domicilios. Una de las críticas más recurrentes es la enorme diferencia entre el precio al que se paga y se cobra la energía producida. Este y otros aspectos han de ser normados.
Fondos para la digitalización
La digitalización es un gran reto para España porque según el índice DESI de 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digitales) España ocupa el puesto 11 dentro de la Unión Europea, aunque podría haber cambiado algo durante el periodo de confinamiento.
Son varias y diversas las áreas de mejora:
– Conseguir el 100% de cobertura de banda ancha, que prácticamente ya han logrado países como Estonia. En España ahora mismo este indicador ronda el 80% de los hogares y ha tomado una mayor relevancia en el mundo post COVID. Habría que llevar un Internet de alta velocidad a todos los rincones del país.
– En España hasta un 43% de las personas de entre 16 y 74 dicen no tener competencias digitales. Por tanto, debe realizarse un esfuerzo muy importante no solo en las etapas formativas tradicionales sino en otros colectivos, desde desempleados hasta jubilados.
– El porcentaje de titulados TIC sigue también por debajo de la media de la Unión Europea por lo que será necesario un nuevo Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo que dé continuidad al actual 2019-2022 y pueda beneficiarse de estos fondos europeos.
– Y también debe potenciarse la integración de la tecnología digital en las empresas. Seguimos por debajo de la media de la Unión Europea en áreas como el uso de la nube, el análisis de macrodatos, etc., pero en los planes de transformación digital deben tenerse en cuenta, al menos, otras tres líneas de actuación: Inteligencia Artificial, Industria 4.0 y Ciberseguridad.
En todos estos ámbitos se necesitan incentivos públicos y también regulación, la incentivación fiscal y que sea el propio Estado quien incluya como condiciones de contratación aspectos como la ciberseguridad probada de los sistemas.
El reto al que se enfrenta España de cara a conseguir los fondos primero, pero sobre todo para poderlos usar de una manera eficiente y que generen un efecto multiplicador en la economía y la sociedad, es mayúsculo. Probablemente sería necesario un pacto entre los distintos agentes sociales, económicos y políticos para conseguir el éxito.
Durante dos años España va a recibir cerca del 3% de su PIB para realizar reformas estructurales de calado; pocas veces en nuestra historia hemos tenido una oportunidad como la que se nos plantea. Eso sí, no va a ser nada fácil.