El actual modelo de Administración, demasiado rígido ante el reto de unos servicios públicos cada vez más complejos, requiere una profunda reforma.
Durante los últimos meses he escrito diversas publicaciones anunciando el colapso o el hundimiento de la Administración pública en España. Mi hipótesis es que, si no afrontamos con celeridad una profunda reforma, va a entrar en una crisis profunda dentro de escasos años. Ante esta posición tan apocalíptica tengo que anunciar dos buenas noticias: primero que soy el único especialista en la materia que mantengo esta posición tan radical. Mis colegas consideran que nuestras Administraciones no van a colapsar de repente, sino que entraran en una larga senda de decadencia como una rana en agua caliente. En segundo lugar, no todas las Administraciones públicas del país van a hundirse sino solo las más grandes: la Administración General del Estado y las autonómicas de grandes dimensiones (Catalunya la más expuesta por su muy precaria situación, Andalucía, Madrid, Galicia o Valencia). El resto de las Administraciones autonómicas y, en especial, las locales gozan de relativa buena salud y no están seriamente en peligro de cara un futuro inmediato.
La pregunta clave es: ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? La respuesta es compleja y holística, pero la podemos simplificar con tres grandes argumentos. El primero es que la demografía del país ha aplastado a nuestras Administraciones ya que estaban diseñadas intuitivamente para servir actualmente a 40 millones de habitantes, pero la realidad es que España posee ahora 49 millones derivados del fenómeno migratorio con unos nuevos ciudadanos sobrevenidos que, como es obvio, consumen servicios públicos. Poseer en España un 22 por ciento más de la población (en Catalunya la barbaridad de un 37 por ciento más) estresa a las Administraciones públicas. Por otro lado, los empleados públicos están muy envejecidos y durante los próximos diez años se van a jubilar el 50 por ciento (aproximadamente un millón setecientos mil). Todo un reto debido a la pérdida de conocimiento y también para atraer a un talento joven que rechaza de plano los sistemas tradicionales de selección basados en la memoria. Finalmente, a nivel demográfico los estudios de prospectiva anuncian que el envejecimiento de la población en España va a suponer para los próximos quince años unos sobrecostes solo en gasto social y sanitario equivalente al doce por ciento del Producto Interior Bruto. Un dato sencillamente aterrador. El actual modelo de Administración no va a poder hacer frente a este reto. El segundo argumento es que el entorno de las Administraciones públicas se ha complicado mucho durante los últimos años y la literatura especializada lo define como un entorno turbulento en el que los sobresaltos, las sorpresas sobrevenidas generan nuevos problemas y demandas de soluciones públicas imprevistas e inéditas del tipo crisis sanitarias, climáticas, medioambientales, socioeconómicas, de violencia social, etc. Las políticas y los servicios públicos son cada vez más complejos al tener que contemplar nuevas exigencias como la igualdad de género y la sostenibilidad. El actual modelo es rígido, nada flexible y contingente para hacer frente a estos nuevos retos. El último argumento para justificar la actual delicada situación de la Administración es que en 45 años de democracia hemos sido incapaces de acometer una auténtica y profunda reforma por falta de valentía política a nivel institucional y por las diversos capturadores internos que se oponen de manera recurrente a la misma (sindicatos y dinámicas corporativas de los empleados públicos).
La revolución 4.0, de la mano de la IA y de la robótica, representa una gran oportunidad para renovar la gestión pública.
La segunda pregunta crítica es: ¿cómo deberíamos transformar o reformar nuestras Administraciones públicas? Vamos a destacar cinco estrategias:
1. Desarrollar una planificación de urgencia en materia de recursos humanos ante el inminente proceso de relevo intergeneracional de empleados públicos y elaborar un catálogo de puestos (realmente, de perfiles profesionales) que hay que suprimir (puestos de trabajo que una vez se jubile su titular no deberían convocarse por su obsolescencia) y nuevos perfiles profesionales que hay que incorporar (gestores de datos, especialistas en inteligencia artificial y en la gran mayoría de los casos perfiles de titulados superiores lo más polivalentes posible y con elevadas competencias digitales y en gestión de la información).
2. Transformar de manera radical los sistemas de selección en un momento crucial de relevo intergeneracional en el que es necesario atraer el talento joven y digitalizado y que posea las competencias necesarias para diseñar una Administración del futuro (Administración inteligente mediante la gestión de la información y la inteligencia artificial). Las pruebas selectivas deberían priorizar la selección por la vía de la inteligencia y de la personalidad de los candidatos (trabajo colaborativo, liderazgo, etc.) mediante un test y una segunda parte de competencias o destrezas prácticas. El sistema de selección de los funcionarios de la Unión Europea puede ser un buen modelo para seguir, aunque hay muchos más modelos internacionales en el ámbito público de selección que son innovadores y no estrictamente memorísticos (se podría incorporar en la prueba una parte memorística con un temario básico de carácter limitado).
Estas primeras medidas son urgentes e imprescindibles para no hipotecar el futuro de la Administración pública española durante las próximas décadas. Hay que implementarlas antes de que se produzca el gran relevo generacional que, de hecho, ya se ha iniciado.
3. Introducir de manera inmediata la figura del directivo público profesional: se trataría de una medida de reforma con un gran impacto tanto simbólico como real. El empoderamiento y despolitización radical de los directivos públicos representa un ingrediente necesario e imprescindible para la introducción de la mayor parte de estrategias de reforma y de innovación.
4. Simplificar las actuales estructuras administrativas (organigramas) reduciendo la elevada densidad de jefaturas que aportan poco valor e Introducir la lógica de gestión de proyectos para hacer frente a problemas y demandas imprevistos y con un carácter temporal.
5. Apostar por dotar a las Administraciones públicas de una mayor inteligencia institucional. La revolución 4.0, de la mano de la inteligencia artificial y de la robótica, va a representar una gran oportunidad para renovar la gestión pública, pudiendo esta alcanzar niveles muy altos de eficacia y de eficiencia. Para poder introducir la inteligencia artificial, es necesario incrementar las capacidades institucionales para la gobernanza de datos. Una buena gestión de la información es la clave para poder introducir estas novedades tecnológicas y lograr Administraciones públicas más eficaces y eficientes (con un rendimiento exponencial).
Los anteriores cambios son imprescindibles para lograr una Administración con capacidad de gestionar el conocimiento, para la introducción de dinámicas innovadoras que permitan una eficaz y eficiente colaboración público-privada y para fomentar la transparencia y rendición de cuentas como un necesario mecanismo de legitimación social.