Las finanzas públicas están corrigiendo los efectos de las sucesivas crisis, pero persisten desequilibrios y presiones que el nuevo marco europeo obliga a abordar.
La economía y las finanzas públicas españolas muestran un comportamiento y perspectivas favorables. Se está creciendo a tasas más elevadas que las de nuestros socios europeos y el déficit público se está corrigiendo de forma muy sustantiva desde las cifras de dos dígitos alcanzadas tras la pandemia y la crisis energética. La deuda pública también muestra una dinámica muy favorable tras el impacto de estas perturbaciones y se ha alejado de los niveles máximos del 124% del PIB registrados tras la pandemia.
En el medio plazo, sin embargo, Europa y España enfrentan un doble desafío económico y presupuestario. En el caso español, en ausencia de shocks positivos de oferta, se proyecta una menor contribución del factor trabajo al crecimiento. Ello implica que deberá ser la productividad, tradicionalmente débil en la economía española, la que deba tomar el relevo como factor de crecimiento económico. Las finanzas públicas también se verán afectadas por una dinámica poblacional caracterizada por el envejecimiento, que genera presiones al alza en el gasto en pensiones, sanidad o cuidados de larga duración, y a las que se sumarán las asociadas a las inversiones necesarias en áreas clave como la digitalización, el cambio climático o la defensa. De acuerdo con nuestras proyecciones a largo plazo, ambos factores conllevan un agotamiento del proceso de reducción de la deuda pública en los próximos años e incluso una reversión con aumentos esperados en la década de los treinta.
La Unión Europea está tratando de dar una respuesta conjunta y coordinada a este doble desafío económico y presupuestario. Por una parte, movilizando recursos y promoviendo reformas e inversiones que eleven la capacidad de crecimiento europea. Y por otra, con una reforma del marco de gobernanza fiscal europeo que se orienta a reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas, poniendo el foco en lograr procesos sostenidos de reducción de la deuda pública.
Para ello, el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha promovido que los países asuman compromisos fiscales a medio plazo 2025-2028 realistas y creíbles que garanticen una reducción de la deuda pública. Como novedad, se ha dejado que sean los propios países los que hagan sus propuestas. Además, estos compromisos se establecen en términos de una nueva variable: el gasto neto de medidas discrecionales de ingresos. En el caso nacional, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) ha limitado el crecimiento promedio anual del gasto neto en el periodo 2025-2028 al 3,4% y a un 20% en términos acumulados desde 2023 hasta 2028. Esta es la doble referencia con la que las finanzas públicas españolas van a ser supervisadas desde el ámbito europeo.
Una vez que el Ecofin ha aprobado estos compromisos, ahora queda toda la tarea nacional para garantizar su cumplimiento. El plan remitido por España, y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) informó el pasado noviembre, no es una auténtica planificación fiscal a medio plazo. No ha sido consultado con ninguna Administración pública, ni contiene compromisos ni medidas a asumir por cada una de ellas. Tampoco se ha debatido en el Parlamento. Todas estas tareas están ahora en la cartera de deberes nacionales.
La involucración de todas las Administraciones públicas es particularmente relevante en una economía descentralizada. En España, más del 70% de la deuda pública corresponde a la Administración central pero el 44% del gasto público es gestionado por comunidades autónomas y corporaciones locales. Hay pues una responsabilidad compartida. También es el momento para anclar los procedimientos sobre los que se articule esta estrategia y adaptar el marco fiscal nacional a los cambios europeos. En concreto, hay que transponer las reformas introducidas en la Directiva de marcos fiscales nacionales que regula, entre otras cuestiones, los requisitos que deben cumplir las reglas fiscales de cada país y el marco a medio plazo nacional.
Desde la AIReF somos plenamente conscientes del entorno institucional complicado para llegar a puntos de encuentro. Pero, como supervisores fiscales, nos corresponde señalar la necesidad de asumir estas responsabilidades. Las finanzas públicas están corrigiendo los efectos de las sucesivas crisis, pero persisten desequilibrios y presiones que el nuevo marco europeo obliga a abordar.