La tendencia es renovar en clave sostenible, pero los expertos detectan retos importantes en materia de rehabilitación y mejora del parque de vivienda en nuestro país.
Desde hace años, la construcción y uso de edificios genera casi un 40% de las emisiones de CO2 mundiales, además de un 35% del consumo de energía del planeta. En consecuencia, en un país que cuenta con uno de los parques de viviendas más antiguos de Europa (más del 50% supera los 50 años), la reforma y rehabilitación de casas y edificaciones va más allá de una simple necesidad funcional, en opinión del decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Guim Costa: “Reformar y actualizar son conceptos intrínsecos, implican exigencia y responsabilidad, por eso los arquitectos debemos aportar nuestros conocimientos para dar respuesta a las necesidades actuales y anticiparnos a las futuras”.
Para Ignasi Pérez Arnal, director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 Rebuild y CEO en BIM Academy, reformar una vivienda supone darle una nueva vida. “En nuestro sector damos por descontado que una reforma consiste en transformar espacios y realizar algún cambio estructural. Pero en el siglo XXI, el principal objetivo de cualquier actuación de este tipo debería ser doble: más sostenible o eficiente y adaptada a nuestra manera de vivir (edad, cambios familiares, nuevos trabajos…).
Miquel Àngel Julià Hierro, arquitecto, director de estrategia y marketing en Grup Idea y asesor en innovación del COAC, reconoce que el sector de la construcción, sobre todo el de la vivienda, es el más tradicional y menos innovador de todos. “Sin riesgo, la innovación es una utopía. Hoy día seguimos con distribuciones de viviendas del siglo pasado. Por el contrario, la sociedad y sus necesidades han evolucionado y seguirán haciéndolo a un ritmo cada vez más rápido, tal y como sucede con la tecnología”. En su opinión, los arquitectos deberían reformular el programa funcional de cualquier casa, haciendo espacios más flexibles, híbridos, cambiantes y transformables, como lo son sus habitantes. “Conseguirlo –admite– no depende únicamente de nosotros, sino principalmente de los promotores públicos y privados. Antes de poner en marcha nuevas construcciones deberíamos pensar más en reformar viviendas. Cuestiones como la accesibilidad, la sostenibilidad o la mejora de la eficiencia energética deberían ser requisitos básicos y exigibles, sin necesidad de que los usuarios finales los soliciten. Por suerte, las nuevas generaciones están más concienciadas, confiemos en ellas”.
Accesibilidad y sostenibilidad
Desde el COAC valoran como “positivos” los datos sobre reformas y rehabilitaciones durante el primer semestre del año en Catalunya. En rehabilitación, el decano del COAC ha detectado un aumento de un 25% comparado con el primer semestre del año pasado. Aun así, la rehabilitación continúa estancada, pues supone apenas un 30% de la superficie total visada en Catalunya.
“Es necesario seguir trabajando para incentivar la cultura de la rehabilitación”, señala Guim Costa. “Porque, por ejemplo, la falta de cultura rehabilitadora ha provocado que los edificios hayan quedado obsoletos en términos de accesibilidad. En muchos casos, es necesario buscar un equilibrio entre la implementación de las medidas de accesibilidad necesarias y el respeto al patrimonio o edificio existente. Debemos poner en marcha campañas de concienciación y fomento de esta cultura”, afirma.
En síntesis, se detectan retos importantes en materia de rehabilitación y mejora del parque de vivienda en nuestro país. Más de la mitad de los edificios residenciales es anterior al año 1980, momento en el que entró en vigor la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta elevada antigüedad afecta a cerca de seis millones de edificios residenciales y a diez millones de viviendas principales. “Debemos conseguir una buena calificación energética en todas nuestras viviendas, poner un ascensor en todos los edificios residenciales y mejorar mucho la accesibilidad, pues más de un 75% de estos edificios no son accesibles”, lamenta Pérez Arnal, director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 Rebuild.
Entre la escasa normativa adecuada a las necesidades de la ciudadanía cabe citar la Ley 13/2014 de accesibilidad (ámbito autonómico) y el RDL 1/2013 Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (ámbito estatal). Esta normativa regula plazos para la adecuación de los edificios existentes a las condiciones básicas de accesibilidad.
Por otra parte, la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un reflejo del impacto de los Next Generation. Esta ley queda reforzada por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
“Más allá de la normativa, la creciente concienciación ciudadana en este ámbito ayuda a que se impulsen estas actuaciones”, afirma Guim Costa. En este sentido, la Inspección Técnica de los Edificios es un instrumento de información para las comunidades de vecinos. Estas inspecciones les permiten conocer el grado de accesibilidad de su edificio, las condiciones de eficiencia energética y las posibles mejoras a llevar a cabo.
El valor de rehabilitar
Meses atrás, el profesor Ramon Bastida y la investigadora Erola Palau presentaron las conclusiones del estudio El valor de la rehabilitación de edificios, fruto de la colaboración entre Fundación Metropolitan House y la UPF-BSM. El estudio se centra en Bellvitge, un barrio que experimentó un crecimiento exponencial a partir de mediados de los años 60, pasando de ser una zona mayoritariamente agrícola a otra residencial. El barrio se creó para ofrecer viviendas a los inmigrantes que venían de otras partes de España. La población de este barrio de L’Hospitalet de Llobregat creció rápidamente, ya que en solo 10 años se construyeron alrededor de 9.780 viviendas.
“Bellvitge se convirtió en uno de los barrios residenciales más densamente poblados de Europa. Entonces, la necesidad de satisfacer la alta demanda de viviendas hizo que se descuidaran los requisitos de calidad de materiales, eficiencia energética y acceso a los edificios. Como resultado, los edificios han envejecido y es necesario llevar a cabo una rehabilitación urbana en la zona”, explican. El proyecto consiste en incorporar las soluciones urbanísticas y técnicas necesarias para adecuar el barrio de Bellvitge a las necesidades actuales, enfocándose en la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la mejora estética de las viviendas.
Más de la mitad de las viviendas es anterior al año 1980, cuando entró en vigor la primera normativa sobre las condiciones térmicas de los edificios.
Los autores del estudio aseguran que se puede medir el retorno social y medioambiental de un proyecto de rehabilitación en unidades, mediante el método del retorno social de la inversión (en inglés SROI, social return on investment). “Partiendo de una división entre los costes del proyecto y los beneficios generados, el SROI permite conocer el ratio del retorno social, o el ratio por cada euro invertido. Así podemos cuantificar y valorar los proyectos para que puedan maximizar sus beneficios sociales”, detallan Bastida y Palau.
El retorno social evalúa cómo la rehabilitación de una vivienda puede mejorar la calidad de vida de los residentes y la comunidad. También cómo contribuye al bienestar general de la sociedad. En este proyecto, el retorno social se manifiesta de diversas formas: la mejora del estado de salud personal, la seguridad, el confort y espacio en la vivienda, la accesibilidad, la capacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar y la seguridad en el barrio, por ejemplo. Junto con el estudio de retorno social, este proyecto también valora el retorno medioambiental, tal y como cuentan Bastida y Palau: “Lo calculamos mediante la eliminación del consumo de gas fósil, la reducción del consumo de energía y la reducción de las emisiones de CO2 que emiten las viviendas”.
La mejora en eficiencia energética surge de algunas acciones específicas como el tratamiento de aislamiento de exteriores y la renovación de puertas y ventanas exteriores. Una actuación que contribuye a la mejora de la clasificación energética de los edificios, al pasar de la clasificación actual (F) a una C. De esta forma, se reduce a la mitad el consumo de energía, suprimiendo casi un 70% las emisiones de CO2 generadas. “Hemos calculado que el proyecto de rehabilitación tiene un retorno social de 4,61 euros por cada euro invertido, y de 23,04 euros para el conjunto de vecinos”, afirman los autores del estudio.
Tendencias en el sector
Los déficits en la configuración de las viviendas, evidentes durante el confinamiento junto con el encarecimiento o la falta de nuevas edificaciones, han intensificado la necesidad de convertir plantas bajas comerciales en vivienda, señala Felip Neri Gordi, arquitecto y codirector del posgrado en Facility Management de la Escola Sert. “Una tendencia que deja en evidencia la falta de una regulación más clara, así como de nuevas normativas que primen y faciliten este tipo de vivienda ya desde la propia obra nueva. Hay que revisar las posibilidades en plantas bajas, sobre todo si poseen rampas de acceso a los aparcamientos subterráneos”.
Como modelo a copiar, Felip Neri Gordi destaca la normativa del 22@ en el barrio barcelonés del Poblenou, aprobada en el año 2000, donde las sedes de empresas de nuevas tecnologías conviven con conjuntos representativos del pasado industrial, creando un entorno único de tradición e innovación. “Actualmente, el lugar aspira a convertirse en un entorno de viviendas sin descartar el respeto patrimonial. Creo que esta tendencia se debería trasladar a otras ciudades”.
Las previsiones a corto plazo, marcadas por el alza de precios y la financiación, pueden favorecer las rehabilitaciones y cambios de uso, siempre que las administraciones mejoren y actualicen normativas. Para ello, deberían agilizar los tiempos de concesión de permisos. “Debemos ser optimistas. Creo que los municipios, con cerca de cuatro años por delante, podrían abordar y hacer efectivo este cambio durante los próximos meses”, concluye.