Son necesarias reformas urgentes y a medio plazo para paliar el impacto de la pandemia y resolver deficiencias estructurales del sistema tributario.
Los efectos de la pandemia en términos de pobreza y desigualdad han sido devastadores. Al drama humano de la pérdida de vidas se le suma un tsunami de impactos socioeconómicos. Según alertó el Banco Mundial, después de casi dos décadas de disminución sostenida, este año la pobreza extrema mundial crecerá de nuevo, sumando 115 millones de personas más.
Estos últimos meses hemos escuchado que el virus “no entiende de clases sociales” ni distingue “entre personas ricas y pobres”. Es una verdad a medias. Si bien es cierto que todas y todos hemos estado expuestos al virus, su impacto se ha cebado con las poblaciones más pobres y vulnerables. No es casual, sino el resultado de décadas de decisiones políticas y recortes que han incrementado las brechas de ingresos, riqueza y oportunidades. Unas brechas que, durante la pandemia, se han traducido en una distribución injusta del riesgo de perder el trabajo, de contagiarse, e incluso de morir.
En España, el parón económico ha abocado a la pobreza a cientos de miles de personas y ha implicado la asfixia y el cierre de miles de pymes. Según proyecciones de Oxfam Intermón, de no adoptarse más medidas contundentes, 1,1 millones de personas más caerán en la pobreza en 2021, dejando la cifra de pobreza cercana a los 11 millones de personas, pasando del 20,7% pre-Covid-19 al 23,07%.
La pandemia ha desvelado la debilidad de nuestro sistema sanitario, las limitaciones de las políticas públicas orientadas a la protección social y la fragilidad del contrato social, donde todavía abundan la precariedad laboral, los bajos salarios, la desigualdad de género y la vulnerabilidad de una parte importante de la población.
En contrapartida, los estados y gobiernos que durante la última década invirtieron seriamente en la lucha contra las desigualdades, han demostrado estar en mejores condiciones para proteger a sus poblaciones, y hacer frente a los desafíos económicos y de salud derivados, reduciendo sus efectos.
Las políticas públicas deben de ser la principal defensa contra las desigualdades. Lo han sido durante esta crisis con las diversas medidas en el ámbito laboral, económico y de protección social adoptadas, y lo tienen que seguir siendo cuando la pandemia acabe, ampliando su alcance, mejorando su eficiencia y garantizando mayor dotación de recursos.
Y para financiar estas políticas, son necesarias reformas urgentes y a medio plazo para paliar el impacto de la pandemia y resolver deficiencias estructurales del sistema tributario. Las medidas que proponemos desde Oxfam Intermón para gravar la riqueza, el capital y a las grandes empresas podrían llegar a sumar 10.000 millones de euros con los que España llegaría a la media europea en gasto de protección social, permitiendo más inversiones en sanidad o educación. Es vital corregir lo antes posible la precaria situación fiscal e impositiva que presenta España para poder hacer frente a las consecuencias socioeconómicas y a la recuperación de un sistema público empobrecido y deteriorado desde la crisis de 2008.
Es posible, y necesario, pedirle un mayor esfuerzo fiscal a quienes menos han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia. Luchar para proteger los derechos de los colectivos más vulnerables como las mujeres, las personas jóvenes o las migrantes tiene que ser una de nuestras prioridades. Y tenemos que hacerlo juntos.
Ahí, el papel de las grandes empresas es crucial y pasa por tener un comportamiento fiscal responsable durante la pandemia, pero también después, durante la recuperación. Es injusto para la ciudadanía –que aporta en IVA e IRPF más del 80% de los ingresos tributarios– que los recursos con los que contaría el Estado acaben en paraísos fiscales, se destinen al reparto de dividendos o bonos, cuando su objetivo puede ser mantener con vida el tejido empresarial de este país.
La pandemia nos deja una sociedad más desigual y cicatrices profundas. Pero no es demasiado tarde: podemos cambiar el rumbo. Se abre la posibilidad, no de una nueva normalidad o de tímidos ajustes sobre modelos que han demostrado ser parte del problema, sino de una nueva conciencia que impregne la vida social, económica y política en aras de un mundo más justo, humano y sostenible.