La financiación del sistema de pensiones es uno de los problemas estructurales a los que se enfrentan las arcas públicas desde hace décadas. En un futuro próximo, con la entrada de los baby boomers en la edad de jubilación, la sostenibilidad del sistema parece estar más en duda que nunca. Hablamos de la situación del sistema actual y las posibles soluciones con Ció Patxot, catedrática de la Universitat de Barcelona e investigadora del Barcelona Economic Analysis Team (BEAT) y Guadalupe Souto, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
¿Podrían describirnos cuál es el funcionamiento actual del sistema de pensiones español?
Es un sistema de reparto. Las pensiones de cada año se pagan con las cotizaciones recaudadas en ese mismo año. Es decir, las cotizaciones de los trabajadores no se acumulan ni se invierten, como se haría en un sistema de capitalización. A partir del año 2000 empezaron a acumularse en el Fondo de Reserva, conocido como la “hucha de las pensiones”, parte de los excedentes, es decir, las cotizaciones superiores a las pensiones que entonces tenía el sistema debido a dos motivos. Primero, todo el baby boom, los nacidos entre 1957 y 1977 aproximadamente, estaba en edad activa. Segundo, porque siguiendo una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se separaron las fuentes de financiación del sistema, es decir, se inició el proceso para que las cotizaciones se destinasen únicamente a financiar las pensiones contributivas, y no otras prestaciones como la sanidad o los complementos a mínimos para pensiones que no alcanzan una cierta cuantía. La creación de esa hucha tenía por objetivo guardar excedentes para cuando la situación se revirtiese con la jubilación de los baby boomers, lo cual presionaría el sistema al incrementar mucho los jubilados y el gasto en pensiones, mientras las cotizaciones se reducirían, habría menos cotizantes ya que los hijos de los baby boomers son una generación mucho menos numerosa. Sin embargo, la crisis de 2008 adelantó los déficits del sistema, que se preveían para inicios de la década de 2020, que comenzaron en 2010. Desde entonces, cada año los diferentes gobiernos han tenido que recurrir a lo acumulado en la hucha y, posteriormente, a aportaciones del Estado ya que la hucha está prácticamente vacía.
Según el Libro Verde sobre las Pensiones de la Unión Europea, el objetivo global es lograr unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros. Ante este paradigma, ¿creen que estamos a tiempo de solucionar el problema sin realizar cambios en el modelo?
Como premisa, es importante considerar que la adecuación, pensiones suficientemente altas, y la sostenibilidad del sistema en el medio plazo, con las generaciones del baby boom a punto de comenzar a entrar en la edad de jubilación, son objetivos bastante contradictorios. Para hacer el sistema de reparto sostenible en el medio plazo caben tres opciones. La primera, aumentar las cotizaciones, y esto es difícil en un mundo globalizado en que competimos con países con salarios bajos y sin protección social, y discutible también por los negativos efectos que pudiese tener en la creación de empleo. Sin embargo, es la medida que acaban de pactar gobierno y sindicatos, aunque con el rechazo frontal de la patronal. Otra opción sería reducir la cuantía de las pensiones, una medida muy impopular y que tiene en contra a ciertos partidos y sobre todo a los sindicatos. Y como última opción está retrasar la edad de jubilación. Esta medida aumenta los ingresos, alargando las cotizaciones, y reduce los gastos al disminuir el tiempo durante el cual se cobra pensión, y es posiblemente la solución menos “dolorosa” en la medida en que reduce el recorte de la cuantía de la pensión, y además es coherente con el aumento de la esperanza de vida y con los cambios sociales experimentados en las últimas décadas.
Recientemente se ha hablado de ampliar la vida laboral a tener en cuenta para la pensión hasta los 25 años. Según lo publicado por el Gobierno, se trataría de elegir los 25 mejores años, ¿creen que el impacto en el gasto total asignado a pensiones sería significativo?
Ya estamos a punto de llegar a los 25 años de acuerdo con la última reforma de 2011 en la que se establecía un periodo transitorio para pasar de 15 a 25 años. Lo que se discute ahora es seguir aumentando el período más allá de los 25 años. Si se aplica la medida sin poder elegir los años, considerando todos, se prevé una reducción de la cuantía de la pensión en la mayoría de los casos. En la medida en que el perfil salarial crece a lo largo de la vida laboral, incorporar años más antiguos implica reducir las base reguladora a partir de la cual se calcula la pensión. Por tanto, al trabajador medio con un perfil salarial creciente le caería la pensión. Pueden existir trabajadores que hayan tenido bases bajas al final de su vida, por ejemplo, los que se quedan desempleados a partir de los 50 y difícilmente pueden volver al mercado laboral en condiciones similares a las que tenían. En este caso, ampliar la base de cálculo les beneficiaría, pero serían minoría. Sí podemos decir que la medida refuerza la relación entre la contribución y la pensión, y evita pérdidas arbitrarias de pensión por tener “años malos”, ya que a todos los trabajadores se les consideraría toda su vida laboral. Sólo si se aplica la ampliación del período de cálculo dando la opción de elegir los mejores años es posible que ésta medida no reduzca las pensiones.
¿Creen que deberíamos encaminarnos hacia un modelo de financiación capitalizado? ¿Existe, a su juicio, alguna otra vía de mejorar la financiación sin recurrir al aumento de las cotizaciones de los trabajadores?
Es tarde para transformar el actual sistema de reparto en uno capitalizado: el baby boom ya se encuentra próximo a la jubilación, y se generaría un desajuste inasumible. Cambiar a capitalización implica que una generación debe contribuir doblemente para mantener el sistema de reparto y crear el nuevo. Sólo algunos países han iniciado esta transición, uno es Suecia, y lo han hecho muy progresivamente, dedicando sólo una pequeña parte de las cotizaciones a capitalizar. Además, empezaron a finales de los 90, cuando la situación demográfica era completamente diferente. La única vía para mejorar la financiación sin aumentar las cotizaciones sería con aportaciones de los presupuestos generales del Estado, es decir, vía impuestos generales. Pero debe tenerse muy en cuenta lo que esto significa, que todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas, deberán pagar más impuestos para mantener el actual sistema de pensiones, o bien renunciar a otro gasto público. Habría mucho que discutir sobre la “justicia” de una medida como esta. Al fin y al cabo, el grueso de la recaudación del Estado proviene de dos impuestos, el IRPF, que básicamente recae sobre las rentas del trabajo, y el IVA, que recae sobre los consumidores de todas las edades.
En algunos de sus estudios han relacionado el sistema educativo con el sistema de pensiones. ¿Podrían hablarnos de qué forma se relacionan?
Efectivamente, hay una relación bastante directa. En un sistema de reparto será posible pagar mejores pensiones cuanto más productivos sean los trabajadores. Es la otra vía para incrementar las cotizaciones totales, subiendo las bases de cotización, es decir, los salarios. En este sentido, la educación actúa como un modo de prefundar las pensiones, acumulando capital humano más productivo y con más capacidad de cotizar al sistema. No obstante, el mercado laboral en España necesita muchas mejoras para poder obtener el máximo beneficio de la educación, pues tenemos las tasas de paro más elevadas de Europa y particularmente entre los jóvenes.
Las grandes empresas continúan realizando prejubilaciones antes de los 55 años. ¿Hasta qué punto esto puede estar afectando a la sostenibilidad del sistema? ¿O es algo irrelevante porcentualmente?
Sí es relevante, aunque no se conoce la magnitud real. Es difícil localizarlos porque siguen registrados como activos. Si bien son las empresas las que financian su sueldo y sus cotizaciones hasta la jubilación real, a partir de ahí se generan pensiones altas que deberá pagar la Seguridad Social en adelante. Las prejubilaciones, o las jubilaciones anticipadas, chocan frontalmente con la sostenibilidad financiera de un sistema de reparto, pues reducen los ingresos, vía menores cotizaciones, e incrementan el gasto, vía pensiones durante un período de tiempo más largo. En la sociedad actual no es difícil entender que la edad de jubilación debe retrasarse progresivamente, al ritmo en que crece la esperanza de vida. Se puede optar por vías más flexibles que el establecimiento de una edad de corte, a los 65, 67 o 70, como en función de los años de carrera laboral y el total de cotizaciones aportadas. Así ocurre por ejemplo en Suecia, donde no existe una edad de jubilación reglada y los trabajadores reciben cada año un resumen de todas las cotizaciones realizadas a lo largo de su vida y un cálculo de qué pensión le correspondería con dichas cotizaciones dada la esperanza de vida media a su edad. De esta manera, es el propio trabajador el que se hace responsable de decidir el momento de su jubilación, siendo perfecto conocedor de lo que ha aportado previamente al sistema, aunque no esté acumulado, y lo que recibirá de él en forma de pensión. En definitiva, desafortunadamente el sistema de pensiones es un tema que ha generado y genera demasiado ruido y poca información clara hacia la ciudadanía. Esta es, en nuestra opinión, una de las principales carencias, la falta de información clara y precisa que permita a los ciudadanos entender cómo funciona el sistema, qué desajustes pueden generarse y qué medidas deben adoptarse para solucionarlos. Los políticos deben asumir su responsabilidad permitiendo que esta información llegue a los ciudadanos, abandonando de una vez por todas la lucha partidista en un tema tan crucial que, por ser a largo plazo, casa muy mal con el ciclo político. Por su parte, los ciudadanos debemos también asumir nuestra parte de responsabilidad, tomando decisiones coherentes con la información que se nos proporcione.