Para hacer frente a amenazas de gran escala y cerrar el déficit de protección frente a los riesgos emergentes, es esencial la colaboración público-privada.
Las sociedades más prósperas son también las más protegidas. La riqueza y el bienestar colectivo están directamente relacionados con el desarrollo del seguro, pues la riqueza invita a protegerse y la protección asienta la riqueza y genera nueva prosperidad.
Los niveles de aseguramiento en España son equiparables a los de los principales países de Europa: el 81% de los hogares tiene un seguro de automóvil, el 74% tiene contratado un seguro de hogar, el 41% cuenta con seguro de decesos y el 22%, con un seguro de salud. Pero todavía existen algunas áreas de la vida que presentan un déficit de protección, eso que en la jerga aseguradora se denomina la “brecha de aseguramiento”. Esta situación puede darse porque el riesgo no se asegure o porque lo haga de forma parcial o insuficiente. El seguro puede reducir esta carencia de protección, sobre todo si se alía con los poderes públicos y con otros actores del seguro, como la mediación.
Los percances climáticos son un claro ejemplo de casos de falta de protección: cada vez son más frecuentes, tienen una mayor severidad y afectan a territorios cada vez más extensos. Cuando tiene lugar una catástrofe climática, la sociedad experimenta en primera persona la diferencia que existe entre la capacidad de recuperación y prevención de quiénes estaban adecuadamente asegurados y quiénes carecían de protección.
Los siniestros causados por fenómenos atmosféricos son indemnizados, bien por el Consorcio de Compensación (CCS) de Seguros, Agroseguro o por las aseguradoras, en función de qué es lo que ha ocurrido y a quién le ha afectado. En España ya existe, pues, un esquema de colaboración público-privada para hacer frente a percances como la inundación o las tempestades particularmente fuertes. Sin embargo, la recurrencia y severidad de los percances lleva a repensar el alcance de esta colaboración. En los últimos años, las aseguradoras asumieron de media el 70% de los pagos por fenómenos climáticos extraordinarios y el CCS, el 30% restante. Estas cifras, junto a la mayor frecuencia y severidad observadas en estos fenómenos, invitan a poner al día el listado de supuestos climáticos extraordinarios que corren a cargo del CCS.
Agroseguro juega un papel muy importante en la protección del sector primario en un contexto de calentamiento global. Este pool de aseguradoras se debe emplear cada vez más a fondo para atender los destrozos que causan las inundaciones, el pedrisco, las heladas y, muy especialmente, la sequía en cosechas y cabañas ganaderas. A mediados de año, Agroseguro había desembolsado 770 millones de euros en indemnizaciones, superando en solo seis meses todo lo pagado el ejercicio anterior. Esta entidad espera cerrar el ejercicio en curso con el pago de más de 1.200 millones a agricultores y ganaderos. Estos datos constituyen una muestra –otra más– de que la severidad de todos estos sucesos va al alza, año tras año.
Pero la brecha de aseguramiento en España no se limita al ámbito de los fenómenos atmosféricos. Otro segmento donde el país presenta un importante déficit respecto a Europa es el ahorro para la jubilación. El incremento de la esperanza de vida que se ha dado en España en las últimas décadas es una espléndida noticia, pero, al mismo tiempo, plantea un reto importante. El envejecimiento paulatino de la sociedad se traduce en una mayor carga para el sistema de pensiones. En marcado contraste con otros países europeos, España va con retraso en la construcción de masas de ahorro privado suficientes para complementar la pensión pública.
Para alcanzar el esfuerzo ahorrador del conjunto de la zona euro, los españoles tendrían que aumentar estructuralmente su adquisición de seguros de ahorro y fondos de pensiones en más de 17.000 millones de euros al año. Los ciudadanos de una veintena de países del continente ahorran más para la jubilación que los españoles y la brecha se hace especialmente notable si la comparación se realiza con países como Suecia, Países Bajos o Noruega. Un dato especialmente preocupante es que más de la mitad del país no está preparando su jubilación.
El año pasado se aprobó el desarrollo de una nueva regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, nacida para incorporar a los trabajadores de las pymes y los autónomos al segundo pilar de la previsión social.
En UNESPA estamos comprometidos con el fomento del segundo pilar de las pensiones y por eso hemos elaborado una Guía práctica para el diseño e implantación de un plan de pensiones de empleo. Este documento pretende ser una herramienta para desgranar los aspectos a tener en cuenta en la implantación de un plan de pensiones de empleo, especialmente por parte de un sector empresarial o una asociación de autónomos. Recientemente, se perciben movimientos interesantes que pueden acercar el ahorro a más personas. El sector de la construcción ha abrazado ya en bloque la previsión social complementaria y, al escribir estas líneas, la hostelería barajaba la creación de un esquema de ahorro sectorial que podría beneficiar a 1,9 millones de trabajadores.
Los percances climáticos, cada vez más frecuentes y severos, son un claro ejemplo de casos de falta de protección.
Pero poner en marcha estos esquemas de ahorro lleva tiempo. Por eso, debería establecerse un régimen transitorio que permitiese a los trabajadores por cuenta propia y a los autónomos realizar aportaciones a sus sistemas de previsión social individual de hasta 5.000 euros al año, mientras no cuenten con un sistema de empleo de su sector o empresa al que contribuir. La cifra no es casual. Este importe es el límite establecido por las diputaciones forales, donde se mantiene un impulso a la previsión social en todas sus variantes.
También se debería ir más allá en los incentivos a las empresas para que constituyan sistemas de previsión social para sus trabajadores. Desde 2023, estas aportaciones no cotizan a la Seguridad Social hasta un límite de 1.431 al año. En opinión del sector asegurador, se debería ir más allá y permitir que todas las contribuciones realizadas a favor de los sistemas de empleo de los trabajadores no cotizasen, como sucedía hasta 2012. Otra forma de impulsar el ahorro pasaría por aumentar nuevamente los límites de aportación anual a los sistemas de previsión social individuales. Su disminución hasta los 1.500 euros anuales ha supuesto un recorte del ahorro para la jubilación de los españoles de 4.380 millones de euros, sin que por el momento haya habido un aumento del ahorro en el ámbito de la previsión social empresarial. El impulso a la previsión social empresarial que ha hecho el Gobierno es positivo, pero no debería realizarse a costa de los sistemas de previsión individuales.
El envejecimiento de la población no solo supone un reto para los sistemas de pensiones. También constituye un desafío en el ámbito de la salud al incrementar el gasto del Estado en servicios sanitarios públicos. De nuevo, la colaboración público-privada aparece como la vía para prestar el mejor servicio sanitario con los recursos disponibles. En este campo, el seguro sugiere establecer marcos de colaboración público-privada donde la atención sanitaria sea prestada por el actor que sea más eficiente, al tiempo que se mantiene la universalidad del acceso al servicio. Estos acuerdos permitirían atender a más gente y mejor con la misma cantidad de recursos, reducir las listas de espera y mejorar la calidad de la atención a los pacientes y disponer de las mejores infraestructuras para la atención sanitaria.
Finalmente, un análisis de las brechas de aseguramiento debe hacer mención de los nuevos riesgos. La digitalización de distintas facetas de la actividad empresarial e institucional trae aparejada un incremento de la eficiencia en la prestación de los servicios, pero también una vulnerabilidad frente a ataques informáticos y fallos tecnológicos. Para hacer frente a estas situaciones existen los seguros para riesgos cibernéticos. El desarrollo de estas protecciones constituye un gran reto técnico, financiero y operativo para las aseguradoras. El seguro necesita información sobre los percances que sufren empresas e instituciones para calibrar con mayor precisión los riesgos a los que se encuentran expuestas. Además, en el ámbito de la tecnología se produce eso que en la jerga aseguradora se denominan “cúmulos de riesgo”. Es decir, existe la posibilidad de que los sucesos adversos se superpongan y magnifiquen sus consecuencias. Para hacer frente a amenazas de gran escala y cerrar el déficit de protección frente a los riesgos emergentes, en el sector del seguro consideramos que, una vez más, la solución deberá pasar por la creación de esquemas de colaboración público-privada.