La peor sequía en dos siglos obligó a Catalunya a replantearse cómo obtiene, gestiona y financia un recurso cada vez más estratégico.
Las lluvias de este año han dado un respiro a las cuencas catalanas. Los embalses vuelven a ganar capacidad, los acuíferos se recuperan y la sensación de emergencia empieza a disiparse. Pero no hace tanto el panorama era muy distinto, con las restricciones, la preocupación constante y las imágenes de embalses vacíos encabezando las portadas de los medios. Hoy podría parecer que aquella crisis del agua ha quedado atrás, pero la realidad es bastante más compleja.
Catalunya lleva años conviviendo con episodios recurrentes de sequía, aunque el último marcó un antes y un después. Según el Servei Meteorològic, fue la más grave registrada en dos siglos. El momento más crítico llegó en 2024, cuando el sistema Ter-Llobregat entró en fase de emergencia con reservas por debajo del 16 %. Aquella crisis reveló algo que durante años había permanecido en segundo plano, y es que detrás del gesto cotidiano de abrir el grifo y que salga agua, existe una infraestructura vulnerable, cara de mantener y, hasta hace poco, invisible para buena parte de la ciudadanía.
La sequía también evidenció hasta qué punto la disponibilidad de agua condiciona la actividad económica y la competitividad del territorio. Sectores como la agricultura, la industria agroalimentaria, el turismo o determinados procesos industriales dependen directamente de un suministro estable y previsible. El impacto fue especialmente visible en el campo, con un PIB agrario catalán que cayó más de un 17 % en 2023, uno de los efectos económicos más claros de la falta de lluvias.
La opinión ciudadana
Esta nueva realidad ha acelerado un cambio de enfoque en la gestión del agua en Catalunya. Tecnologías como la desalación o la reutilización, tradicionalmente asociadas a situaciones de emergencia, dejan de verse como soluciones excepcionales para consolidarse como parte estructural del sistema hídrico, con un objetivo claro, como es reducir la dependencia de la lluvia y aumentar la resiliencia frente a un escenario climático cada vez más incierto. En esa misma dirección se orienta la futura Llei de Transició Hídrica, que aspira a garantizar la seguridad hídrica y, al mismo tiempo, la sostenibilidad ambiental, económica y social de todo el ciclo del agua.
¿Pero basta con disponer de más agua? La transición hídrica abre también otra discusión: cómo financiar la adaptación y hasta qué punto la sociedad está dispuesta a asumir el coste del cambio de modelo.
Aunque la sequía ya no abra los informativos, sigue muy presente en la opinión pública. Una encuesta reciente del Real Instituto Elcano muestra que Catalunya se sitúa entre las regiones con un mayor número de ciudadanos preocupados por los problemas vinculados al agua. Seis de cada diez catalanes expresan una inquietud elevada, aunque esa preocupación no siempre se traduce en una mayor disposición a asumir cambios de comportamiento o incrementos en la factura.
El PIB agrario catalán cayó más de un 17 % en 2023, uno de los efectos económicos más claros de la falta de lluvias.
La encuesta dibuja prioridades claras. Con el grifo urbano garantizado, en contextos de escasez la ciudadanía sitúa como prioridad el agua destinada a la agricultura. Este apoyo no se limita a regiones con fuerte peso agrario, como Murcia o Andalucía, sino que también aparece en territorios como Catalunya o Madrid, donde el campo sigue percibiéndose como un sector estratégico y especialmente vulnerable frente a la escasez. Al mismo tiempo, los ciudadanos catalanes sitúan la protección ambiental como la segunda prioridad, por delante de otros usos económicos, como la industria o la energía.
También ha cambiado la percepción sobre soluciones que hasta hace poco despertaban reticencias sociales. La reciente sequía contribuyó a familiarizar a la ciudadanía con sistemas como la reutilización potable indirecta en el río Llobregat, que se incorporó al abastecimiento del área metropolitana de Barcelona para garantizar el suministro urbano. Prueba de ello es que tanto la desalación como la reutilización de agua regenerada registran hoy niveles elevados de aceptación social, especialmente para usos como el riego de parques y jardines, los usos agrícolas e industriales, la descarga de cisternas o el llenado de piscinas, donde el apoyo supera el 80 %.
Las dudas aparecen cuando el agua entra en los hogares. Solo el 47 % afirma que bebería agua desalada y apenas un 26 % agua regenerada. En ambos recursos, la principal barrera para su uso es la desconfianza en la calidad del agua. Una percepción probablemente relacionada con los bajos niveles de confianza institucional, pues las administraciones responsables de la gestión del recurso no salen especialmente bien valoradas en la encuesta.
El mapa del consumo
Ahora bien, la percepción ciudadana sobre qué sectores consumen más agua no siempre coincide con la realidad. En Catalunya, muchos ciudadanos identifican al turismo o a la industria como los principales consumidores y como los usos menos eficientes. Esa visión no solo condiciona el debate público, sino que influye directamente en cuestiones clave. Cuestiones como, por ejemplo, quién debe asumir mayores esfuerzos de ahorro, cómo se reparten los costes de la transición hídrica y qué sectores deberían adaptarse con mayor rapidez a un escenario de mayor escasez.
En paralelo, tanto empresas como ciudadanos han ido ajustando progresivamente su consumo de agua. En Catalunya, el consumo doméstico ronda los 100 litros por habitante y día, uno de los niveles más bajos de España. Parte de esta reducción responde a una mayor concienciación ambiental, pero también al impacto de unas tarifas cada vez más elevadas y progresivas, que han incentivado consumos más eficientes.
El ajuste también se ha trasladado al tejido empresarial. Según datos de la Cambra de Comerç de Barcelona, las empresas con planes de ahorro de agua redujeron de media un 12 % sus consumos hídricos, con algunos casos que alcanzaron disminuciones de hasta el 25 %. Estas medidas se extendieron especialmente entre empresas industriales, de la construcción y de los servicios, obligadas a incorporar protocolos de ahorro y una gestión más eficiente del recurso.
Ese esfuerzo de ahorro ayuda a explicar por qué una parte de la ciudadanía percibe que el margen para seguir reduciendo el consumo es cada vez más limitado. De hecho, alrededor de un tercio de los catalanes considera que difícilmente podría recortar su uso diario de agua. Esta percepción, junto con el nivel de renta, es uno de los factores que más condiciona la disposición a aceptar posibles incrementos en la factura del agua.
Mayor resistencia generan las medidas de gestión de la demanda. Actuaciones como reducir el agua destinada al regadío o asumir incrementos en la factura generan menos apoyos. Todo ello pone de manifiesto que la adaptación hídrica no depende únicamente de la toma de conciencia sobre el problema, sino también de los costes, los sacrificios y las prioridades que la sociedad esté dispuesta a asumir.
El reto del precio del agua
Más de la mitad de la ciudadanía catalana afirma que estaría dispuesta a asumir incrementos moderados en la factura del agua siempre que esos recursos se destinen a mejorar infraestructuras hidráulicas y a garantizar el suministro. La disposición media a pagar se sitúa en torno a los nueve euros mensuales adicionales por hogar, una cifra que apunta a cierta disposición social a asumir parte del coste de la adaptación hídrica, aunque condicionada a la confianza en cómo se gestionen esos recursos.
En Catalunya, el consumo doméstico ronda los 100 litros por habitante y día, uno de los niveles más bajos de España.
El dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que Catalunya ya registra algunas de las tarifas de agua más elevadas de España. Aun así, una parte importante de la población sigue percibiendo el servicio como relativamente asequible frente a otros suministros básicos, como la electricidad o el gas, e incluso comparable al gasto en telefonía móvil o internet, aunque este último sea habitualmente más elevado. Esta aparente contradicción refleja hasta qué punto el valor económico y estratégico del agua continúa estando, en buena medida, infravalorado socialmente.
Algunas de las respuestas contrarias a asumir incrementos adicionales pueden interpretarse como “respuestas protesta”: no cuestionan tanto el valor del agua como la legitimidad de asumir nuevos costes. Entre los argumentos más frecuentes aparecen la desconfianza institucional; la percepción de que otros actores, como empresas o determinados sectores económicos, deberían asumir una mayor parte del esfuerzo; o la idea de que el precio actual ya es suficientemente elevado.
Si bien gestionar la escasez es una tarea compleja, gestionar la desconfianza puede resultar aún más difícil. Los desafíos del agua ya no son únicamente técnicos o económicos, sino que dependen también de cómo se percibe el problema y del grado de confianza que la ciudadanía deposita en quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo.
La última sequía dejó una idea difícil de ignorar: garantizar el suministro de agua ya no consiste solo en esperar a que llueva más. Harán falta inversiones, innovación, y decisiones incómodas sobre cómo financiar y gestionar un recurso cada vez más estratégico. El desafío ya no es únicamente cómo afrontar la próxima sequía, sino cómo asegurar un bien del que dependerá buena parte de nuestro futuro.