Para el desarrollo efectivo de la autonomía universitaria es necesario asegurar a las universidades públicas su suficiencia y estabilidad financieras.
Catalunya se encuentra en un cruce histórico. A los retos de escala europea y planetaria (cambio climático, transformación de la economía y del mercado de trabajo, conflictos sociales y populismos, pérdida de valores democráticos) debe sumarse la situación crítica de nuestro país, con problemáticas como una economía todavía de baja productividad, un mercado de trabajo infracalificado, un sistema educativo que es imprescindible mejorar, una transformación del sector energético en marcha y una sequía persistente. Y, queremos enfatizarlo, un sistema universitario y de investigación muy castigado por las últimas crisis desde los años 2008-2009 y hasta hoy.
Las universidades jugamos un papel estratégico en la sociedad del conocimiento. Una sociedad de progreso y una economía competitiva en el contexto global requieren de universidades sólidas que atiendan, con plena responsabilidad y garantías, a sus funciones primigenias: la formación de ciudadanos y profesionales, la investigación científica, la transferencia de conocimientos y el fomento de la innovación.
El conjunto de universidades públicas catalanas, agrupadas en la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), ha asumido sin ambigüedades una función social, cultural y económica remarcable. La inversión pública en las universidades catalanas produce impactos muy positivos: por cada euro público invertido en las universidades públicas éstas devuelven cuatro euros a la sociedad. Las universidades catalanas y su sistema de investigación tienen índices de producción científica mucho más elevados que el resto del Estado, los cuales, a pesar de una financiación insuficiente, nos sitúan en las primeras posiciones en las convocatorias competitivas del European Research Council (ERC).
Sin embargo, las crisis económico-financieras de los últimos quince años han impactado fuertemente en las universidades y su financiación pública. A la pérdida de inversión corriente para mantener la actividad docente y de investigación se añade la práctica desaparición de la inversión en infraestructuras, el grave envejecimiento de las plantillas, la temporalidad o precarización de parte del Personal Docente e Investigador (PDI), la insuficiente tecnificación de la plantilla del Personal Técnico, de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS) y la escasez de recursos para modernizar y digitalizar la Administración.
El Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento de Catalunya, así como la Ley Orgánica del Sistema Universitario y las Leyes de la Ciencia catalana y estatal, determinan la necesidad de un incremento significativo y sostenido de recursos para hacer frente a la insuficiente financiación de las universidades públicas: las cifras de inversión pública en educación superior y en investigación científica en Catalunya nos siguen situando en la cola de Europa. Si nos comparamos con las universidades de la Unión Europea-15, muchas de ellas duplican y, en algún caso, incluso triplican los presupuestos de las universidades catalanas. La financiación media de los países de la OCDE a su sistema de conocimiento es del 1,22 % del PIB, muy por encima de la situación en España en 2021, que según un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) es del 0,87% en el conjunto del Estado y en Catalunya, que es aún inferior, del 0,63% (del 0,64% y 0,50% respectivamente si tenemos en cuenta sólo las transferencias públicas).
En la Declaración de Calonge de 2024 las universidades públicas planteamos al Gobierno de la Generalitat retos absolutamente ineludibles.
Para dar alguna magnitud, en Catalunya la financiación pública ordinaria más inversiones del año 2019 era de 810,2 millones de euros y en 2023 de 1094,6 millones, con un incremento a precios corrientes en torno al 35%. Ahora bien, si excluimos compensaciones que no aumentan el presupuesto real (tales como los incrementos retributivos), hemos pasado de 761,5 millones de euros a 865,7 millones, es decir un incremento del 13,7% a precios corrientes. Si estos importes los miramos a precios constantes, eliminando el efecto que tiene el IPC, la evolución es negativa, de 761,5 millones de euros a 756,1, es decir -0,7%.
La Llei d’Universitats de Catalunya (LUC, 2003) establece que las universidades públicas gozan de autonomía económica y financiera. La financiación de los gastos de funcionamiento (sic) de las universidades se articula en base a tres conceptos: una aportación genérica; una segunda basada en la consecución de objetivos por vía de contrato programa, entendido como el instrumento de observación, diagnóstico, planificación y adopción de decisiones conjuntas entre el departamento de la Generalitat competente en materia de universidades y las universidades; y una tercera a través de convocatorias públicas. Adicionalmente, la financiación de las infraestructuras y equipamientos se articula mediante el Plan de Inversiones Universitarias (PIU). Como es habitual, la Ley también añade que los compromisos económicos de carácter plurianual son a cargo de los presupuestos de la Generalitat, lo que a menudo se traduce en un resultado insuficiente.
Todo ello se debería articular a través de un modelo de financiación de unas características que hoy deberíamos saber superar puesto que se trata de un modelo basado en el reparto entre las universidades de los recursos disponibles en el presupuesto anual y no en el resultado de las actuaciones de cada universidad ni en la evolución de las necesidades de gasto. El modelo actual no permite orientar estas necesidades ni refleja las políticas del departamento de la Generalitat competente en materia de universidades e investigación. Debemos además señalar que este modelo está congelado desde el año 2017, lo que significa que, desde entonces, la financiación de las universidades depende de las disponibilidades presupuestarias. No quiero dejar de decir que el Gobierno de la Generalitat ha hecho en todo momento esfuerzos para que el sistema universitario catalán no perdiera demasiado el pulso. Está claro, sin embargo, que sin la alta competitividad inherente a las universidades públicas catalanas este esfuerzo habría resultado marcadamente insuficiente.
Ni que decir tiene que abogamos por un nuevo modelo de financiación que abandone el modelo de reparto, que contribuya a construir una financiación no competitiva entre las universidades y a cumplir con los tres componentes esenciales que prevé la LOSU: un modelo que se fundamente en un contrato-programa; un modelo que se encuadre en un marco de financiación plurianual; un modelo que contenga un índice de evolución basado en la evolución de indicadores exógenos y que recoja variaciones reales de salarios, del IPC, etc., ajustable en su caso por medio de un factor de corrección según disponibilidades presupuestarias.
La realidad, marcada por las crisis económicas y políticas que ya hemos mencionado, ha superado con creces el escenario marcado por la LUC. En este sentido parece alentador el contenido de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023), que remarca que para el desarrollo efectivo de la autonomía universitaria es necesario asegurar a las universidades públicas su suficiencia y estabilidad financieras. Sin embargo, lejos de comprometer los recursos económicos necesarios traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de dotar a las universidades de los recursos económicos necesarios. La LOSU remite a un plan de incremento del gasto público para 2030 en el que el Estado, las comunidades autónomas y las universidades compartan el objetivo de destinar al menos el 1% del PIB al gasto público en educación superior. Si recordamos los porcentajes arriba mencionados, hay un claro margen de mejora. Se trata de un objetivo de carácter plurianual, vinculado a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
La LOSU articula tres grandes ejes de financiación: a) financiación estructural basal, suficiente para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, incluyendo los planes de estabilización del PDI y del PTGAS, gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, la investigación estructural y las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades (sic!); b) financiación estructural por necesidades singulares, tales como la dispersión territorial, el nivel de especialización de las titulaciones, la pluralidad lingüística de los programas, la existencia de infraestructuras singulares o de patrimonio cultural o artístico, etc.; y c) financiación adicional por objetivos en función del cumplimiento de objetivos estratégicos fijados en la programación y vinculados a la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento, la innovación, la internacionalización y la cooperación interuniversitaria. Todo ello aderezado con una financiación específica adicional para proyectos acotados en el tiempo a través de convocatorias públicas y un sistema de transparencia y rendición de cuentas en la gestión económico-financiera, que ciertamente es lo que menos nos preocupa, porque forma parte de nuestro compromiso público una gestión económica eficiente, responsable y transparente.
En base a estos argumentos las Universidades públicas catalanas hemos acordado la Declaración de Calonge (2024), en la que planteamos al gobierno de la Generalitat de Catalunya en cuestiones de financiación una serie de retos absolutamente ineludibles y que, sin embargo, podríamos considerar de mínimos: 1) alcanzar en 2025 una financiación pública basal y recurrente de 1.400 millones de euros para las universidades públicas y aprobar un compromiso de llegar, en 2030, al 1 % del PIB de Catalunya en inversión pública universitaria; y 2) acordar un contrato programa plurianual con cada universidad que permita planificar a medio plazo y disponer de una estrategia singular de cada institución, con autonomía universitaria y una plena rendición de cuentas.
Éstas son las medidas que permitirán a las universidades públicas catalanas mantener la capacidad de transformación y de progreso social y económico. Hoy en día disponemos de las herramientas normativas para hacerlo posible: el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento, la Ley Orgánica del Sistema Universitario y las Leyes de la Ciencia de Catalunya y del Estado. Sólo hace falta aplicarlas con decisión y persistencia, con políticas públicas que apuesten por el conocimiento, el talento y el valor añadido, y que consolide un sistema de universidades públicas abiertas y comprometidas con la sociedad.