Un mapa social en transformación, donde la disminución de la clase media, la crisis de la vivienda y la precariedad laboral redefinen la desigualdad.
España muestra un patrón creciente de fragmentación social. La reducción de la clase media y el aumento de la vulnerabilidad económica afectan a millones de hogares, situando al país entre los de mayor desigualdad de Europa. Según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por la fundación vinculada a Cáritas, la exclusión severa afecta actualmente a 4,3 millones de personas, un 52 % más que en 2007. El informe se fundamenta en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, que incluyó a 12.289 hogares de todo el territorio nacional, complementada con 22 informes territoriales que analizan la situación por comunidades autónomas, ciudades y diócesis.
Los datos permiten describir un panorama caracterizado por la combinación de esfuerzos individuales de integración con barreras estructurales que limitan sus efectos. A pesar de las condiciones adversas, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa realizan acciones orientadas a mejorar su situación, como la búsqueda de empleo, la formación, la activación de redes o el ajuste del gasto. Esta tasa de activación ha aumentado del 68 % registrado en 2021 al 77 % en 2024. No obstante, la capacidad de transformación de estas iniciativas se ve condicionada por dispositivos de apoyo fragmentados y recursos insuficientes.
Vivienda y precariedad
La vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores que reconfiguran la estructura social en España. Uno de cada cuatro hogares queda desplazado de condiciones habitacionales que garantizan una vida digna. Entre quienes viven de alquiler, el 45 % se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, el porcentaje más elevado de la Unión Europea. Este régimen de tenencia actúa como un mecanismo que atrapa a numerosos hogares en situaciones de vulnerabilidad prolongada, dificultando la consolidación de proyectos vitales autónomos.
El impacto del mercado inmobiliario en la cohesión social se evidencia en la tensión que sufre la clase media, cuya estabilidad se ve afectada por el aumento de los costes de la vivienda y la falta de alternativas accesibles. Este fenómeno incide de forma transversal en la estructura socioeconómica, dificultando la movilidad ascendente y acentuando las diferencias entre grupos sociales.
El 45 % de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.
El empleo, tradicionalmente entendido como el principal mecanismo de inclusión, ha perdido parte de su capacidad para garantizar estabilidad económica. Aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras, la precariedad laboral se ha instalado como norma para amplias capas de la población activa. El 47,5 % de los trabajadores –equivalente a 11,5 millones de personas– se encuentra en diversas formas de inseguridad laboral. Entre quienes viven en exclusión moderada o severa, más de un tercio tiene empleo, lo que evidencia la erosión del vínculo entre trabajo y protección.
La precariedad se manifiesta en contratos temporales, bajos salarios y jornadas parciales involuntarias, configurando trayectorias laborales discontinuas que dificultan la planificación familiar, el acceso a la vivienda o la acumulación de ahorro. Este escenario afecta especialmente a jóvenes y mujeres, dos grupos en los que la inestabilidad laboral se combina con otros factores multiplicadores de la exclusión.
La desigualdad es clave
La función protectora de la educación ha experimentado un desplazamiento significativo. La Educación Secundaria Obligatoria ya no actúa como un cortafuego frente a la pobreza. El nivel que marca una diferencia clara en las trayectorias de vida es el Bachillerato o la Formación Profesional. No alcanzar este tramo formativo multiplica el riesgo de caer en exclusión severa.
Al nivel educativo se suma el origen familiar como factor determinante. Las personas cuyos progenitores tienen un bajo nivel educativo presentan más del doble de probabilidades de vivir en situaciones de pobreza que quienes provienen de familias más formadas. Esta transmisión intergeneracional de la desigualdad indica que las condiciones de origen pesan más que el esfuerzo individual, determinando en gran medida las oportunidades de desarrollo.
La salud constituye otra dimensión clave de desigualdad. El deterioro asociado a la malnutrición o la incapacidad para sostener hábitos saludables se combina con dificultades crecientes de acceso al sistema sanitario. Entre las familias más vulnerables, el 6 % de quienes padecían enfermedades graves no recibió atención médica en el último año, una proporción que duplica la observada en el conjunto de la población.
La salud mental también refleja brechas significativas. Mientras que el 6 % de la sociedad cuenta con diagnósticos de ansiedad, depresión o trastorno adaptativo, el porcentaje supera el 12 % entre quienes viven en exclusión severa. Cuando el sistema público no cubre adecuadamente servicios esenciales o retrasa la atención, la alternativa suele ser el pago privado, lo que introduce una brecha adicional entre quienes pueden permitírselo y quienes quedan excluidos.
Ámbitos de exclusión
Las relaciones sociales actúan como red de contención ante la vulnerabilidad económica. Sin embargo, el aislamiento se ha incrementado notablemente entre quienes viven en exclusión severa. Aunque la soledad absoluta ha disminuido a nivel general –del 6,2 % de los hogares en 2007 al 4,7 % en 2024–, en la exclusión severa ha pasado del 3,2 % en 2018 al 16,6 % en 2024.
El debilitamiento del capital social se traduce en menor capacidad para acceder a apoyos informales, asesoramiento o redes de reciprocidad. Allí donde estas redes se rompen, los procesos de dependencia y vulnerabilidad se aceleran.
La exclusión no es un problema importado: el 69%, la gran mayoría, de las personas en exclusión son españolas.
El impacto de la exclusión presenta una marcada dimensión de género. Los hogares encabezados por mujeres han visto incrementarse su tasa de exclusión del 17 % en 2007 al 21 % en 2024. En las familias monoparentales, que en su mayoría están lideradas por mujeres, el salto es aún mayor: del 12 % al 29 % en ese mismo periodo.
Dentro del conjunto de hogares en exclusión severa, el 42 % está encabezado por mujeres, lo que supone un aumento de más de 15 puntos porcentuales desde 2007. La combinación de precariedad laboral, parcialidad y brecha salarial fuera del hogar con las responsabilidades de cuidados en el interior de la familia agrava su exposición a la pobreza.
Aunque el 69% de las personas en exclusión son españolas, la población de origen inmigrante presenta tasas significativamente superiores. El 47,4 % de las personas de origen extranjero vive en exclusión, una cifra que casi triplica la de la población autóctona, que se sitúa en el 15,3 %.
La situación administrativa marca una diferencia notable. El 68 % de las personas extracomunitarias en situación irregular están en exclusión, frente al 43 % de quienes cuentan con permiso de residencia. La lentitud de los trámites contribuye al aumento de situaciones de irregularidad, y el 62 % de quienes carecen de documentación está intentando regularizarse.
La discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, con especial incidencia en la población de origen africano. La orientación histórica de las políticas migratorias hacia el control y la gestión laboral, relegando la integración social, continúa generando desigualdades.
Brechas futuras
Los menores representan un tercio de la exclusión severa en España. La tasa de pobreza infantil alcanza el 29 %, situándose entre las más altas del continente.
En la juventud, 2,5 millones de jóvenes se encuentran en precariedad estructural, atrapados entre la temporalidad, la parcialidad involuntaria y salarios bajos. Los salarios de entrada al mercado laboral son entre un 15 % y un 30 % inferiores a los de generaciones anteriores, lo que genera un “efecto cicatriz” con impacto acumulado durante toda la vida laboral.
La fragmentación social se vincula a un modelo económico que ha intensificado su impacto sobre los límites ecológicos. La huella ecológica del país triplica la capacidad de su territorio. Si toda la población mundial consumiera los mismos recursos que la española, serían necesarios 2,5 planetas.
Los hogares con mayores ingresos consumen hasta tres veces más energía residencial y cuatro veces más transporte privado que los hogares con menores ingresos, generando un volumen desproporcionado de emisiones. Al mismo tiempo, 1,8 millones de hogares viven en vulnerabilidad energética.
El clima social actual combina precariedad vital con mayor conciencia de los riesgos globales. Este panorama no se traduce en acción colectiva, sino en comportamientos individualistas y en una menor confianza en las instituciones y en la democracia. Este entorno facilita la construcción de identidades excluyentes y de “enemigos simbólicos” hacia los que se proyectan inseguridades sociales.
En paralelo, los valores sociales muestran un desplazamiento: la igualdad pierde peso frente a la libertad individual, y el relato meritocrático mantiene su influencia pese al claro peso del origen familiar en las oportunidades reales de movilidad.
Entre las medidas recogidas en el informe se incluyen más de 85 propuestas vinculadas a empleo, vivienda, ingresos, educación, salud, alimentación, discriminación, cuidados, igualdad de género y transición energética. Estas medidas pueden orientar políticas públicas capaces de reducir la desigualdad, aunque se advierte que no bastan para afrontar nuevas formas de exclusión, especialmente las vinculadas a la tecnología y al deterioro ambiental.