Valentí Pich es presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, entidad que agrupa a 33 colegios y a unos de 50.000 profesionales, y socio-director del despacho BNFIX PICH especializado en asuntos fiscales, económicos y legales, con sede en Barcelona. Ante su reciente contribución al documento Libro verde de la fiscalidad de Catalunya, elaborado por 48 expertos de Foment del Treball, que aboga por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, le entrevistamos para conocer su opinión acerca de las reformas fiscales que necesitaría tanto Catalunya como el conjunto del Estado español. Desde una perspectiva liberal de la economía, Pich se posiciona a favor de avanzar hacia un nuevo sistema de financiación más transparente que fomente el ahorro y la inversión.
¿En qué situación se encuentra la economía española, europea y mundial?
Están pasando muchas cosas y muy rápido. El mundo está inmerso en numerosas tensiones geopolíticas. Europa cuenta con inflación y deuda fiscal, ya que los gobiernos europeos no quieren tensionar excesivamente las sociedades tras la experiencia de la anterior crisis financiera. En el caso español, nos encontramos en un momento de crecimiento, especialmente por el turismo y los servicios ligados a él, que han generado una gran eclosión, una situación de solvencia de las empresas españolas, un incremento de los ingresos ligado a la inflación y una situación de endeudamiento público.
Hablemos de fiscalidad. Parece que las grandes empresas pagan menos impuestos a nivel porcentual que las pequeñas y medianas empresas. ¿Habría que aplicar reformas?
Las grandes empresas pagan el núcleo duro del Impuesto de Sociedades, muchas de estas grandes empresas están internacionalizadas y ya pagan impuestos en sus países de origen. En cuanto a las empresas nacionales que cotizan en la bolsa española, pagan una cantidad importante de sus impuestos en el exterior, ya que es allí donde realizan gran parte de su actividad. Cosa diferente son las empresas transnacionales, de mucho valor añadido, que juegan en otra liga. Lo cierto es que, en el caso de la renta, a partir de determinado nivel con tipos estandarizados que ya superan el 50%, el grueso recae sobre las grandes empresas.
¿Es posible una nueva arquitectura fiscal internacional con un impuesto mínimo global de sociedades de “al menos el 15%” que obligue a las (100) multinacionales más grandes del mundo a tributar una parte de sus beneficios en los países donde tienen actividad, aunque no cuenten con presencia física, como lleva tiempo diseñando la OCDE?
La posibilidad de llegar a acuerdos a nivel mundial en este momento es muy escasa. Desde luego, es menor que hace unos años. Hay importantes tensiones geopolíticas, replanteamiento de bloques, vuelta a una autonomía económico-financiera… Sería conveniente que se alcanzaran acuerdos, y la OCDE pensaba aplicar esta norma a finales de 2024, pero la situación internacional ha llevado a retrasar la medida por lo poco propicio de la situación. En el caso de Estados Unidos, si algunas de las empresas de referencia estaban replanteándoselo, han decidido poner esta medida en stand-by.
Además, en este mundo tan cambiante, nos enfrentamos al avance de la inteligencia artificial y los robots ocuparán cada vez más puestos de trabajo. ¿Es posible gravar a los robots mediante un impuesto sobre el hipotético salario que una persona cobraría si realizara el mismo trabajo que un robot o mediante un impuesto que grave el valor de los robots, como sucede con los vehículos? ¿Cómo podemos adecuar la economía a esta nueva realidad?
La sociedad española ya cuenta con un conocimiento avanzado y una sólida infraestructura digital, que se ha visto impulsada a través de los fondos Next Generation EU. Es importante ser conscientes de que el avance digital puede implicar una reestructuración de empleos, la desaparición de algunas necesidades y funciones laborales y el impulso de otras, incluso dentro de un mismo sector, pero la clave ahora es garantizar una utilización eficiente e inteligente de estos recursos digitales para aumentar la productividad de la economía española. Las empresas están cada vez más enfocadas a la internacionalización y la digitalización, y son conscientes de las ventajas que esta última ofrece en términos de eficiencia. Por lo tanto, en lugar de especular sobre un futuro difícil de prever, debemos centrarnos en maximizar la eficiencia de la economía española a través de las tecnologías digitales.
¿En el conjunto del Estado, está bien repartida la fiscalidad o, en su opinión, habría que hacer modificaciones?
Creo que hay un consenso generalizado en que somos un estado federal, y en ciertos aspectos, estamos incluso más descentralizados que algunos estados federales. En los estados federados, por definición, existe una tensión entre el gobierno federal y los gobiernos federados, por lo que es necesario buscar mecanismos que gestionen esta tensión. En el caso español, contamos con un sistema de financiación caducado, y sería conveniente avanzar hacia un sistema de financiación transparente, en el que la población conozca quién paga esos impuestos y pueda comparar. Algunas comunidades, como Valencia y Murcia, están especialmente mal financiadas, mientras que otras dependen mucho del ciclo económico. Por lo tanto, sería necesario que los partidos políticos avanzaran hacia un sistema de financiación más equitativo y transparente. Es crucial definir unos servicios mínimos y permitir cierta competencia fiscal.
En Catalunya es preciso poner en marcha políticas que fomenten la actividad económica y aumenten la productividad.
Es verdad que nuestro modelo es complejo, con dos ciudades autónomas, dos regímenes forales y diecisiete regímenes autonómicos, pero creo que este modelo está agotado y genera confusión sobre quién paga qué. Desde Madrid a Catalunya, todos creen que están mal financiados. Por lo tanto, sería prudente establecer un modelo de financiación transparente que brinde estabilidad institucional para concentrarnos en asuntos importantes en lugar de perder el tiempo en disputas. Además, habría que implementar medidas fiscales que fomenten el ahorro y la inversión. Es importante que aquellos que puedan y deseen ahorrar tengan la oportunidad de hacerlo, ya que esto puede reducir la presión sobre el sector público.
¿Qué medidas necesitaría la fiscalidad de Catalunya? Usted ha contribuido al documento Libro verde de la fiscalidad de Catalunya, presentado por Foment del Treball, en el que se presentan un total de 80 propuestas, entre las que destaca la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio…
El tema impositivo siempre genera controversia. Los impuestos, por su naturaleza, implican extraer una suma de dinero de empresas y personas para financiar los servicios públicos, lo cual, por definición, es un acto coercitivo. El Impuesto sobre el Patrimonio no cuenta con una amplia aceptación, ya que en España ya se aplica el IBI. Además, carece de equivalencia internacional, salvo en países como Noruega, y genera injusticias, dado que implica un doble pago y afecta negativamente a la retención de talento.
En Catalunya, es especialmente importante generar estabilidad institucional a medio plazo, además de poner en marcha políticas que fomenten la actividad económica y aumenten la productividad. Debe dejar atrás esa idea generalizada de inestabilidad fiscal y de continuos cambios normativos repentinos y contar con una visión clara de lo que sucederá en los próximos años para poder poner en marcha proyectos desde la confianza y la tranquilidad. Esta estabilidad es especialmente importante para las pymes, que necesitan certezas para cualquier decisión o inversión. No es necesario competir por ser pionero en la aplicación de leyes, ni tampoco mantener diferencias significativas en impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales respecto a otras regiones. Lo que Catalunya necesita es promover la estabilidad, la previsibilidad y la competitividad para impulsar su desarrollo económico.