Que la morosidad se va a convertir en un problema en los próximos meses no es un secreto para nadie que esté preocupado por el tema.
La inflación, la subida de los tipos de interés, la ralentización económica y, especialmente, la ausencia de instrumentos legales que permitan controlar los plazos de pago, auguran tiempos difíciles para pymes y autónomos. Ya podemos ir preparando el zafarrancho de combate.
El problema es generalizado en occidente. En Europa hasta los países nórdicos han empezado a levantar la voz de alarma y hemos leído noticias incluso de Australia y Nueva Zelanda, donde los largos plazos de pago nunca habían sido un problema.
Según los datos publicados por Eurostat este mes de agosto, las declaraciones de quiebra se dispararon en el segundo trimestre de 2023 un 8,4% en el conjunto de países de la UE, siendo el dato español del 19,9%. Casi nada. De hecho, la propia UE advirtió en mayo sobre la incidencia de los datos españoles sobre la media europea.
Al margen de otros problemas relacionados con la legislación específica declarada durante la pandemia, debemos recordar que en España nunca ha habido especial disciplina por parte de nuestro empresariado con respecto al problema y escasa preocupación por parte de los diversos gobiernos. De hecho, la tramitación de una proposición de ley para implantar un régimen sancionador que atajara el problema durmió el sueño de los justos durante casi tres años y quedó definitivamente suspendida en mayo, con la convocatoria de elecciones generales.
El flujo de efectivo lo es todo para una pyme y sabemos, por crisis anteriores, que no enfrentarse decididamente contra los largos plazos de pago trae consigo la destrucción de empresas y de puestos de trabajo.
Recordemos que no hay financiación más barata para aquellas empresas que puedan permitírselo que retrasar sus pagos, haciendo recaer el coste sobre el proveedor. Pero ahora, como todos sabemos, ese coste se ha incrementado exponencialmente.
La Ley Crea y Crece aprobada ahora hace un año trajo consigo dos novedades importantes en la materia: la limitación de las subvenciones públicas a aquellas empresas que incumplieran la ley de morosidad y la creación de un observatorio estatal de la morosidad. Por cierto, la primera de estas medidas fue propuesta por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, conocedora de la dificultad de nuestros legisladores para arbitrar medidas más concretas y directas.
Precisamente el asunto de las subvenciones puso de manifiesto la dificultad de encontrar empresas que abonaran sus facturas dentro de los plazos legales de pago, lo que obligó al Gobierno a maniobrar —mediante decreto ley publicado ya en tiempo de descuento— a relajar las condiciones de medición del cumplimiento de la obligación de pago en plazo legal, ampliando así el abanico de posibles empresas beneficiarias de subvenciones. Todo esto en tiempos de lluvia de fondos europeos. Imagínense.
Por otro lado, fantasear con que un observatorio de la morosidad va a acabar con los problemas reales de cobro de nuestras pymes es vivir en otro planeta. El observatorio aportará datos, cuya fiabilidad dependerá de su independencia. Pero no generará soluciones si incumplir la ley de plazos de pago no tiene consecuencias negativas para el infractor. En todo caso, con el asunto del observatorio de la morosidad, también vamos con retraso ya que aún no tenemos noticias de su constitución.
Cualquier gestor debe anticiparse a un problema. Y planificar soluciones y alternativas para eliminarlo o al menos limitarlo. Sin embargo, siendo la cuestión sobradamente conocida, apenas hemos visto unas pocas referencias al tema en los programas electorales de las pasadas elecciones.
Ante este panorama, la Comisión Europea ha tenido que tomar cartas en el asunto. A mediados de septiembre ha aprobado una propuesta de reglamento que entre otras cosas reduce el plazo máximo de pago a 30 días, enumera las cláusulas contractuales abusivas más comunes como nulas e implanta un régimen sancionador en todos y cada uno de los países miembros de la UE. El buen gestor. Si el texto consigue, como esperamos, superar con éxito el periodo de enmiendas, nos encontraremos ante un panorama distinto al actual, mucho más esperanzador para nuestras pymes y autónomos.
Estábamos necesitando ya que alguien se tome el asunto con la seriedad que merece. Roguemos ahora por que la presidencia española comunitaria dé un rápido impulso a un tema tan trascendente como lo es este, y aproveche la oportunidad para liderar la lucha contra la morosidad ante las pymes y autónomos europeos.