El reto es que, por primera vez en años, la construcción pueda crecer a un ritmo similar al del resto de la economía catalana.
El sector de la construcción en Catalunya ha sido históricamente un pilar fundamental de la economía, pero en las últimas décadas ha perdido peso dentro de la estructura productiva del país. Este declive ha afectado su capacidad de mejorar la competitividad y contribuir al bienestar de la ciudadanía. Desde 2008, el déficit de inversión pública ha ido en aumento, limitando el desarrollo de infraestructuras clave recogidas en el informe CAT-100 de Foment del Treball.
La crisis de 2008 marcó un punto de inflexión, con una caída del 89% en el mercado de obra pública, la desaparición de más de 43.000 empresas y la pérdida de más de 250.000 empleos. Durante la década siguiente, la licitación pública se mantuvo en mínimos históricos, lo que ralentizó y paralizó la ejecución de infraestructuras estratégicas. Como resultado, la construcción pasó de representar el 10,5% del PIB en 2008 a solo el 4,8% en 2019.
La pandemia de 2020 agravó la situación con una contracción del 18,5%, la mayor entre los principales sectores económicos de Catalunya. A esto se sumaron la crisis logística y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que encarecieron los materiales y la energía, dificultando la recuperación del sector.
En 2023, el sector creció un 1,8%, por debajo del 2,6% del PIB catalán. Según datos preliminares de 2024, la construcción ha vuelto a crecer un 1,8%, mientras que el PIB lo ha hecho al 3,6%, lo que evidencia su pérdida de peso en la estructura económica catalana.
La licitación pública alcanzó los 3.443 millones de euros en 2024, un aumento del 3,7% respecto a 2023. Sin embargo, sigue lejos del umbral recomendado de 6.608 millones de euros (2,2% del PIB catalán). La falta de inversión ha generado una acumulación de necesidades en infraestructuras valorada en 42.500 millones de euros, afectando la competitividad económica y la calidad de vida. Desde 2008, apenas se han finalizado grandes infraestructuras, lo que pone de manifiesto el retraso en inversiones esenciales.
Para 2025 y 2026, la estabilización de los precios de los materiales podría aportar mayor certidumbre a los costes de los proyectos, mientras que una posible reducción de los tipos de interés haría más atractivas las inversiones. En este contexto, la edificación residencial podría convertirse en un motor de crecimiento para el sector, dado que la vivienda se ha situado en el centro del debate político y tanto promotores privados como públicos parecen decididos a responder a la creciente demanda.
En cuanto a la inversión pública, la Generalitat de Catalunya ha aprobado este mes de febrero el plan Catalunya Lidera, que prevé inversiones por valor de 18.500 millones de euros entre 2025 y 2030. Gran parte de estos recursos se destinarán a infraestructuras clave en movilidad, conectividad, energía, recursos hídricos y vivienda. Si el plan se ejecuta correctamente, podría tener un impacto positivo en la economía y revitalizar el sector de la construcción.
Otro factor que podría impulsar la actividad es el ciclo electoral municipal. Históricamente, la segunda mitad de los mandatos locales se ha caracterizado por un aumento en la licitación de obra pública, por lo que a partir de 2025 podríamos ver un repunte en los proyectos impulsados por los ayuntamientos.
Por otro lado, los fondos Next Generation EU llegarán a su fin en 2026, lo que representa una última oportunidad para aprovechar su impacto en el sector.
En este escenario, las previsiones para el sector son moderadamente optimistas, con la posibilidad de que, por primera vez desde 2019, la construcción crezca a un ritmo similar al del resto de la economía catalana. No obstante, la clave radicará en la capacidad de las administraciones para revertir la falta de inversión y atender las necesidades de infraestructuras y vivienda. Solo un compromiso firme con la inversión estratégica, que trascienda los ciclos electorales, permitirá que la construcción recupere su papel como motor económico y contribuya a mejorar la competitividad y el bienestar en Catalunya.