La sostenibilidad tiene un precio: debemos cambiar nuestra mentalidad y algunos de nuestros hábitos de compra y consumo.
Podría empezar este artículo aludiendo al cambio climático y a cómo está afectando a los consumidores y usuarios, a las repercusiones de la invasión rusa y su implicación en nuestros intereses, al tsunami provocado por la factura energética desbocada desde el pasado verano de 2021 y otras decenas de situaciones que afectan a las personas consumidoras de manera directa. Y es que, sinceramente, creo que hay pocas cosas que no tenga que soportar el consumidor, porque en muchas ocasiones se habla de las empresas, de los trabajadores… pero, al final de todos los eslabones siempre está el consumidor.
Hoy, en el siglo XXI, y más concretamente en el año 2022, nos encontramos con un consumidor mucho más formado e informado, muy crítico con su entorno, pero lleno de incertidumbres, no solo a consecuencia de la situación o el entorno inflacionista y de tensión internacional, sino por el simple hecho de los cambios que la pandemia nos ha traído, o por la aceleración sufrida en el proceso de digitalización de la sociedad debido a esa misma pandemia. En definitiva, y como habitualmente se dice: llueve sobre mojado.
Personalmente llevo más de 35 años intentando proteger y defender los intereses de consumidores y usuarios, de mejorar su bienestar, de evitar la prepotencia de algunas empresas y políticos, de buscar un plano de igualdad entre unos intereses y otros, para evitar que los derechos de unos pisoteen los de los otros, en definitiva, buscando un cierto equilibrio que nos permita convivir de la mejor manera posible. Y, aunque se han conseguido muchas cosas, en la actualidad los retos, las fracturas, los desequilibrios se han multiplicado en un momento especialmente delicado, casi hablaría de la tormenta “casi” perfecta, pero en sentido negativo.
Por un lado, llevamos algunos años hablando, enseñando y concienciando en términos de sostenibilidad, pero la sostenibilidad, por lo menos al principio, tiene un precio, principalmente porque debemos cambiar, primero nuestra mentalidad y, después, algunos de nuestros hábitos de compra y consumo. Además no es un cambio rápido, que sin duda se ha complicado con la pandemia que aún hoy estamos viviendo, seguida de un caos en el sector energético (que veíamos venir y habíamos denunciado en muchas ocasiones) con una factura energética disparada que ha hecho (12 meses después) movilizar a la Unión Europea para intervenir decididamente (ya veremos qué significa esto) en el mercado energético. Y, como no teníamos bastante, en enero de este año empezamos a notar esa tormenta inflacionista que viene provocando una pérdida progresiva de poder adquisitivo entre la ciudadanía. Aunque los primeros meses cerca de un 20% de la población (los que habían podido generar ahorro en los 12 primeros meses de la pandemia por la rebaja en gasto en ocio y consumo interno) había podido tirar de ahorro para equilibrar la descompensación entre subida de precios y subida de salarios, pensiones… estos ahorros se acaban y se unen estas familias a aquellas que no habían generado ahorro o, inclusive, habían perdido ingresos en pandemia. Y empezó a subir el nivel de endeudamiento familiar y por eso hoy, en este inicio de otoño de 2022, decimos que empezamos un período muy complejo para las familias en general y para los más vulnerables en particular, máxime porque no vemos que nuestros dirigentes hayan puesto en marcha medidas que, a corto y medio plazo, provoquen cambios estructurales (porque pequeños parches sí que han puesto, y muchos) que nos permitan vislumbrar un paisaje menos desolador en el último trimestre del año. No es cuestión de pesimismo ni alarmismo, sino un baño de pura realidad.
Pero la pregunta es: ¿hay soluciones? Y la respuesta la debemos dar conjuntamente, nuestros gobernantes, el sector económico–empresarial, los sindicatos y las asociaciones de consumidores que, con la Ley en la mano, representamos a los casi 50 millones de consumidores y usuarios que hay en nuestro país.
Nosotros, desde CECU, creemos que sí hay soluciones pero, desde luego, no hay milagros, y que estas soluciones se deben aplicar, y decididamente, para empezar a notar pequeños cambios que, de manera progresiva, vayan modificando nuestro entorno. Con suerte nos harán mucho más sostenibles y, sin duda, solventarán ciertas dependencias que hoy en día padecemos.
Primero, debemos empezar por la transparencia y esto es, sin duda, algo generalizado a todos los sectores, aunque principalmente al energético y el financiero.
Segundo, debemos generar sistemas de tarifas en los mercados de suministros más justas. Nadie entiende que paguemos todos los MW al precio del que se produce de manera más costosa.
Tercero, hay que invertir decididamente en formación y concienciación en la población y no cuando tenemos hábitos adquiridos (que también) sino principalmente cuando los cerebros son esponjas y estamos construyendo la educación de nuestros menores.
Cuarto, pongamos en valor lo que realmente lo tiene como, por ejemplo, en alimentación los productos autóctonos, que no solo nos dan sabor y salud sino que son auténticos generadores de actividad económica, principalmente en los entornos rurales donde la despoblación es una auténtica lacra para los territorios (hasta aumenta el riesgo de incendios, como se está viendo en los últimos años).
Quinto, no dejemos que las grandes empresas marquen los tiempos ni las normas, sino que asuman su papel de servicio a los consumidores y respondan a nuestras expectativas o necesidades.
Debemos empezar por la transparencia, y esto es algo generalizado a todos los sectores, aunque principalmente al energético y el financiero.
Sexto, que la Administración juegue el verdadero papel de supervisar los mercados para evitar abusos. Si hubiéramos dispuesto de un buen sistema de control en el sector financiero no hubiéramos tenido que enviar a cientos de miles de familias a los tribunales de justicia para reclamar contra los abusos cometidos por una amplia parte de la banca hacia sus clientes.
Séptimo, dotemos a la sociedad de un sistema de participación efectivo que permita defender la posición de los consumidores frente a otros intereses, buscando un equilibrio en las fuerzas que propongan normas más justas y compensadas.
Octavo, prioricemos la sostenibilidad progresiva, y analicemos con sosiego si es más provechoso la generación de nuevos impuestos y medidas coercitivas, que al final casi siempre terminan pagando los consumidores, o la opción de los beneficios y ayudas fiscales.
Noveno, protejamos de verdad a los consumidores más vulnerables, lo sean por razones económicas, de capacidad, por lugar de residencia, por edad, etc.
Podríamos continuar así con diez, cien o mil medidas más, que estamos dispuestos a exponer y a debatir con nuestros gobernantes y con aquellos encargados de asesorarles. Multipliquen todos ellos su actividad y dedicación para intentar, junto con la sociedad civil, que la situación actual revierta y empecemos a ver luces claras y potentes que nos generen la certidumbre necesaria para salir de este difícil momento.
Y, para terminar, un simple “recuerdo” a nuestros gobernantes: si las Asociaciones de Consumidores queremos participar en la búsqueda de soluciones es para ayudar y no para complicar la situación que están viviendo de primera mano las familias españolas. Por eso, es tan importante escuchar y enriquecer las decisiones con aquellos que realmente se preocupan por la búsqueda de soluciones.