Inversores y empresarios por una economía que, generando beneficios económicos, busque también dar soluciones a los problemas sociales y del medio ambiente.
“Podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza global y la última en prevenir las peores consecuencias del cambio climático antes de que sea demasiado tarde”, aseguraba Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas (2007-2016), ante la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Qué marcaba esta agenda? “Una oportunidad histórica y sin precedentes para unir a los países y las personas de todo el mundo para decidir y emprender nuevas vías hacia el futuro”, remarcan desde las propias Naciones Unidas. Y esto lo recogen en 17 nuevos objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo que se protege el medio ambiente.
Aunque la Agenda 2030 es algo más complejo que solo los 17 ODS, podemos resumir sus principios fundamentales en:
– Universalidad: tiene un alcance universal y recomienda a todos los países, independientemente de sus niveles de renta y su situación en materia de desarrollo, a que contribuyan a un esfuerzo global a favor del desarrollo sostenible.
– No dejar a nadie atrás: pretende redundar en beneficio de todos y se compromete a no dejar a nadie atrás, llegando a todas aquellas personas necesitadas y marginadas, estén donde estén, a fin de responder a sus problemas y vulnerabilidades específicos.
– Interconexión e indivisibilidad: se sustenta en la naturaleza interconectada e indivisible de sus 17 ODS. Es crucial que todas las entidades responsables de la consecución de los ODS los aborden en su totalidad, en lugar de enfocarlos como una lista de objetivos individuales entre los que se puede elegir.
– Inclusión: hace un llamamiento a la participación de todos los segmentos de la sociedad, independientemente de su raza, género, grupo étnico e identidad, para que contribuyan a su aplicación.
– Cooperación entre múltiples partes interesadas: demanda la creación de alianzas entre múltiples partes interesadas para la movilización y el intercambio de conocimientos, experiencia, tecnología y recursos financieros que contribuyan a la consecución de los ODS en todos los países.
Eduardo Galeano dice que las utopías nos ayudan a caminar, a luchar por conseguir nuestros objetivos, individuales y colectivos, a esforzarnos y a no decaer. Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) tienen una dosis de utopía imprescindible para generar la fuerza movilizadora que blinde su cumplimento y desencadene un movimiento global transformador. ¿Qué requerimos para que se hagan realidad? “Voluntad, energía y determinación. Trabajo sin pausa hasta 2030. El plan está tan pautado, vigilado y trabado que no tiene escapatoria de cumplimento una vez asumido. Es el instrumento para pasar de la gestión del pasado a la organización del futuro”, aseguraba Cristina Gallach, quien fue responsable del desaparecido Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno español. En otras palabras, de la propia Gallach, “necesitamos acciones concretas, porque es verdad que si no aterrizamos la Agenda 2030 nos quedaremos solo con unos mensajes que suenan muy bien”.
Pero, ¿hemos aterrizado la Agenda 2030 para poder cumplir con ella en el plazo establecido? Los informes anuales presentados por Naciones Unidas no presentan datos muy optimistas: “si bien se han realizado progresos en estos últimos años, cuando ha transcurrido un tercio del tiempo para cumplir la Agenda, el mundo no va por buen camino para cumplir los Objetivos marcados”. En este contexto, el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decidió denominar la década siguiente como la “Década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, instando a todos los agentes a aumentar drásticamente el ritmo y la escala de las actividades de ejecución. No obstante, en 2020, en lugar de acelerarse la acción sobre los ODS, se produjo un estancamiento y retroceso en algunas áreas debido a la irrupción de la pandemia de la Covid-19. “La pandemia ha demostrado nuestra incapacidad colectiva para unirnos y tomar decisiones conjuntas en aras del bien común, incluso ante una emergencia mundial inmediata y potencialmente mortal”, recordó Guterres al presentar su informe de 2021 ante la Asamblea General. El titular de la ONU destacó que las organizaciones multilaterales no estuvieron a la altura de los actuales retos mundiales y que su actuación fue “demasiado débil y fragmentada”, dejándonos a merced “de un futuro de grave inestabilidad y caos climático”. En definitiva, si no queremos que la Agenda 2030 caiga en saco roto como lo fueron sus predecesoras, debemos ponernos las pilas.
Responsabilidad de todos
Y aunque, como se extrae de las declaraciones de Guterres, los Estados tienen mucha responsabilidad sobre la consecución de ese desarrollo sostenible, la realidad es que cumplir con éxito lo establecido en la Agenda 2030 no solo depende de ellos: todos debemos estar implicados para hacer realidad el cambio de modelo. En este contexto, adquiere especial relevancia el sector privado porque, tal como decía el economista Michael Porter, “la filantropía y el Estado no tienen recursos suficientes para hacer frente a los problemas actuales de la sociedad. Es necesario que el sector privado, que mueve cinco veces más de capital, se involucre”.
Como vemos actualmente en las noticias casi todos los días, ese sector privado –sobre todo empresas, emprendedores e inversores– se ha puesto las pilas en los últimos años. Quizás, en este sentido, el actor que lo muestra de una forma más directa y tangible es el inversor, presentando un incremento exponencial de la inversión de impacto en el mundo hasta alcanzar los 715.000 millones de dólares en 2019, según datos del Global Impact Investment Network (GIIN). Haciendo zoom de esos números para España, el último informe de SpainNAB reflejaba que la inversión de los fondos de impacto se había incrementado un 34% en 2020, llegando a los 536 millones. No obstante, en este informe, ya se incluía otro tipo de actores dentro de este sector –como la banca ética, las fundaciones, las aseguradoras y los fondos de pensiones–, lo que refleja un total de 2.378 millones de activos bajo gestión en 2020.
Esas cifras y, sobre todo, la evolución que muestran al alza, son muy buenas noticias, pero no suficientes. En la charla “From ESG to Impact” del 8º S2B Impact Forum, el congreso sobe economía de impacto que organiza Fundación Ship2B y que se celebró el pasado mes de noviembre, Cliff Prior, CEO del Global Steering Group for Impact Investing, recordaba que para llegar a la neutralidad climática y resolver los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son necesarios 90.000 millones como mínimo. “Esto no lo puede conseguir la administración pública sola, sino que tenemos que movilizar el capital privado para el bien público. Por eso es importante implicar a todos los inversores y empresarios en esta transformación hacia la economía de impacto”, remarcaba Prior.
Esto pone el foco cada vez más sobre las empresas. En este punto diferenciamos entre las empresas de reciente creación, muchas de las cuales ya nacen con objetivos claros de impacto social o medioambiental y las empresas tradicionales, que cada vez irán más hacia maneras de hacer mucho más orientadas al impacto social o medioambiental, poniendo más énfasis en este aspecto en sus modelos de negocio. “Tras una primera fase de toma de conciencia y consideración de alternativas, los líderes empresariales deben comprometerse e iniciar la transformación de sus organizaciones hacia los modelos de impacto. Esto ya no va de publicar informes de sostenibilidad ni de buenas intenciones, sino de repensar los modelos de negocio, de tener las personas y equipos capaces de provocar un cambio sistémico”, remarca Xavier Comas, asesor de estrategia y startups.
“La filantropía y el Estado no son suficientes ante los problemas actuales, es necesario que el sector privado se involucre”
Michael Porter
En este contexto, “conscientes de que el futuro de la humanidad –y de la economía– pasan por reequilibrar nuestra relación con el planeta, por acabar con la pobreza y la exclusión, reducir las desigualdades y ofrecer una vida digna al máximo número de gente posible, cada vez más grupos de interés ponen presión sobre el sector privado para que se implique, no solo dejando de dañar, sino, sobre todo, aportando soluciones”, asegura también Clara Navarro, cofundadora y directora general de Fundación Ship2B.
Entre esos grupos de presión encontramos:
– La propia legislación y políticas públicas. Por ejemplo, la regulación europea en materia de cambio climático y medio ambiente, que está sirviendo de driver para empujar a las empresas a iniciar el camino hacia el impacto. ”Desde la taxonomía europea sobre sostenibilidad, hasta las nuevas directivas en materia de residuos, envases o materiales, pasando por los fondos Next Generation enfocados a una recuperación verde, son fuerzas imparables que están fomentando una auténtica revolución en los negocios”, remarca Navarro. En este sentido, la administración pública tiene un gran reto de divulgación y transparencia, ya que, como indica el estudio de Grant Thornton, son muchos los empresarios que ven en la dificultad para entender la nueva regulación un obstáculo para los avances en materia de sostenibilidad.
– Otro grupo de presión es también el inversor que, como la administración pública, juega a dos bandas, teniendo que cambiar sus propios procesos a la vez que empuja a otros agentes a transformarse. Así, los inversores están cambiando sus criterios de inversión y poniendo mucho mayor peso en factores de impacto social y medioambiental. “Cada vez será más difícil para las empresas financiarse si no mitigan su riesgo climático y demuestran un comportamiento ejemplar en materia de impacto”, asegura la cofundadora de Ship2B.
– También el cliente final o consumidor empieza a ejercer presión a través de la demanda de productos más responsables, ecológicos, kilómetro cero, sin packaging, etc.
– “Y nos olvidamos a veces del talento. Sí, la capacidad del talento más cualificado y demandado de exigir un propósito auténtico a su empleador está siendo subestimada. Y al trabajador es más difícil engañarle con palabras vacías porque puede acceder a información interna más fácilmente”, recuerda Navarro.
En este último punto aparece implícito uno de los riesgos en los que más coinciden los expertos: el greenwashing o impactwashing, ya que son muchos los que aprovechen la falta de estándares internacionales claros y la complejidad de encontrar datos transparentes y comparables para esconder sus acciones bajo una capa de impacto no real. Por ello, el gran reto ahora de la economía de impacto es demostrar que es de verdad y que no solo es sostenible a nivel social y medioambiental, sino también a nivel económico. Y esto se conseguirá definiendo estándares internacionales que nos ayuden a consensuar definiciones y mecanismos de medición y transparencia.
¿Qué significa economía sostenible?
Entendemos la sostenibilidad desde tres ámbitos:
– Sostenibilidad ambiental: la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y debemos velar por su protección y un uso racional. Aspectos como el cuidado del medio ambiente, la inversión en energías renovables, el ahorro de agua, la apuesta por la movilidad sostenible o la innovación en construcción y arquitectura sostenible contribuyen a lograrla.
– Sostenibilidad social: fomenta el desarrollo de las personas, comunidades y culturas para conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad y educación adecuado y equitativo.
– Sostenibilidad económica: busca impulsar un crecimiento económico que genere riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales. Una inversión y reparto igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo completo.
¿Qué es la economía de impacto?
Es aquella que pone al mismo nivel el binomio riesgo-rentabilidad y el impacto social y medioambiental. En otras palabras, la economía de impacto es aquella que busca dar soluciones sostenibles y justas a los problemas sociales y medioambientales de nuestra sociedad, generando también beneficios económicos.
La economía de impacto busca dar soluciones a los problemas sociales y medioambientales generando también beneficios económicos.
Por tanto, en una Economía de Impacto:
– Las empresas y emprendedores buscan optimizar el trinomio rentabilidad, riesgo e impacto y se dotan de una misión para contribuir a resolver retos sociales o medioambientales relevantes, y hacerlo desde su mismo modelo de negocio y estrategia
– Los inversores buscan un retorno social y medioambiental intencionado y medible a la par que una rentabilidad financiera, y como tal gestionan sus inversiones, presionando para conseguir ese impacto.
– El Tercer Sector se moderniza, desarrolla estrategias más sofisticadas para financiarse, recurriendo a modelos de negocio sostenibles y definiendo y midiendo sus resultados.
– Los consumidores y el talento toman decisiones teniendo en cuenta el impacto de estas y, por lo tanto, demandan información transparente y comparable sobre las actividades de las empresas, y valoran aquellas que defienden una causa o misión.
– Y las administraciones públicas incentivan esa transformación en los distintos actores de la economía, y generan un marco legal, tributario y político favorable.