La inmigración representa un reto y una oportunidad en la que tienen que estar involucrados todos: los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
“La inmigración es un asunto inseparablemente bilateral, dual, recíproco: afecta a quien llega, pero también a quien acoge; una vez ambos entran en contacto, en la medida que sea, sin el primero, el segundo no sería lo que es, y viceversa. Y es que todo hecho migratorio, directa o indirectamente, lleva a replanteamientos varios, en todas partes y en todo el mundo”.
Esto, que escribían Francesc Candel y Josep Maria Cuenca en 2001 en Los otros catalanes del siglo XXI, se hace hoy en día más vigente que nunca en una sociedad como la catalana, donde más del 70% de su población tiene sus orígenes en las migraciones del siglo XX. Andreu Domingo, demógrafo y autor del libro Catalunya al mirall de la immigració, asegura que “los flujos migratorios constantes han configurado el país que tenemos ahora” y esto lo reafirma Andreu Domingo en el artículo ‘Las olas migratorias y el debilitamiento del catalán: ¿qué ha pasado?’, publicado en el Diari Ara: “Sin inmigración en el siglo XX, de los 1,8 millones de 1900 la población de Catalunya habría crecido hasta los 3 millones de habitantes, menos de la mitad de los 7,7 registrados en 2021. Como resultado, su peso en España se habría reducido: del 7,2% estimado sin migraciones al 15,5% con migraciones en 2000 y el 16,4% veintiún años más tarde”.
Situándonos en cifras actuales, la población extranjera (nacida fuera de España) residente en Catalunya es de cerca de 1,3 millones de personas, según datos del padrón de habitantes a 1 de enero de 2022, y representa el 16,3% de la población catalana, según el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). Esto significa que el número de extranjeros aumentó en 21.145 personas durante 2021, después de haber experimentado una bajada de casi 10.000 personas en 2020, situándose en el porcentaje más alto de la historia de Catalunya.
Respecto a las procedencias, la población extranjera residente en Catalunya es bastante heterogénea y están representadas más de 170 nacionalidades. Según los mismos datos de Idescat, la comunidad marroquí es la más numerosa (235.278) y equivale al 18,5% de los extranjeros. El segundo lugar lo ocupa la población rumana (86.528) con una representación del 6,8%. Le siguen las comunidades italianas (76.826) y la china (63.228), que representan el 6% y el 5% respectivamente.
Ampliando estos datos a toda España, nos encontramos que el número de residentes en España nacidos en el extranjero a 1 de enero de 2022 ascendía a 7.506.870 personas, lo que representa el 15,8% de la población total (prácticamente una de cada seis personas). ¿Cuál es la importancia de esta inmigración? Responde Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT: “Si nuestro país no tuviera inmigración, tendría graves consecuencias económicas, humanas y sociales. Tendríamos menos población activa, menos habitantes, menos pensiones y una ciudadanía más envejecida”, ya que las cotizaciones sociales a la Seguridad Social serían un 10% menores sin la población inmigrante, según refleja un informe del propio sindicato.
Paliar el envejecimiento
De hecho, Cristina Antoñanzas destaca que, sin el aporte de la población de nacionalidad extranjera y de la nacionalidad española nacida en el extranjero, “la población total de España apenas se habría incrementado en un millón de personas en 21 años”. Y refuerzan esta idea algunos de los titulares que han ido apareciendo este verano centrados en la ciudad de Barcelona como ‘Barcelona envejece: ya nacen menos niños y niñas que en 1900’, publicado por 324, o ‘La ciudad sin niños: en el 78% de los domicilios de Barcelona no viven menores de edad’, redactado por El Periódico, o ‘La natalidad en Barcelona cae en picado. En el 2021 se registraron tan solo 11.510 nacimientos’, incluido en una editorial de La Vanguardia.
Esto nos enlaza con el gran problema que están teniendo países como el nuestro: un proceso de “envejecimiento” de la población como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de la baja natalidad. Es aquí donde la inmigración cobra una importancia crucial y “se la considera uno de los factores clave para mantener la solidaridad intergeneracional sobre la que se asienta el Estado del bienestar”, aseguran desde Funcas.
En este contexto, Funcas llama la atención sobre la ausencia de un debate público acerca de esta cuestión en España. “Un escenario demográfico como el de España exige planteamientos razonables y debates públicos sosegados sobre la inmigración. Es cada vez más urgente utilizar los conocimientos y las evidencias disponibles para diseñar una política de inmigración que concilie de la mejor forma posible las necesidades de la economía y del sistema de protección social con las preferencias de la población residente y con la integración de los inmigrantes”, concluye.
Ley y economía sumergida
Y en este debate público, uno de los primeros puntos debería ser el replanteamiento de la Ley de Extranjería. “Muchas veces asociamos inmigración con precarización. Y tenemos que entender que no es un binomio necesario, sino que la precarización de las personas migradas viene dada, en muchas ocasiones, por las leyes que regulan su presencia en el país”, apuntan fuentes de la Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo de la Generalitat de Catalunya.
Los prejuicios vienen, en muchos casos, porque “la ciudadanía en general, y también muchas personas que se dedican a la función pública, no conocen cuáles son las condiciones de supervivencia de las personas migradas en el caso de que entren en nuestro país de manera irregular”, añaden, recordando que la mayoría de esas personas llegan a España por Barajas con una visa de turista. La Ley de Extranjería, buscando evitar un “efecto llamada”, pide a las personas migrantes que, para regularizar su situación, primero no deben tener antecedentes penales y deben haber estado empadronadas durante tres años para poder acceder a un trabajo. En otras palabras, les permite estar en el país, pero no les permite estar cotizando. Pero estas personas deben sobrevivir, “por lo que las estamos abocando directamente hacia una economía sumergida, que no reporta a nivel de impuestos, reconocimientos, derechos…”, remarcan desde la Generalitat.
Las necesidades reales del mercado actual hacen que, o siempre haya economía sumergida, o que se regule, como ya se ha hecho en otros países, a cuánto se debe pagar la hora. “Los empresarios no paran de decirlo: falta personal para trabajos puntuales y que tendrían mejores condiciones si la ley fuera diferente”, explican desde la Dirección General de Migraciones, Refugio y Antirracismo. Añaden que, además, esta situación hace que incluso se den situaciones de semi esclavismo, sobre todo en el mundo de las internas y las profesionales de las curas. “La diferencia entre lo que cobran estas personas y el sueldo mínimo es de más de 400 euros, incluso hay quienes ni siquiera reciben dinero líquido, sino que trabajan a cambio de poder dormir y comer en esa casa”, aseguran. Y en estos casos ni las ayudas son suficientes: la campaña de regularización de personas migrantes que estaban haciendo trabajo de curas que lanzó la Generalitat hace unos años, a través de la cual, si se daba de alta a la persona, el Gobierno pagaba la seguridad social y los impuestos relacionados durante los primeros 12 meses, fue un fracaso. “Teníamos 2 millones de euros para esta campaña, pero solo se presentaron 50 expedientes. Esto nos demuestra que debemos ir más allá y que debemos tener la valentía de cuestionar esta Ley de Extranjería que tenemos para cambiar la situación de las personas migrantes”, reclaman.
Un trabajo de proximidad
Con el objetivo de paliar en cierta manera los efectos de la Ley de Extranjería y promover la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas migradas en Catalunya, la Generalitat aprueba la Ley 10/2012, del 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas a Catalunya. El objetivo de esta ley es hacer efectivo el principio de igualdad y alcanzar así una mayor cohesión social.
“Nuestra función, desde la Dirección General y, por tanto, desde la Generalitat de Catalunya, es, por un lado, suplir las carencias de derechos que tienen las personas migradas, porque no son visibles, y, por otro, trabajar para que haya una convivencia y un reconocimiento para dimensionar que inmigración no es igual a conflicto y a precarización. Por eso, nosotros desplegamos algunos proyectos que implementan los municipios a través de un acuerdo marco, que se revisa cada cuatro años y que intenta que haya actividades territorializadas, que sean iguales para todos, pero también que tengan en cuenta la idiosincrasia de cada municipio y de las personas que llegan a él”, explican desde la Generalitat. Esto sale de un presupuesto público de la Generalitat, pero son los ayuntamientos los que deben implementarlos, porque son los que están cerca de las personas y conocen la realidad del día a día.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible recoge el compromiso de que la migración debe ser “ordenada, segura, regular y responsable.
Lo cual nos lleva a un punto clave: la inmigración representa un reto y una oportunidad en la que tienen que estar involucrados todos: los Gobiernos, tanto centrales como locales, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales o regionales. “Es preciso que los municipios integren las temáticas migratorias en sus agendas de planificación, con el apoyo de los Gobiernos centrales. La incorporación de un enfoque de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas permitiría el acceso de todos a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo y al transporte de manera digna”, reclaman desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En este sentido, se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en la que se adquirió el compromiso de que la migración sea “ordenada, segura, regular y responsable”. “Esto no significa que de repente se abran las fronteras para todos, independientemente de la soberanía o la seguridad, sino que representa un compromiso de aprovechar la migración y la movilidad como una parte normal y beneficiosa de la economía mundial del siglo XXI”, remarca.
Como hemos visto, aún nos queda mucho para cumplir con esta premisa. ¿Seremos capaces de cambiar las reglas de juego y cumplir con los plazos y los compromisos establecidos en esa Agenda 2030?