Facilitar su viabilidad y adaptación no solo beneficia a quienes trabajan por cuenta propia, sino que refuerza la resiliencia y competitividad del conjunto de la economía.
En Catalunya hay 577.000 trabajadores autónomos. Se trata de un colectivo diverso, en el que el 57 % son personas que operan como persona física; un 33,6 % desarrollan su actividad a través de una sociedad; y un 9 % son familiares contratados por el autónomo u otras situaciones.
El autónomo siempre se ha caracterizado por ser una figura híbrida, con un componente empresarial y otro laboral. Para poder desarrollar su trabajo necesita, primero, que la actividad económica que lo sustenta sea viable. Ello implica asumir una doble función: trabajar en el negocio y, al mismo tiempo, gestionarlo.
El contexto económico actual, marcado por cambios constantes, una creciente exigencia regulatoria y la necesidad de adaptación tecnológica, refuerza todavía más este componente empresarial. Ya no basta con dominar un oficio o prestar un buen servicio. Mantener una actividad exige invertir, planificar, incorporar tecnología y personas, gestionar riesgos y tomar decisiones empresariales de forma permanente.
Detrás de la mayoría de pequeños negocios no hay departamentos especializados ni estructuras complejas. Hay una persona que desarrolla su actividad profesional y, al mismo tiempo, debe gestionar las condiciones que permiten que esa actividad sea viable y pueda perdurar en el tiempo. Por ello, este entorno cambiante resulta especialmente exigente para los negocios más pequeños.
Esta doble dimensión laboral y empresarial debería tener también su reflejo en el marco que regula el trabajo autónomo. Porque no basta con proteger a la persona que trabaja: es necesario generar las condiciones para que la actividad económica que sustenta ese trabajo sea viable, pueda invertir, desarrollarse y, en su caso, crecer. Y, cuando se produzcan situaciones de vulnerabilidad, debe proteger a la persona y facilitar la continuidad del negocio.
Los estudios realizados por Pimec Autònoms muestran que hay margen de mejora. Aspectos como la carga fiscal, la jubilación, las prestaciones sociales, la burocracia o la continuidad de la actividad en caso de baja aparecen como las principales preocupaciones del colectivo, incluso por delante de cuestiones directamente vinculadas a la propia actividad, como facturar, captar clientes o la irregularidad de los ingresos. En definitiva, una parte importante del esfuerzo no se destina a la actividad, los clientes o el desarrollo del negocio, sino a gestionar las condiciones que lo rodean.
Dichos estudios evidencian también las dificultades del autónomo y la microempresa para crecer. Estas dificultades vuelven a concentrarse en la burocracia y la fiscalidad, así como en las propias capacidades de la persona, la gestión de personal y el riesgo asociado al fracaso.
No es una cuestión menor. En Catalunya, el 92 % de las empresas son microempresas, ya sean negocios individuales o empresas con menos de nueve personas contratadas. Una economía con más capacidad de adaptación, más innovación y mayor productividad necesita que miles de pequeños negocios puedan dedicar más recursos a su actividad, a la inversión y a la adaptación a los cambios, y menos a superar obstáculos administrativos.
Este cambio de perspectiva obliga también a replantear el papel de las políticas públicas. La pregunta relevante pasa a ser si el sistema favorece la viabilidad y continuidad de estas actividades, facilita que puedan invertir y adaptarse y, cuando existe voluntad y oportunidad para hacerlo, favorece también el crecimiento. Al mismo tiempo, debe ofrecer una protección adecuada cuando aparecen situaciones de vulnerabilidad.
En este contexto, la fiscalidad deja de ser únicamente un instrumento recaudatorio para convertirse también en una herramienta de competitividad; y la protección social, en un instrumento capaz de dar respuesta a las situaciones de adversidad.
La futura implantación del IVA franquiciado es un buen ejemplo. Más allá de su impacto económico directo para determinados profesionales, representa una oportunidad para reducir cargas administrativas y simplificar obligaciones que consumen un tiempo especialmente valioso en negocios de pequeña dimensión.
En un entorno como el actual, mantener un negocio requiere también capacidad para invertir. Y esa necesidad aumenta cuando el negocio crece. En esta línea, recientemente se ha reducido el Impuesto sobre Sociedades de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en el caso de las personas físicas, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) mantiene una escala progresiva que, a partir de determinados niveles de rendimiento, reduce los recursos que pueden permanecer en la actividad para consolidarla, invertir o crecer.
Esta cuestión adquiere todavía más importancia en un momento en que los pequeños negocios deberán afrontar inversiones continuadas para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante. Digitalización, inteligencia artificial o nuevos requerimientos regulatorios no implican costes puntuales, sino una necesidad permanente de adaptación. Mantener parte de los beneficios en la propia actividad facilita esta adaptación. Y favorece, al mismo tiempo, la capitalización del negocio y su capacidad para invertir, ganar dimensión y mejorar su competitividad.
En definitiva, no se trata únicamente de cuánto se tributa, sino también de cómo la fiscalidad incide en la capacidad de capitalización y, en consecuencia, en la competitividad y las posibilidades de crecimiento.
La futura implantación del IVA franquiciado permitirá reducir cargas administrativas y liberar tiempo en los pequeños negocios
La protección social también debe adaptarse a esta realidad híbrida. La reforma del sistema de cotización iniciada en 2023 supuso un cambio de paradigma al vincular las bases de cotización a los rendimientos netos. Sin embargo, la realidad del trabajo autónomo es extraordinariamente diversa. No todos los negocios tienen los mismos ciclos, ni las mismas necesidades, ni la misma capacidad financiera en cada momento. Por ello, mantener un sistema que permita ajustar la cotización a la evolución de los rendimientos y conservar margen de flexibilidad supone adaptarlo mejor a la realidad de cada negocio.
La cuestión, por tanto, no puede limitarse a cuánto se cotiza, sino que debe incorporar también qué protección se obtiene y hasta qué punto esta responde a las particularidades del trabajo autónomo.
Esta reflexión afecta especialmente a situaciones como la jubilación, las bajas laborales o los permisos por nacimiento y cuidado del menor. En todos estos casos, la protección debe incorporar la doble dimensión del trabajo autónomo. Cuando una persona asalariada está de baja, existe una organización que mantiene la actividad hasta su reincorporación. En muchos negocios autónomos, en cambio, la ausencia de la persona puede implicar también la paralización total o parcial de la actividad. En el trabajo autónomo, proteger a la persona y facilitar la continuidad del negocio forman parte de la misma realidad.
Existe otro aspecto relevante: emprender implica asumir riesgos. Cuando el trabajo autónomo se desarrolla como persona física, persona y negocio conviven en un mismo patrimonio y los riesgos derivados de la actividad económica pueden acabar comprometiendo bienes esenciales para la estabilidad personal y familiar.
Limitar la exposición al riesgo de determinados bienes esenciales significa establecer un equilibrio entre responsabilidad y riesgo. Esta limitación puede favorecer la iniciativa empresarial y facilitar el desarrollo del negocio, una cuestión que adquiere mayor relevancia cuando la actividad crece.
Fiscalidad, protección social, simplificación administrativa y responsabilidad patrimonial responden, por tanto, a una misma lógica. No se trata de introducir medidas aisladas, sino de construir un marco coherente con la realidad actual del trabajo autónomo y con aquello que esperamos de estos negocios.
Hoy pedimos a las empresas que sean más innovadoras, más digitales, más sostenibles y competitivas. Les pedimos que inviertan, que se adapten rápidamente a los cambios y que incorporen nuevas formas de gestionar. En los negocios más pequeños, estas exigencias tienen un mayor impacto porque recaen sobre menos personas y, muy a menudo, sobre una sola.
El trabajo autónomo sigue siendo una de las principales puertas de entrada al emprendimiento y el origen de buena parte del tejido empresarial. Algunas de estas actividades crecerán; otras mantendrán su dimensión, pero todas deberán seguir invirtiendo, adaptándose y transformándose para continuar siendo viables.
Por ello, facilitar su viabilidad y adaptación no beneficia únicamente a quienes trabajan por cuenta propia, sino que refuerza la resiliencia y competitividad del conjunto de la economía. Si la realidad del trabajo autónomo ha cambiado, el marco que lo regula debe evolucionar también y contemplar las dos dimensiones que lo definen: la persona que trabaja y la actividad empresarial que hace posible ese trabajo.