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Resolver el presente sin hipotecar el futuro energético

Nadie quiere asumir costes, lo que requiere mecanismos institucionales y políticas públicas adecuadas que tengan en cuenta las complejas vertientes del problema.

En los últimos meses los problemas energéticos han vuelto a ocupar un lugar central: la escalada de los precios de la electricidad ha sido su manifestación más visible, convirtiéndose en un tema de preocupación para el conjunto de las familias y las empresas. Más allá de las cuestiones de los vertiginosos ascensos de precios, los rumores, incluso acerca de eventuales problemas de disponibilidad, han generado algunas respuestas alarmistas.

No se trata ni de un tema nuevo, ni de un tema solo coyuntural. Contar con energía accesible ha sido una preocupación permanente a lo largo de la historia. En ocasiones, las pugnas por su control han determinado gran parte de las dinámicas geopolíticas más importantes. Y desde hace algún tiempo todo lo relativo a la eficiencia y seguridad en los suministros de energía han vuelto a primer plano en el día a día. Uno de los informes que elabora periódicamente el World Economic Forum se refiere precisamente a ello, formando parte del listado de temas merecedores de análisis y seguimiento, en paralelo a otros destacados mediáticos análisis sobre competitividad o riesgos globales, por citar solo algunos de los más emblemáticos.

Adicionalmente, las preocupaciones por la necesidad de llevar a cabo una transición hacia fuentes de aprovisionamiento energético más sostenibles han introducido un nuevo vector en la siempre compleja ecuación de los suministros energéticos, sus fuentes, precios, disponibilidad y consecuencias sociales y medioambientales. Las compartidas razones para un tránsito hacia fuentes menos contaminantes se han encontrado con unos problemas y costes de transición que se están revelando más delicados de lo esperado. Todo ello a pesar de que las problemáticas para una transición fueron señaladas desde un inicio en varios planteamientos, entre ellos los del European Green Deal.

Como siempre que se trata de un problema complejo, están presentes varios ingredientes de diversa índole que trataremos de resumir. Esta multiplicidad de causas tiene una consecuencia peligrosa ya que cada uno de los responsables de una de esas motivaciones del problema tiende a minimizar su propia responsabilidad para desplazar a los demás la culpabilidad y la necesidad de correcciones que impliquen asumir costes. Entre todos, colaboran a los problemas, pero nadie quiere asumir tales costes, lo que requiere mecanismos institucionales y políticas públicas adecuadas que tengan en cuenta todas las complejas vertientes de los problemas.

El sistema de fijación de precios de la electricidad en España y otros países es uno de los aspectos controvertidos. Se trata, en esencia, de que en cada momento es necesario contar con varias fuentes diversas de suministro energético, desde las más baratas a las más caras. A la vista de la demanda existente (o anticipada de un día para otro) se marca como precio vigente del suministro eléctrico el del kilovatio más caro, el kilovatio marginal, el último necesario para atender la demanda. Los defensores de la racionalidad económica argumentan que esa es la forma en que funcionan los mercados, con el coste marginal de la última unidad que llega al mercado marcando el precio. Ante las críticas de los beneficios considerados extraordinarios de todos los proveedores de las unidades más baratas de energía que se retribuirán también a ese más elevado precio se esgrime que se trata, precisamente, de la forma de incentivar a una provisión más eficiente del producto. En este caso, la energía eléctrica.

Se divisan fuentes de tensiones que, de no ser gestionadas adecuadamente, podrían reducir el apoyo social al green recovery.

Naturalmente, toda bella formulación teórica se empaña cuando se contrasta con el crudo mundo real. La estructura con importantes elementos de oligopolio que tiene el mercado eléctrico y la considerable divergencia entre costes medios de provisión de electricidad y los costes marginales de los últimos kilovatios generados son algunos de los factores que obligan a matizar la deseabilidad y la eficiencia del modelo marginal en la fijación de precios. La capacidad de influir sobre los precios aleja de la optimización atribuida a ese sistema marginal elaborado para entornos en que esa clase de distorsiones no debería existir. La forma concreta en que se aplica el modelo marginal en España, con precios que van variando hora a hora, introduce volatilidad en los precios, a diferencia de otros países de nuestro entorno en que los precios (tomando como referencia siempre el coste marginal) se establecen para períodos sustancialmente más amplios, atenuando la sensación de montaña rusa que acrecienta la alarma social. En España, una política de protección al consumidor que convierte la tarifa regulada en más cara y volátil que las accesibles a usuarios con más poder/capacidad de negociación evidencia que las regulaciones públicas son manifiestamente mejorables. Estamos ante una posible aplicación al sistema eléctrico del enfoque de la captura del regulador por parte de los teóricamente regulados.

Más allá de estos factores acerca del funcionamiento del sistema de fijación de precios, en la elevación reciente de los precios de la electricidad se apuntan otros factores que enlazan con los costes de transición hacia un sistema energético más sostenible. Por un lado, la estrategia para inducir a reducciones en las emisiones de dióxido de carbono se ha basado, sobre todo en Europa, pero asimismo de forma creciente en otros países, en la exigencia de comprar derechos de emisiones de dióxido de carbono por parte de las actividades más contaminantes, entre las que están buena parte de las generadoras de electricidad. El alza reciente de esos derechos en el afán de ir haciendo más estricto el control de las emisiones de gases de efecto invernadero estaría contribuyendo a la elevación de costes en el suministro energético. Y, por otra parte, al encarecimiento del gas, crucial para algunas formas de producir electricidad (centrales de ciclo combinado, etc.), por razones que van desde conflictos geopolíticos (fricciones con Rusia, tensiones en el Norte de África…), presuntos acaparamientos de provisiones por parte de algunos países (entre ellos algunos de los asiáticos más destacados), y asimismo los costes medioambientales que también alcanzan a la producción de gas, además de costes de transporte, todo ello estaría coadyuvando a otro impulso al alza de los precios energéticos.

Aparece, pues, aquí una conexión entre los problemas del corto plazo acerca de los precios de la electricidad y los asociados a la transición a formatos más sostenibles de suministro de energía: las medidas implementadas para reducir las emisiones más contaminantes, muchas de ellas originadas en el aprovisionamiento de energía, contribuyen a encarecer a corto plazo la electricidad, con impactos sociales sobre familias y empresas que se están revelando importantes. Las reducciones de actividad de algunas empresas, las quejas sobre el lastre generado a su competitividad, son ya noticia, así como las dificultades para las familias de menor poder adquisitivo. Se divisan fuentes de tensiones que, de no ser gestionadas adecuadamente, podrían acabar reduciendo el apoyo social a las estrategias de green recovery, de articular una salida de la pandemia que debería permitir avanzar en paralelo también en sostenibilidad. Hay que tener claro, pues, que dar una adecuada respuesta a los problemas de corto plazo es importante asimismo para el apoyo social, empresarial y político a la necesaria transición a energías más sostenibles, con sentido de futuro. Y por ello el coste de no responder ahora adecuadamente puede ser más gravoso de lo esperado.

Tanto en los debates sobre el precio de la electricidad a corto plazo como en los referidos a la transición a formatos más sostenibles, ocupan un lugar central los planteamientos acerca de otras fuentes de energía, como la nuclear o las energías renovables. Estas últimas son la gran esperanza, ya que su adecuado desarrollo permitiría mejorar simultáneamente en eficiencia y sostenibilidad. Pero deben enfrentarse a algunos obstáculos, que van desde la lentitud a la imperfección con que se han gestionado desde los poderes públicos, con criterios cambiantes que han generado inseguridad empresarial, jurídica y económica, más allá de las eventuales presiones de lobbies con diversos intereses contrapuestos. Pero, asimismo, algunos planteamientos que introducen nuevos elementos de sensibilidades, que algunos consideran que convendría no ofender, gravitan en contra de una adecuada implantación de unas energías renovables en las que España tiene unas ventajas de todo tipo que sería insensato seguir sin aprovechar al máximo. Y similares recelos están haciendo que la energía nuclear, por la que apuestan de forma rotunda países como Francia y China, quede para algunos incluso fuera de las opciones a considerar, lo que posiblemente es un lujo que no podemos permitirnos, al menos a la vista de las capacidades ya instaladas y con todavía potencial de aprovechamiento.

En resumen, se trata de unos problemas complejos, en que corto y largo plazo interactúan, y en los que solo pueden encontrarse soluciones con un planteamiento que asuma la multiplicidad de vertientes implicadas, reconociendo, asumiendo y superando los diversos y poderosos intereses en juego, incluso en conflicto. Las dificultades son enormes pero mayores dosis de transparencia y racionalidad ayudarían a afrontar la delicada situación.

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