En plena crisis sanitaria de 2020, la economía mundial parecía retraerse y Europa no era una excepción. Con el fin de dar un soplo de aire fresco y encauzar una difícil situación, desde Europa se desarrollaba un plan de ayudas de 750.000 millones de euros para los diversos países. España y Catalunya reciben una parte de estos fondos europeos Next Generation. ¿Cómo se reparten? ¿Qué sectores reciben mayor cantidad? ¿Cómo se está estructurando tales ayudas en Catalunya? Tiene las claves, Aleix Cubells, director general de Fons Europeus i Ajuts d’Estat, del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, quien, en esta entrevista nos ofrece una radiografía de la situación de estos fondos en Catalunya y qué es lo que se está haciendo en la actualidad con las ayudas.
¿En qué consisten las subvenciones de los fondos europeos en este momento?
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se aprobó en julio de 2021, es muy ambicioso y está muy estructurado. Concretando, consta de cuatro ejes, diez palancas, 30 componentes, 110 inversiones, y a cada una de estas palancas le corresponde una temática, un presupuesto y hay un organismo detrás, casi siempre un ministerio, que es el encargado de desplegar estos recursos. Los cuatro ejes son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Los fondos que de momento han llegado a Catalunya en mayor medida corresponden a los ámbitos de agenda urbana, rehabilitación, movilidad eléctrica y placas solares. Se trata de convocatorias muy masivas, cuyo despliegue está siendo más lento debido a la dificultad que comporta gestionar un volumen muy elevado de recursos diseminado en ayudas de importes pequeños dirigidos a miles y miles de beneficiarios. También hemos recibido recursos para ciencia, que se están desplegando más rápido porque se están aprovechando instrumentos que las empresas, los centros de investigación y las universidades catalanas ya utilizaban antes. Y finalmente, la línea de modernización del tejido industrial también ha movilizado muchos fondos tanto para el Kit Digital como para el PERTE del vehículo eléctrico. De este último, del que solo se adjudicaron 800 millones de los 3.000 millones iniciales, Catalunya recibió una parte muy importante: el 24% de los recursos que se resolvieron llegaron a empresas catalanas.
¿Cómo se estructura este despliegue de recursos?
Los fondos llegan a Catalunya principalmente por cuatro canales: concesiones directas del Estado a entidades catalanas, a través de decretos o convenios; licitaciones estatales que se adjudican a empresas; resoluciones de convocatorias estatales que benefician a todo tipo de entidades u organizaciones que hayan presentado sus proyectos a convocatorias de subvenciones de concurrencia simple y competitiva del Estado; y finalmente asignaciones de transferencias que el Gobierno español distribuye a las comunidades autónomas y que tienen como objetivo llevar a cabo aquellas acciones dictaminadas por el ministerio correspondiente.
Los recursos que llegan a través de este cuarto canal están muy acotados, es decir, las comunidades autónomas no reciben los fondos para que hagan lo que consideren más oportuno. Por ejemplo, para cumplir con el objetivo de impulsar la instalación de placas solares en el territorio, sino que la orden de bases de cada convocatoria viene determinada por cada ministerio, sin dejar ningún margen de maniobra a los gobiernos autonómicos. Y aquí reside una parte importante de los cuellos de botella que nos encontramos, porque los instrumentos que estamos utilizando no siempre son los óptimos.
¿Por qué cree que los instrumentos no son los adecuados?
Lo explico con un ejemplo: el Institut Català de l’Energia (ICAEN) es el encargado de gestionar las ayudas para la compra de un coche eléctrico. Este tipo de ayudas están ajustadas a la Ley General de Subvenciones que obliga a hacer una revisión del proceso de solicitud y otra del proceso de justificación por cada expediente. Estamos hablando de decenas de miles de expedientes. Por otra parte, nosotros defendemos medidas alternativas más eficaces, como la que ha aprobado recientemente el gobierno central que consiste en una deducción del IRPF para la compra de vehículo eléctrico.
Catalunya lo está haciendo bien, gestionando los fondos que ha recibido hasta ahora más rápido que los demás territorios del Estado.
El sistema de cogobernanza del despliegue es muy asimétrico. El Estado puede llegar a otorgar una subvención de 450 millones de euros a una sola empresa con un solo expediente, mientras que nosotros gestionamos ayudas por valor de 3.000, 5.000 o 10.000 euros. Y cuando digo “nosotros”, me refiero a cualquier comunidad. Los cuellos de botella se están dando en todas las comunidades.
En cualquier caso, Catalunya lo está haciendo bien y está gestionando los fondos que ha recibido hasta ahora más rápido que los demás territorios del Estado. Estamos haciendo lo que toca, por un tema de formación, de dimensionamiento de los equipos humanos, de sensibilización. Los departamentos de la Generalitat publican las licitaciones y convocatorias tan rápido como les es posible.
Existe un registro de subvenciones, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que recoge todas las subvenciones concedidas por las administraciones públicas. Nosotros hemos hecho una explotación de esta base de datos y hemos visto que el 29% de los recursos que han salido de las CC.AA. a cargo de los fondos Next Generation, han sido de Catalunya. Así que la velocidad de movilización es satisfactoria en relación con lo que nos permite la normativa del Plan. De todas formas, pensamos que lo podríamos hacer mejor si tuviéramos más margen de maniobra.
¿De qué forma se reparten estos fondos en Catalunya?
Si hacemos un análisis semántico del PRTR, observamos, por un lado, que como “recuperación”, el objetivo es que el dinero llegue rápido y de forma masiva. Pero si nos fijamos en los otros dos sustantivos: “transformación y resiliencia”, lo que tendríamos que estar haciendo es destinar los recursos a proyectos que realmente trasformen la economía y los sistemas de generación de valor para el futuro. Y aquí es donde también hay mucha asimetría, porque si bien Catalunya representa el 25% del PIB industrial, no podemos priorizar fondos para impulsar una determinada política industrial en nuestro territorio. De todos los ministerios, el de Industria, Comercio y Turismo es el que menos recursos ha traspasado a las comunidades y se ha reservado la gestión de los fondos dedicados a política industrial. En el caso de Catalunya, se trata de una auténtica anomalía.
Concretemos entonces el despliegue.
Si observamos el despliegue de los recursos en el primer tramo, que son los que se asignan a Catalunya, le han correspondido 3.400 millones de euros, de un total de 22.000 millones de euros que el Estado traspasa a las CC.AA. de los cuales en junio nos han ingresado un 84% y ya hemos movilizado un 77%. La velocidad de despliegue, insisto, sigue siendo buena. En el bloque de convocatorias del Estado, se han resuelto ayudas por valor de 7.200 millones de euros, 1.400 millones de los cuales –un 19,4%– ha llegado a Catalunya. Quedan no resueltos o desiertos 15.500 millones de euros, que se deberán redirigir.
Cuando los recursos los asigna el Estado, estamos hablando de un 15,4%, y cuando dependen del dinamismo y la iniciativa de las empresas, ayuntamientos y universidades catalanas que se presentan a las convocatorias de concurrencia competitiva que convoca el Estado, nos situamos por encima: un 19,4%.
Hay un tercer elemento, que son las licitaciones del Estado que tienen impacto en Catalunya, donde tenemos contabilizados 672 millones de euros. Y, finalmente, están las concesiones directas del Estado, que son las asignaciones que un ministerio puede conceder a una determinada entidad, como el ICFO o el BSC, para financiar algún proyecto concreto sin pasar por un proceso de concurrencia competitiva.
En conclusión, según nuestros cálculos, Catalunya ha recibido hasta ahora un total de 5.700 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU.
¿De qué forma las empresas pueden acceder a estas subvenciones y cuál es la función de la Generalitat?
Empiezo por la segunda parte de la pregunta. En el despliegue de los fondos Next Generation EU, el Gobierno central es quien diseña el plan y marca las reglas de juego. En este caso, el rol que asume la Generalitat es gestionar de manera ágil, eficaz y eficiente los recursos que recibe para que lleguen lo más rápido posible al beneficiario final. Todo esto, sin haber decidido los instrumentos y pensando que son mejorables. Por otro lado, la Generalitat también debe hacer lo posible por conseguir que el máximo volumen de recursos que se adjudican a través de concurrencia competitiva llegue a las empresas, los ayuntamientos y las universidades catalanas, y esto pasa por un proceso de orientación.
Si algo caracteriza a los fondos Next Generation EU es un exceso de información, que es la fórmula mágica para no entender nada. Por este motivo, desde el pasado mes de mayo estamos haciendo un ejercicio de transparencia insólito de rendición de cuentas y estamos explicando la trazabilidad de los recursos, identificando a los responsables de cada convocatoria y señalando qué es lo que queda pendiente. Creemos que debería ser un ejercicio obligado y animamos al Estado y a las demás comunidades a hacer lo mismo. A un nivel más operativo, asesoramos a los posibles beneficiarios, sobre todo empresas y ayuntamientos, a digerir el plan de recuperación y separar el grano de la paja, es decir, a saber cómo pueden aprovechar los fondos.
Por esto, el Departament d’Empresa creó una oficina ad hoc para acompañar y orientar a las empresas. Un equipo de profesionales que mantienen entre 150 y 200 reuniones mensuales con empresas para realizar un análisis de primer nivel. Para sintetizarlo: qué empresa eres, en qué sector estás, cuáles son tus proyectos y cuál es tu CNAE. Con esta información previa, definen las partes del proyecto que interesan al Plan de Recuperación y ayudan a identificar las convocatorias a las que podría optar.
Se trata de un asesoramiento de primer nivel porque la decisión de ir o no a una convocatoria es muy estratégica de cada empresa, la Generalitat no puede decidir por ella. Además, la ayuda no será nunca del 100%. De acuerdo con la ley de subvenciones y con la normativa europea de ayudas estatales, un estado solo puede subvencionar un porcentaje de los proyectos de las empresas que están operando en el mercado libre, para evitar que haya interferencia en el propio mercado. Hay casos específicos en los que se puede ir más allá, pero para hacer un cambio de maquinaria o un plan de formación, por ejemplo, existen limitaciones. Una parte estará subvencionada y la otra la tendrá que asumir la propia empresa, y esto requiere una planificación financiera porque, muy probablemente, la subvención la recibirá al final. Hay algunas convocatorias en las que puede haber derecho a un anticipo.
Hay un tipo de convocatorias que salen del MINCOTUR, cuatro convocatorias muy dirigidas a empresa, a industria y a modernización de la industria. Por un lado, Activa Financiación, que son líneas de ayuda para la modernización digital de las empresas industriales, CNAE 10 a 32, sector secundario. La otra son líneas de ayuda de innovación y sostenibilidad del ámbito de la industria manufacturera, lo que coloquialmente conocemos como IDI, y son proyectos de modernización de la industria en el ámbito de la sostenibilidad. Después hay proyectos de cadena de valor en R+D+I en IA y AEIs, que son Agrupaciones Empresariales Innovadoras. En estas cuatro, los porcentajes que llegan a Catalunya son, respectivamente el 54%, el 25%, el 20% y el 32%. Si alguien está aprovechando las líneas para modernizar la industria es Catalunya. Aunque podrían ser más grandes y mucho más eficaces. Por ejemplo, se han publicado 235 millones de Activa Financiación –sumando la convocatoria de 2021 y de 2022, la de 2023 todavía no sabemos cómo está– y solo se han resuelto 19 millones de euros.
Aquí entramos en lo que comúnmente llamamos la paradoja Next Generation. Empresas que tienen la sensación de que no llegan los recursos y, por otro lado, convocatorias para digitalizar la industria que quedan desiertas en un 90%. Falla la comunicación y adaptar las bases de las convocatorias a las necesidades de las empresas. En Catalunya, el Departament d’Empresa ofrece una línea de subvenciones de alto impacto que cuenta con una dotación menor, pero que tiene mucho éxito porque se ajusta a lo que realmente necesitan los empresarios. En este caso, hay mucha más demanda que recursos.
Intentamos poner nombres y apellidos a los errores y encontrar posibles soluciones. Por un lado, como he dicho antes, estamos haciendo pedagogía. Puertas adentro, estamos negociando con Madrid para que esto cambie, porque el dinero, la oportunidad y la demanda están, el momento es ahora. Y si no cambiamos algunas cosas, lo único que haremos será perpetuar y seguir con lo mismo. No puede ser que un plan diseñado en 2021 haya llegado a 2023 sin variar ni una coma, con la inflación disparada y Ucrania en guerra. Hace falta una revisión, si no, lo único que haremos será ir incumpliendo, porque si en 2021 era un plan ambicioso, ahora se ha convertido en un plan excesivo.
¿Cómo funciona el mecanismo de supervisión de tales ayudas?
Es muy difícil conseguir romper la ecuación agilidad-control. Si quieres agilidad tienes que bajar el control y viceversa. Hay soluciones, pero pasan por un cambio del sistema. Si quieres agilidad, lo que tienes que hacer en algunos casos es salir de la Ley General de Subvenciones. Tenemos que encontrar otros mecanismos. Por ejemplo, cualquier organismo que abra una convocatoria pasa a ser lo que, en términos de MRR, se denomina un Ente Ejecutor, que debe pasar a cumplir, por ley, una serie de principios transversales, del DNSH, Antifraude, etc. Un ayuntamiento de 100 habitantes que otorgue una ayuda de 2.000 euros para comprar libros pasa a tener los mismos deberes que un departamento de la Generalitat.
¿Qué acciones toman desde la Direcció General de Fons Europeus de cara al nuevo curso?
Por un lado, mejorar la gestión, hacerla más eficaz y eficiente, y estamos haciendo un seguimiento con todos los departamentos para ver en qué estado está cada uno de los proyectos y buscar soluciones allá donde haya un potencial cuello de botella o de incumplimiento del objetivo. Por otro lado, seguimos explorando fórmulas para encontrar instrumentos jurídicos que permitan agilizar el despliegue, con el margen que tengamos, por pequeño que sea. Y si no tenemos margen, al menos poner encima de la mesa la solución para desencallar el problema. Si nos dejan hacerlo, creemos que mejorará. Lo que no puede ser es que Madrid lo centralice y después las comunidades carguen con las culpas de por qué no funciona.
Todo este ejercicio también pasa por tener control de los datos de todo lo que está gestionando la Generalitat. El Estado tiene un sistema informático, CoFFEE, que tenía que estar operativo en noviembre de 2021 y todavía hoy no lo está al 100%. Se contempla por normativa que la Generalitat tenga su sistema informático y sea interoperable con el estatal, porque lo que no nos podemos permitir es gestionar 3.400 millones de euros, repartidos entre los departamentos, y como Generalitat no tener visibilidad de lo que está pasando. Catalunya está liderando de nuevo, con el Ministerio de Hacienda, cómo debe ser esta interoperabilidad, cuáles son los datos que hay que cargar a nivel técnico, para que esto sea posible, con nuestra herramienta GENext.
Otro elemento importante es el tema del PERTE regional. Si hay un PERTE para el vehículo eléctrico o para el sector naval, creemos que debería haber una bolsa de dinero, no de préstamos sino de subvenciones, recursos a fondo perdido, que tendrían que repartirse a nivel regional para que se pueda hacer la política más adecuada al territorio, por ejemplo, política industrial. El dinero llega a los departamentos de forma muy limitada. Si la Generalitat pudiera disponer de recursos para hacer dos o tres líneas de ayuda dirigidas a empresas, esto supondría un cambio de paradigma excepcional.
Otra línea son los temas y proyectos estratégicos. En su momento, Catalunya planteó una lista de proyectos, algunos de los cuales han sido recogidos en alguno de los PERTEs –vehículo eléctrico, descarbonización, chips–. Cuando nadie hablaba de chips, nosotros teníamos el diseño del chip europeo. Un año más tarde, el Estado decide hacerlo, fuera del plan de recuperación fase 1, que no hablaba de chips. El PERTE del chip nace a posteriori, son 12.000 millones de euros que no tienen dotación presupuestaria en la primera fase, y ya nació anticipando que habría una adenda y que los 12.000 millones saldrían de ahí.
El último elemento es la adenda, un paquete de ayudas adicional que nuevamente se ha diseñado desde Madrid y nuevamente nos genera muchas dudas sobre cómo se acabará desplegando. La adenda son 94.000 millones de euros: 7.000 van a reforzar los PERTEs, los 84.000 restantes se dividen en dos bloques: 18.000 van también a reforzar los PERTEs y 66.000 van a crear unos fondos de inversión, 13 en concreto, uno de los cuales es el Fondo de Resiliencia Autonómica, del que oiremos hablar próximamente, y que estará de alguna manera gobernado por el BEI. Tenía que haber un fondo de 20.000 millones de euros en préstamos para las CC.AA., del cual Catalunya recibiría entre el 16% y el 19%, pero al final será el BEI el que evaluará los proyectos de este fondo.