En lo esencial, ya no necesitamos más diagnósticos y propuestas. Lo que precisamos es la implementación efectiva de una reforma tributaria.
España necesita una reforma tributaria integral y orientada a corregir problemas y disfunciones, fortalecer la redistribución y promover la sostenibilidad, tanto ambiental como presupuestaria. Además, esa reforma debe tener muy presente la interconexión con la economía global, respetar los principios constitucionales, garantizar un equilibrio justo en el reparto de la carga tributaria y asumir la elevada descentralización financiera existente en España en el ámbito autonómico. El libro blanco publicado en 2022 ofrece un punto de partida razonable, con los matices y complementos que se consideren oportunos. Con el inicio de la nueva legislatura y la normalización del entorno en 2024, se abre una ventana de oportunidad para abordar cambios sustanciales.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) urgen la eliminación del régimen de estimación objetiva, vestigio de un pasado sin TIC y causa de inequidades horizontales entre contribuyentes en función del origen de su renta; los ajustes en la base ahorro apuntados en el libro blanco; la simplificación del impuesto; y la actualización periódica de los principales parámetros del impuesto para contrarrestar los efectos acumulados de la inflación. Además, la extensión de la obligación de declarar podría proporcionar una visión más completa de la situación económica de los hogares, facilitando así la toma de decisiones focalizadas en términos redistributivos.
En el IVA el mensaje es claro: tenemos que limitar al máximo la aplicación de tipos impositivos diferentes al general. En España somos campeones europeos en resolver problemas sectoriales rebajando el tipo del IVA, lo que reduce la recaudación y distorsiona el funcionamiento de la economía. Si nos atásemos más al tipo general, podríamos, simultáneamente, recaudar más y rebajar ese tipo al 20% francés o al 19% alemán.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, hay que destacar la importancia de revisar los ajustes que permiten pasar del resultado contable a la base liquidable. La necesidad de evitar la doble imposición internacional queda fuera de discusión, tanto por los compromisos en los tratados de doble imposición como en la lógica económica: no podemos penalizar la internacionalización de nuestras empresas. No obstante, en línea con las tendencias internacionales, es necesario explorar el ensanchamiento de las bases imponibles y la reducción de tipos mediante otras vías; fundamentalmente mediante la revisión de la normativa sobre las compensaciones de pérdidas.
La tributación de la riqueza también está en el centro de la discusión, con la urgencia de simplificar el complejo panorama vigente y actualizar la normativa, hoy claramente obsoleta. Ningún país del mundo cuenta con tres figuras que gravan riqueza general (Impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre grandes fortunas); los tipos impositivos son extremadamente elevados, tanto en perspectiva comparada como en términos económicos; la elusión fiscal es muy alta, en buena medida consecuencia de la obsolescencia de la normativa, generando agravios comparativos no justificables; y existen problemas derivados de la valoración de la tesorería afecta de las empresas familiares, que acaban desincentivando la positiva y necesaria autofinanciación empresarial en aquellas comunidades autónomas que no han optado por abrir la mano en esas valoraciones. Además, si se pretende mantener capacidad normativa en manos de las comunidades autónomas, hay que tener presente las externalidades negativas y establecer límites a la autonomía, como de hecho existieron entre 1997 y 2002.
Finalmente, la reforma fiscal verde emerge como un desafío crucial para España. La convergencia en la tributación de combustibles con los estándares europeos y la aplicación de nuevos tributos en línea con lo que se discute en el libro blanco son trabajos pendientes. No obstante, la regresividad de este tipo de actuaciones lleva aparejada la necesidad de mecanismos de compensación de rentas transitorias para los hogares más impactados.