Subir los impuestos sería el recurso político más fácil para lograr una mayor recaudación, pero hay alternativas y todas ellas están relacionadas con la gestión.
Gran parte de nuestros problemas se parecen a la montaña de Montserrat: son rocosos, escarpados y atrapan la vista. Uno de ellos es nuestro sistema tributario. Sus males son una consecuencia de otro viejo conocido, la falta de creación de empleo en todo el territorio.
Los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales están seis puntos por debajo de la media de la zona euro. Si se igualaran, el fisco contaría con 74.000 millones de euros más al año y casi cerraría el déficit estructural del Estado, el 6,1% en 2021, el doble de lo establecido por la UE.
Subir los impuestos sería el recurso político más fácil para lograr una mayor recaudación. Pero otra opción muy fundamentada defiende recortar el laberinto de beneficios fiscales, exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos que generan con frecuencia pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.
Uno de los motivos de la menor recaudación es la economía sumergida, es decir, todas aquellas actividades económicas que no pagan impuestos incumpliendo la legalidad. La economía sumergida en España supone más de 300.000 millones de euros, un 25% del PIB. Es el filón del que el Estado puede extraer los 74.000 millones de euros necesarios.
Existe en España un elevado fraude fiscal y laboral. El primero implica el impago de impuestos, desde el IVA hasta el IRPF, pasando por el impuesto de Sociedades, lo que supone alrededor del 65% del fraude total. El segundo consiste en realizar actividades irregulares en el mercado de trabajo, no pagar las cotizaciones sociales y hacer falsas contrataciones, así como el pago de la nómina de los trabajadores en dinero no declarado, como sucede con las contrataciones parciales. Este representa más de un tercio del fraude total. El mayor fraude fiscal se produce principalmente en los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria, seguidos de la industria y los servicios. El fraude laboral, sin embargo, se produce principalmente en el sector agropecuario.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda han advertido de las dificultades existentes para combatir estas prácticas fraudulentas, porque en nuestro país cada empleado del ministerio debe vigilar a 2.836 ciudadanos, mientras que en la UE cada efectivo controla a 1.185 personas.
Cuando a la economía sumergida y al fraude se les suma el desempleo, el cuadro se completa. Reducir el paro al nivel de la media de la UE, situado en un 7%, generaría un aumento de ingresos por cotizaciones sociales de 14.000 millones de euros, según las estimaciones del Instituto de Estudios Económicos.
En definitiva, se recauda menos porque el fraude es alto, no se genera empleo y existe una actividad económica en la sombra. Claramente hay un número de personas que no aportan al conjunto, pero se benefician de muchas de las cosas comunes, una práctica que los anglosajones llaman free riders y nosotros, gorrones. Ya decía en 1801 el ilustrado liberal Frederick Bastiat que “el Estado es esa gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de todo el mundo”.
Y a todo lo anterior hay que añadir un cuarto hecho: nuestra renta per cápita, 15.618 euros, se ha separado de la media de la eurozona hasta un 30% desde la pasada crisis, revirtiendo los progresos alcanzados hasta 2008, cuando la riqueza por habitante de España se situó un 15% por debajo del de la zona euro, su mínimo histórico hasta el momento. En un tono crudo, poco habitual en estos tiempos de mensajes políticos voluntaristas, Bastiat resumió muy bien la relevancia del empleo: “Al hombre le repugna el dolor, el sufrimiento, y, sin embargo, está condenado por la naturaleza al sufrimiento de la privación si no acepta la pena del trabajo. No tiene, pues, otra alternativa que elegir entre ambos males”.
Hay muchas alternativas a la subida de los impuestos y todas ellas están relacionadas con la gestión, pero es de temer que, como en la economía, esos gestores también estén sumergidos.