Las Cambres de Comerç se enfrentan a una reforma que busca actualizar su funcionamiento y reforzar su impacto en la actividad económica.
En la actualidad el Parlament de Catalunya está tramitando la proposición de la Ley de Cambres (entrada a primeros de julio pasado con el aval de los grupos parlamentarios del PSC–Units per Avançar, Junts, Esquerra Republicana y el Partit Popular) para regular la actividad de estas centenarias corporaciones de derecho público, legalmente órganos consultivos y de colaboración con la Administración, cuya principal función es la promoción de la actividad económica de sus respectivas demarcaciones territoriales en particular y del país en general.
Las trece cámaras catalanas, herederas de aquellas entidades que desde mediados del siglo XIII estructuraron elConsolat de Mar y la Junta de Comerç, están sujetas a una legislación desfasada, pues la Ley Básica española de 2014 debería haberse traspuesto, actualizando la última legislación ad hoc catalana del 2002. De ahí la necesidad de perfeccionar legislativamente esta avanzada proposición.
Por adscripción directa, obligatoria y sin coste, la universalidad del tejido empresarial, desde el digno autónomo hasta la gran empresa, tiene en su correspondiente cámara territorial un canal de representación para la defensa y promoción de sus intereses mercantiles, con derechos políticos activos y pasivos para la configuración democrática de sus órganos de gobierno.
De la amplia actividad cameral, que abarca desde la tramitación documental como brazo de la administración hasta el fomento del emprendimiento, cabe destacar el apoyo a la internacionalización, la formación en diversas modalidades, la adecuación tecnológica y digital del tejido empresarial, etc., combinando actividades privadas y públicas, estas gestionando diversos convenios con financiación total o parcial, muchos de ellos derivados de las directrices de la Unión Europea.
Para valorar la realidad cameral debe destacarse que, en el marco de la promoción económica que persiguen, en las cámaras cohabitan un gran número de entidades u organismos públicos o privados, realidad que en conjunto y por la poca coordinación la hace globalmente ineficiente o, en sentido positivo, con potencialidad de mejora, según desarrollé en un reciente trabajo de final del grado de Ciencias Sociales de la UOC, en el cual concluía que para evitar malbaratar recursos, la estrategia a seguir por las cámaras debe concentrarse en:
a) Colaborar para la eficiencia conjunta del sistema, asegurando y potenciando la suya propia gracias a la coordinación de su consejo general.
b) Una vez perfeccionada la legislación, será necesario valorar potenciales procesos internos de racionalización territorial de una realidad decimonónica.
c) La constante actualización de sus servicios ha de mantenerse para consolidar la auctoritas de su actuación como signo de identidad, reforzada por la potestas derivada del marco jurídico perseguido.
d) Los recursos derivados de las diferentes administraciones necesarios para financiar sus actividades públicas han de tener claras destinaciones en pro de la actividad económica. Y para ello, como entidades de derecho público, las cámaras deben asumir tareas derivadas de las administraciones evitando duplicidades y buscando la eficiencia para la cual, y sin rebajar el objetivo principal, se requiere de una simplificación en tiempo y forma del actual sistema farragoso y dilatado en el tiempo de las justificaciones sobre el correcto empleo de fondos recibidos, realidad que un uso eficiente de la tecnología puede facilitar.
e) Asegurar, en todo momento y con las colaboraciones necesarias, cubrir las necesidades actuales y futuras de las empresas, lo cual obliga a escalar recurrentemente en conocimiento también tecnológico.
f) Rentabilizar a favor del tejido empresarial la realidad mundial de las más de trece mil cámaras de comercio con actuaciones proactivas que, minimizando actos puramente protocolarios, aporten valor tangible y relaciones.
Para finalizar, quiero indicar que, para la perfección de los anteriores puntos, se requiere prioritariamente cuidar y seguir formando continuamente el principal activo cameral que conforman sus equipos profesionales, los cuales debidamente coordinados y para los aspectos técnicos de los servicios, han de tener tanto o más peso que los órganos de gobierno.