Cataluña Económica

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Prestaciones y pandemia

El coronavirus ha mermado nuestra economía hasta el punto de que gran parte de la población se ha visto obligada a recurrir a subvenciones y prestaciones sociales.

La Covid-19 ha puesto patas arriba la vida de muchos. En el ámbito social y también en el laboral y económico. Un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) resalta que más de la mitad de los autónomos en España plantea cerrar o reducir plantilla a causa de la pandemia. Otros muchos ya han hecho realidad este planteamiento. El coronavirus ha mermado nuestra economía hasta el punto de que gran parte de la población se ha visto obligada a recurrir a subvenciones y prestaciones sociales de diversa índole. La incapacidad laboral y la Ley de la Segunda Oportunidad, por ejemplo.

Los expertos vaticinan un considerable aumento de solicitudes que podría colapsar tanto el sistema administrativo como la vía judicial e incrementar (todavía más) el ya de por sí elevadísimo número de casos rechazados tras la pérdida de fondos públicos. Sin ir más lejos, actualmente, muchas de las peticiones de incapacidad laboral en España son denegadas o clasificadas en un grado de invalidez inferior al solicitado por el paciente. Más del 95% de las solicitudes de incapacidad laboral acaban denegadas y archivadas en fase administrativa por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Tenemos una cobertura legal que es reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas y que suena muy justa sobre el papel, pero la realidad es muy diferente cuando deciden aplicarla y, a consecuencia de ello, un alto porcentaje de los afectados empiezan a sufrir un calvario que en muchas ocasiones no tiene salida. Hay muchas razones para encontrarnos ahora en este punto. Primero, que en el pasado quizás se concedieron con demasiada “alegría” y ahora ocurre todo lo contrario. Si a eso le sumamos que durante tiempos de crisis la gente comienza a recurrir a las incapacidades laborales como una salida desesperada al desempleo y que el soniquete tan escuchado últimamente de que no hay dinero para las pensiones ha calado profundamente en la sociedad, ya nos podemos imaginar que la administración no recibe con los brazos muy abiertos las solicitudes.

Sin embargo, si tal y como comentábamos, antes de la pandemia ya más del 95% de solicitudes para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa, obligando a los afectados a acudir a los tribunales, ahora los expertos prevén cifras mucho más graves tras verse endurecidos los procedimientos y tiempos de espera, que presentan juicios ya a más de tres años vista.

Asimismo, y viendo crecer sus deudas, muchos recurren a la Ley de la Segunda Oportunidad. Una ley que, aprobada en 2015, cuyo objetivo es exonerar deudas, aligerar la carga financiera y otras medidas de orden social, es bastante desconocida. Este instrumento jurídico está destinado a aquellos ciudadanos españoles cuya situación económica esté pasando por un mal momento y se encuentren en graves apuros financieros. Se encuentra regulada por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Su nombre es claro, se trata de una segunda oportunidad para aquellos que no estén pasando por su mejor momento económico. Una denominación que pretende dar a entender que cualquier particular o pequeño empresario puede “retroceder en el tiempo” y solventar su deuda si su situación financiera es clasificada como insostenible.

Dada la laboriosidad y tecnicidad de estos procesos, para poder afrontarlos con garantías de éxito, resulta imprescindible solicitar la ayuda de profesionales y despachos de abogados especializados en esta materia.

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