La colaboración público-privada en materia de servicios de empleo existe en España desde hace muchos años, otra cosa es si el modelo ha sido exitoso.
El mercado de trabajo está sometido a una intensa transformación, fruto de las múltiples transiciones que están teniendo lugar; de entre ellas, destacan la verde, la digital y la demográfica. Ello introduce una fuerte presión y exigencia a los servicios de empleo que deben prestar una atención diversificada a diferentes colectivos, adaptarse a los requerimientos de la evolución sectorial y actuar rápidamente para evitar la cronificación del desempleo.
Los datos y las experiencias internacionales más exitosas apuntan a que dichos retos requieren de un enfoque de “ecosistema” en el que los servicios públicos son el pilar central, pero también una parte de un entorno más amplio en el que el sector privado, tanto profit como non profit, debe tener un papel muy destacado. Así, la OIT, la OCDE y la propia Unión Europea apuestan por la colaboración público-privada como mecanismo, no solo para conseguir un mayor nivel de eficacia, sino también un mejor equilibrio entre costes y resultados.
Ejemplos como el de Suecia, Dinamarca, Bélgica o Irlanda en la UE son buenos referentes de lo expuesto anteriormente. En algunos casos, como el de Irlanda, los proveedores privados asumen una parte importante de la inversión y tienen un grado de autonomía muy alto en la ejecución de las actividades; en otros, como Dinamarca y Flandes, se apuesta por un modelo de ecosistema en el que la coordinación y los sistemas de información son un factor clave. Fuera de la UE, uno de los ejemplos más exitosos es el de Canadá, en el que se ha conseguido un altísimo nivel de capilaridad especializada y territorializada mediante un sistema de contratistas principales que coordinan el resto de operadores. Australia es el ejemplo con más años de rodaje y donde se han conseguido altos niveles de inserción gracias al desarrollo y colaboración entre entidades privadas profit y non profit entre las que destacan las confesionales.
Los retos en España no son diferentes a los que tienen el resto de países de la OCDE. Por una parte, la regresión demográfica nos obliga a reducir la inactividad laboral; por otra, necesitamos pasarelas que permitan ajustar demanda y oferta; por último, debemos mejorar sustancialmente la eficiencia de los recursos que destinamos a la parte activa de las políticas de empleo en las que nos gastamos en torno de los 6.000 euros anuales. El consenso sobre lo que hay que hacer es amplio: necesitamos un modelo estable y de calidad basado en un acompañamiento a los desempleados y personas en transición profesional, holístico, flexible, escalable y que, además, ponga la empatía en el centro de la intervención. Este modelo debe incorporar también mecanismos de recualificación profesional efectivos.
La colaboración público-privada en materia de servicios de empleo existe en España desde hace muchos años, entre otros motivos porque los servicios públicos no tienen capacidad operativa plena para abordar todas las actuaciones que tienen encomendadas. Otra cosa es si el modelo ha sido exitoso. Muchas dudas planean al respecto, lo que está claro es que la falta de reglas claras de contratación y la extraordinaria fragmentación entre pequeños y muy pequeños operadores no facilitan la prestación de servicios de calidad.
La recién aprobada Ley de Empleo supone, no obstante, un paso muy relevante. En primer lugar, porque coloca la empleabilidad en el centro del modelo, reconociéndola como un derecho de las personas. Ello se concreta en la obligación de prestar un acompañamiento y apoyo personalizados, suficientes y de calidad. En segundo lugar, dicha ley introduce cambios que refuerzan la idea de ecosistemas de empleo y la colaboración público-privada entre los que destacan los acuerdos marcos de carácter plurianual.
Habrá que ver el desarrollo reglamentario y operativo de la nueva ley; en todo caso, es necesario que, además de afinar los instrumentos técnico-jurídicos de cooperación, se dé estabilidad temporal a las operaciones y se apueste por un modelo contractual y no de subvenciones que permita concentrar el trabajo de los operadores en lo importante: ayudar a los desempleados a que encuentren empleo.