Aparentemente nadie se ha preguntado si la parte del pastel de la descarbonización que han asignado al hidrógeno es posible integrarla tan aceleradamente.
Actualmente, casi todos los días se publican noticias sobre anuncios de grandes proyectos de hidrógeno verde para descarbonizar la economía. A dichos anuncios los acompaña habitualmente una grandilocuente suma de dinero en inversiones previstas y anexos todos los beneficios que generará en la región y el medio ambiente. Sin embargo, estos anuncios se suceden desde hace ya al menos dos años y no acaban de materializarse, sino más bien todo lo contrario: algunos de ellos comienzan a retrasar sus plazos, si no a cuestionar su ejecución, como el de Arcelor Mital en Gijón, por ejemplo.
La realidad subyacente es que los proyectos de hidrógeno en general no son rentables ya que todos ellos se basan en generar hidrógeno para competir como combustible en usos finales que hoy en día se cubren con fósiles, ahorrando así las emisiones asociadas a esos consumos. Como analiza el informe El hidrógeno verde, ¿burbuja o una realidad energética? recientemente publicado por OBS Business School, el hidrógeno verde a día de hoy no es económicamente competitivo en ninguno de los usos en los que plantea sustituir a los combustibles fósiles o, dicho de otra forma, casi siempre es más barato quemar un combustible fósil que hidrógeno verde.
Entonces, ¿por qué tanta expectativa y anuncio de proyectos? La respuesta es la agenda 2030 y el plan que ésta ha marcado para la descarbonización de la economía mediante renovables eléctricas. Dicho plan exige la implantación acelerada del hidrógeno para llegar al año 2050 con cero emisiones netas de CO2. Esto es debido a que muchos de los usos actuales de la energía son difícilmente descarbonizables por otras vías que no sea a través del hidrógeno verde; un ejemplo sería los fertilizantes nitrogenados basados en amoniaco. Pero aparentemente nadie se ha preguntado si la parte del pastel de la descarbonización que han asignado al hidrógeno es posible integrarla tan aceleradamente, o siquiera si este puede realizar todas las funciones energéticas que se le asignan.
Si bien la implantación es tecnológicamente posible, económicamente probablemente no, al menos no a corto plazo. Una implantación masiva de hidrógeno verde requiere que los proyectos sean rentables para que el capital privado los impulse con vigor y orientación de mercado. Esa no es la situación hoy y por tanto los proyectos deben ser cofinanciados por el ente público. Al fin y al cabo, los estados son los que quieren que se lleve a cabo el plan de descarbonización 2030 y por tanto son los que deben pagarlo si no es rentable. Capítulo aparte sería saber si los ciudadanos están dispuestos a asumir los sobrecostes, o si los estados de los países democráticos realmente están cumpliendo la consigna de sus votantes en esta área.
En cualquier caso, el problema último es que a base de subsidios el crecimiento de una tecnología es muy lento ya que vivimos en economías capitalistas y el estado solo tiene disponible un pequeño porcentaje del PIB para dedicar a inversiones energéticas. Por lo tanto, lo previsible es que la implantación del hidrógeno sea más lenta de lo planificado en la agenda 2030 y además muy conducida por los entes públicos, que van a definir qué proyectos son financiados y por tanto realizados. Esta conducción de las inversiones por parte de los estados hace que no exista un testeo de mercado y por el contrario haya una lejanía de las decisiones de inversión a la realidad práctica de la tecnología, lo cual puede desembocar en que se financien proyectos o líneas tecnológicas que lleven a puntos muertos, mucho más improbable en un desarrollo tecnológico con capital privado.
Visto desde otra perspectiva, si consideramos como sociedad que el plan de descarbonización de la agenda 2030 debe ser llevado a cabo dedicándole los recursos que sean necesarios por ser prioritario, deberíamos plantear una nueva etapa económica de los estados democráticos con economías mixtas, donde se asuma una mayor intervención del estado en la economía para potenciar la implantación a altas velocidades de tecnologías no rentables pero necesarias para mitigar el cambio climático. Pero una decisión de semejante calado deberíamos tomarla entre todos, siendo conscientes de las renuncias que tendremos que hacer a cambio.