Un informe del Instituto de Estudios Económicos cifra en casi 9.000 millones de euros los gastos adicionales que sufre el comercio por el aumento de la presión regulativa.
Existen evidencias de que la calidad regulatoria de cualquier actividad puede tener un impacto directo en la prosperidad económica de un país. Los trabajos de expertos como Dawson (2020) y Égert (2007) ya asociaron el declive del ascenso de la productividad en Estados Unidos en los últimos años al crecimiento exponencial de la regulación administrativa, la condición de las instituciones y la corrupción. Así lo demuestra también el reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio de estudios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que cuantifica los costes derivados de las trabas administrativas y la regulación ineficiente del comercio en 8.840 millones de euros al año. Esto se traduce, además, en unos efectos indirectos sobre el conjunto de la economía española que podrían suponer un aumento de la renta familiar de los hogares de hasta 470 euros al año.
El impacto en la inflación, según la organización, también es notable. El estudio muestra que todos estos costes asociados al exceso de presión normativa acaban trasladándose al precio de venta final, que tiene como consecuencia un incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de hasta 1,7 puntos (lo que rebajaría la última tasa de variación anual hasta aproximadamente el 4,2%). A nivel agregado, estas cifras se traducen en un aumento del ahorro de las familias de 890 millones de euros y un aumento de los gastos del consumo hasta llegar a los 7.950 millones.
Los efectos de una mejora del sistema administrativo también tendrían un impacto beneficioso en la inversión de las empresas del sector. Siempre según el documento, la reducción de los plazos para la concesión de licencias repercutiría en un aumento del desembolso para nuevos establecimientos y remodelación de los existentes que se cifra en 770 millones de euros al año. Todo ello provocaría también un crecimiento del empleo, hasta 88.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo, y una mayor recaudación fiscal por parte del Estado, de 870 millones.
Costes operativos y medioambientales
Los costes que tienen un mayor impacto son los operativos, es decir, todos aquellos directamente relacionados con la gestión de licencias y el aprovisionamiento, que ascienden a los 3.890 millones. Le siguen todos aquellos que están directamente relacionados con la regulación de materias de envases y las normativas medioambientales, que representan una cifra de 3.940 millones. El resto, 1.070 millones de euros, corresponde a los problemas de hurtos multirreincidentes, abusos en las reseñas de comercio electrónico y devoluciones masivas.
Las empresas pequeñas son las que reciben la peor parte. Las dificultades asociadas a una mayor regulación, según el informe, tienen un efecto menos nocivo en las empresas de gran tamaño. De este modo, los países con una mayor presión normativa acostumbran a seguir el mismo patrón: acogen startups de mayores dimensiones que el resto. Esto, además, tiene consecuencias nefastas, ya que las barreras de entrada de nuevos competidores se asocian con mayores niveles de corrupción y economía sumergida.
Las mejoras regulatorias propiciarían un aumento de la renta familiar disponible de hasta 470 euros año.
En este contexto, las principales propuestas del informe presentado por la patronal se resumen en una mejora de la eficiencia en los procesos administrativos, una considerable reducción de los plazos, el reconocimiento mutuo de normativas entre comunidades autónomas o la instauración de una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso. La institución, presidida por Antonio Garamendi, también reclama la adopción del silencio administrativo positivo, la sustitución de autorización previa por la declaración responsable y una mayor permisividad y mejora en el acceso al centro de las grandes ciudades del país.
España, a la cola de la OCDE
El think tank de la CEOE califica el sistema normativo de nuestro país como uno de los más complejos de toda Europa. Así lo expresó también recientemente Asedas, la patronal que agrupa a grandes cadenas de supermercados, que criticó la aprobación en 2022 de más de 1.000 nuevas normativas a nivel local, nacional y europeo y que afectan directamente al sector comercial. Unas críticas que se suman a las quejas que los principales hipermercados han expresado en los últimos años acerca de la arbitrariedad de la legislación de algunos municipios y comunidades autónomas o la implementación repentina de medidas como fue la reciente reducción del IVA de algunos productos básicos el pasado mes de enero.
El último Informe de Competitividad Mundial, publicado en 2019, califica la carga de regulación gubernamental en una escala del 1 (menor calidad) al 7 (mayor calidad). España, con una puntuación de 2,9, ni siquiera aprueba, y se sitúa en el puesto 114 de un total de 141 países analizados. Una posición muy desfavorable en el contexto de los estados más desarrollados: solo Grecia e Italia se sitúan por detrás. En el ránking anual publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relativo a la regulación aplicada al sector del comercio los resultados tampoco son positivos. España presenta una puntuación de 85,6, mientras que la media de la Unión Europea (UE) asciende hasta los 100 puntos.
Esta misma organización, que cada año estima los costes burocráticos sobre las empresas de menos de 500 empleados para once países distintos, elevó hasta los 38.751 millones de dólares el gasto en España. La cifra representa el 5,6% del PIB nacional, un resultado que se sitúa muy por encima del 1% en Finlandia, el 2,3% en Suecia o el 3,5% en Austria.