La situación es especialmente delicada en Catalunya, donde están tres de los siete reactores nucleares en funcionamiento.
¿Estamos realmente preparados para prescindir de la energía nuclear sin poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico? La energía nuclear, que durante años ha sido objeto de controversia, reaparece ahora con fuerza en el centro del debate energético y lo hace, sobre todo, por su papel esencial en la garantía de suministro. Su capacidad para proporcionar electricidad constante, libre de emisiones y a costes competitivos ha llevado a Francia, Estados Unidos o China a alargar la vida útil de sus reactores o incluso a construir nuevos, conscientes de que un mix energético seguro y descarbonizado requiere tecnologías que aporten estabilidad. En contraste, España mantiene el calendario de cierre acordado en 2019, a pesar del giro internacional hacia una reconsideración del papel de esta tecnología.
Este cierre progresivo, pactado entre las operadoras y la pública ENRESA, respondía en su momento a las crecientes dificultades económicas del sector. Desde 2012, la carga fiscal sobre la nuclear no ha dejado de aumentar, alcanzando niveles que comprometen su rentabilidad. Gravámenes como el aplicado al combustible gastado o los tributos autonómicos se han sumado a la existente tasa ENRESA, elevando el coste total de cargas e impuestos a más de 27€/MWh. En conjunto, las centrales nucleares españolas operan actualmente con estos costes por encima del precio esperado de mercado eléctrico, lo que las sitúa en una posición claramente de desventaja respecto a otras tecnologías y compromete su viabilidad económica.
Esta situación es especialmente delicada en Catalunya, donde están tres de los siete reactores nucleares en funcionamiento, aportando más de la mitad del consumo eléctrico de la Comunidad. Sustituir esta capacidad en menos de una década (tal como establece el Plan de cierre) no será sencillo. Aunque el plan PROENCAT50 fija objetivos ambiciosos de despliegue renovable –1.500MW anuales hasta 2030–, la realidad es que en la última década se han instalado de media apenas 24MW anuales. Esta brecha plantea interrogantes sobre la viabilidad de una transición ordenada y suficiente sin el respaldo de la nuclear.
Prolongar la operación de las centrales por una década adicional permitiría amortiguar esta transición, aportando una base firme sobre la que acelerar el desarrollo de las renovables, y permitiendo que esto se acompañe de los desarrollos necesarios en la red de transporte. Además, esta medida ayudaría a contener el uso de gas natural y por ende su dependencia exterior, pues el propio Govern ha reconocido que, en el escenario actual, la transición catalana necesitará del respaldo del gas. La garantía de suministro es un aspecto fundamental en una sociedad avanzada, como se nos ha recordado recientemente, y el mantenimiento del parque nuclear supondría una mayor capacidad de respaldo al sistema eléctrico (“inercia”), siendo clave para asegurar la estabilidad del servicio en todo momento.
Los beneficios de mantener la nuclear no son solo energéticos. La factura eléctrica en Catalunya podría reducirse significativamente, al evitar la necesidad de recurrir a tecnologías más caras. A esto se suman más de 10.000 empleos y una contribución anual al PIB regional de casi 900 millones de euros. Ambientalmente, mantener las centrales permitiría contener las emisiones de CO₂, al limitar la participación de fuentes fósiles.
No obstante, para que esta opción sea viable, es imprescindible ajustar el marco fiscal presente. Con un coste actual de producción de energía proveniente del parque nuclear español (contando con la carga fiscal) superior al precio previsto de mercado, se pone de manifiesto que para que dicha continuidad sea viable es necesario actuar sobre los elementos que están distorsionando la ecuación, en particular eliminando la carga fiscal redundante mencionada anteriormente.
No se trata de un paso atrás, sino de ganar tiempo para que la transición se lleve a cabo de forma realista y con menor impacto sobre los consumidores y el tejido productivo. Un debate sereno y técnico sobre esta cuestión es más necesario que nunca. Porque una vez se inicie el cierre del parque (comenzando por Almaraz), será difícil –si no imposible– revertir el resto.