Revertir dicha situación es una necesidad y el uso de los fondos europeos debería servir para crear empleo y promover un mercado laboral juvenil inclusivo.
Actualmente, el mercado laboral no garantiza a las personas jóvenes la estabilidad necesaria para que puedan proyectar su futuro. En general, tienen dificultad para acceder a un trabajo, predominan los contratos temporales, jornadas a tiempo parcial involuntarias, están sujetos a una elevada sobrecualificación y a bajos salarios.
La precariedad laboral juvenil, que se agravó con la crisis financiera de 2008, es más estructural que coyuntural. En 2013, la tasa de paro de los menores de 30 años alcanzó el 41,4% y la tasa de personas jóvenes en situación NEET (no trabajan, no estudian, no siguen una formación) el 22,5%. La respuesta a dicha situación fue la Garantía Juvenil, que se convirtió en la principal política de empleo dirigida a los menores de 30 años, para garantizarles una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o prácticas en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar la educación formal. Se consiguió paliar el crecimiento de las tasas de paro, aunque con una escasa incidencia sobre la precariedad laboral, puesto que la estrategia adoptada fue la de ampliar sus estudios, retrasando su incorporación a un trabajo. Además, no se tuvo en cuenta el carácter heterogéneo del colectivo juvenil en el diseño de sus programas.
En 2020, la irrupción de la Covid-19 supuso un duro golpe para el colectivo juvenil. Las personas jóvenes, especialmente las mujeres, con contratos temporales, a tiempo parcial o que exigían una escasa formación académica, fueron las primeras en experimentar los efectos del cese de las actividades no esenciales y el aumento del paro. Y aquellas que tuvieron acceso a un ERTE pudieron mantener su puesto de trabajo, aunque con menor salario (338.461 menores de 25 años en 2020). Como consecuencia, a finales de 2021, entre la población menor de 30 años sólo el 12,7% de los hombres y el 17,2% de las mujeres residían en una vivienda independiente.
Ante ello, la respuesta europea ha sido reforzar la Garantía Juvenil. España ha aprobado el “Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes”, que mantiene los elementos característicos de su antecesora (financiación del Fondo Social Europeo) e incorpora cambios en aspectos que se mostraron ineficientes y nuevos contenidos. De momento cabe esperar los resultados de dicho Plan.
En diciembre de 2021, Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales acordaron reformar el mercado laboral, reconociendo que actualmente “son las mujeres y, sobre todo, las personas más jóvenes las que sufren los mayores niveles de precariedad, tanto en términos de contrato como de salarios”. La reforma aborda una regulación de los contratos formativos para la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, a través de contratos en alternancia con los estudios y contratos para la obtención de una práctica profesional adecuada al nivel de estudios. No obstante, el acuerdo no define ni aborda otros componentes que conforman un empleo de calidad.
Y, recientemente, se ha puesto en marcha el “Bono Alquiler Joven” para facilitar la emancipación residencial de los menores de 35 años. En principio llamaría la atención el límite de edad de esta ayuda, sin embargo, en España se emancipan a los 29,8 años de media, lo que significa 3,4 años por encima de la media de la Unión Europea. No obstante, su alcance es muy limitado, pues para recibir los 250 euros durante dos años es necesario que la unidad de convivencia no supere los 24.318,84 euros anuales (si dos personas jóvenes conviven e ingresan el salario mínimo ya superan dicho límite) y no tiene en cuenta el nivel de vida de donde se alquila la vivienda. El Gobierno prevé alcanzar a 70.000 menores de 35 años, cuando hay aproximadamente 1.069.600 personas menores de 30 años emancipadas (15,6% de dicha población).
Revertir dicha situación es una necesidad y el uso de los fondos europeos debería ser una oportunidad para crear empleo, impulsar el emprendimiento y ayudar a aprovechar las oportunidades que surgen de las transiciones digitales y ecológicas, además de promover un mercado laboral juvenil inclusivo.