El debate ya no está en qué hay que hacer. El verdadero reto, una vez más, es ejecutar y mantener.
Hace poco más de un año escribía sobre los factores que podían favorecer un cambio de tendencia en la construcción en Catalunya. Entre ellos figuraban la reactivación de inversiones en infraestructuras, el impulso del ciclo municipal en la obra pública y el protagonismo creciente de la vivienda en el debate político. Hoy, a la vista de los datos, puede decirse que ese impulso no solo se confirmó en 2025, sino que mantiene intensidad en 2026. El avance del PIB publicado por Idescat para el primer trimestre de este año sitúa a la construcción como el sector más dinámico de la economía catalana. Mientras el conjunto de la economía creció un 2,9 %, la construcción lo hizo un 5,4 %. Ese dato refuerza una idea de fondo: la construcción ha recuperado pulso en un momento en que Catalunya necesita respuestas en vivienda, infraestructuras y modernización del territorio.
Ya en 2025, el valor añadido bruto del sector alcanzó los 14.891 millones de euros y representó el 4,4% del PIB de Catalunya. También la obra pública empezó a reflejar parte de ese avance: la licitación pública de obras aumentó en torno a un 17% en 2025, hasta rozar los 4.000 millones de euros. Son cifras positivas, pero también recuerdan que el peso del sector dentro de la estructura económica catalana sigue siendo todavía modesto.
Pero si hay un dato que hoy merece una atención especial es el del déficit inversor acumulado en infraestructuras. El informe elaborado juntamente con Foment del Treball para el período 2009-2025 estima, a partir de la licitación anual de obra pública y tomando como referencia una intensidad inversora del 2,2 % del PIB, un déficit acumulado de 49.543 millones de euros corrientes, equivalentes a 58.748 millones de euros constantes de 2025.
En el propio informe se subraya que la debilidad no está únicamente en cuánto se invierte, sino en la capacidad institucional para planificar, madurar, licitar, ejecutar y mantener las infraestructuras de forma sostenida. Y ese diagnóstico se refuerza cuando se observan los datos de ejecución: en el período analizado, la Administración Central presenta en Catalunya un grado de ejecución acumulado del 59,5 %, frente al 88,7 % de la Generalitat, y en el ámbito ferroviario ADIF ejecutó solo el 48,6 % de la inversión presupuestada entre 2010 y 2023.
Por otro lado, la vivienda constituye el otro gran frente. Los datos de 2025 reflejan avances, pero todavía insuficientes. El número total de viviendas acabadas se situó en 16.562, frente a las 13.210 de 2024, mientras que las iniciadas se mantuvieron prácticamente estables, lejos de las necesidades del país.
Catalunya necesitaría construir en torno a 25.000 nuevas viviendas al año durante los próximos quince años para aproximarse a las necesidades estimadas. Hace falta más vivienda asequible, suelo movilizable, financiación, colaboración público-privada, seguridad jurídica y una Administración capaz de impulsar con regularidad suelo, planeamiento, promoción y ejecución. También conviene incorporar una visión más territorial del problema: mejorar el acceso a la vivienda pasa igualmente por reforzar la movilidad entre municipios de una misma corona metropolitana, sin que Barcelona tenga que actuar siempre como centro obligado de todos los desplazamientos, especialmente en ferrocarril.
A ello se suma la manera de construir. Si Catalunya necesita más vivienda, mejores equipamientos y nuevas infraestructuras, no bastará con construir más; habrá que construir mejor. En este punto, la construcción industrializada y modular deja de ser una cuestión secundaria para convertirse en parte de la respuesta, tal y como se apuntaba en la edición del primer trimestre de esta revista.
En definitiva, si hace un año se trataba de identificar qué factores podían devolver impulso al sector, hoy el reto es más ambicioso: convertir ese impulso en una palanca útil para el país.