Tráfico de residuos a terceros países, efectos irreversibles en la salud y riesgos medioambientales son solo algunos de los efectos de la mala gestión de los desechos.
Lo que pasa con los desperdicios, una vez vaciamos los cubos de basura de nuestros hogares en un contenedor, sigue siendo una incógnita para muchos. Hablar de residuos es algo incómodo: todo el mundo lo evita, pero alguien se tiene que hacer cargo de su desaparición. Muchos de los lectores tendrán en mente la imagen de un gran vertedero al aire libre en algún país lejano, generalmente en vías de desarrollo, donde se genera un grave problema (ya no solo estético) medioambiental y de salud pública. Catalunya cuenta hoy con apenas unos pocos vertederos de gran tamaño con capacidad para absorber la ingente cantidad de despojos que generamos a diario. “La situación esté llegando al límite. En cuatro o cinco años podríamos quedarnos sin capacidad en sus vertederos, y eso sería un grave problema”, cuenta nada más empezar la conversación Josep Maria Tost, que hasta 2021 fue director de la Agència Catalana de Residus (ACR).
Nadie quiere tener un vertedero al lado de casa, lo que convierte la tarea en un desafío doble para los gobernantes. Al problema de la falta de estrategia y voluntad política para resolverlo se le suma la negativa de muchos ayuntamientos de instalar sumideros en sus municipios. “Planificar una estrategia de tal envergadura puede llevar entre cinco y siete años, por lo que, si no se empieza a pensar en su resolución, las consecuencias están escritas. Estamos perdiendo el tiempo de forma inevitable”, apunta Tost. En Catalunya, según los datos de la ACR del año 2022, cada catalán genera 1,3 kilos de residuos al día, lo que equivale a más de 470 kilos al año.
Está claro que en los últimos años la generación de basura ha aumentado de forma exponencial, pasando de los 2 millones de toneladas anuales a principios de los años 90 a los más de 4 millones de toneladas actuales. Todo ello acompañado del cierre de grandes vertederos como el de Solius (Girona) y el anuncio de la clausura próxima de otros como el de Vacarisses o el de Castellolí, ambos en Barcelona. “Lo mismo ocurre con las incineradoras. Si no reducimos la generación de residuos de forma urgente y radical, tampoco podrán cumplirse las promesas de clausura. Un ejemplo claro es el de Sant Adrià del Besos”, apunta Rosa García, directora general de Rezero.
Catalunya cuenta hoy con apenas unos pocos vertederos de gran tamaño con capacidad para absorber la cantidad de despojos que generamos.
Desde 1973, la planta de Tersa (empresa pública que gestiona la incineradora de la población barcelonesa) se encarga de eliminar los residuos restantes de Barcelona y toda su área metropolitana. Las llamadas públicas para su cierre siguen más vivas que nunca, después que la Audiencia de Barcelona reabriera la causa recientemente por haber emitido, presuntamente, partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales permitidos entre 2015 y 2019, con el perjuicio que ello implica para la salud de los ciudadanos del municipio, Badalona y algunos barrios de Barcelona. Eso sí, para que pueda cerrarse, solo hay dos alternativas: una de ellas sería la reducción drástica en la producción de desechos urbanos (algo que a día de hoy se augura imposible). La otra, su reubicación, que tampoco parece estar sobre la mesa a corto plazo, a pesar de que el consistorio de la ciudad ha propuesto instalarlo de aquí a 2050 en alguna otra más alejada de áreas pobladas.
10% a vertederos en 2035
La reducción en la generación de residuos impuesta por la Unión Europea (UE), según la cual en 2020 se debería haber logrado recoger y tratar el 50% de los residuos urbanos para su reutilización y reciclado, no fueron cumplidos por la mayoría de Estados miembros. España apenas llegó al 36%, lo que ha comportado la apertura de un expediente con las correspondientes sanciones que ello conlleva. “El principal problema es que las sanciones de estos reglamentos europeos van a derivarse a las Comunidades Autónomas, y estas van a hacer lo mismo con los Ayuntamientos. Es un círculo vicioso, ya que lo acabaremos pagando los ciudadanos”, cuenta la directora general de Rezero. Para 2025 el objetivo era llegar al 55% de la tasa de reciclaje urbano (que ya han conseguido países como Alemania y Dinamarca). Es decir, que solo se entierren en vertederos el 45%. Hoy, la cifra en Catalunya se sitúa alrededor del 55%, pero en 2035 no puede superar en 10%, según los objetivos europeos.
“La solución debe basarse en la prevención. La incineración debe ser la última de las opciones”, explica Tost en su entrevista desde la República Dominicana, donde se encuentra asesorando al Ministerio de Medio Ambiente del país caribeño. En la comunidad catalana, en lo que se refiere a recogida selectiva (es decir, todos los residuos que se reciclan y se trataran posteriormente a través de método como el porta a porta o los contenedores inteligentes), apenas se llegó al 45%. El objetivo europeo es del 60% para 2030, y del 65% para 2035.
Carles Salesa es el director del Consorcio de Residuos del Maresme. En los últimos años, su rostro ha aparecido en varios medios por alzarse como uno de los grandes defensores de la circularidad. “Europa pensaba que reciclando y reutilizando más podríamos seguir creciendo al mismo ritmo. Ha quedado demostrado que es una absoluta falacia. Debemos empezar a aplicar el decrecimiento”. Una de las principales iniciativas que ha propuesto es la creación del Parque Circular Mataró-Maresme, donde se quiere juntar a productores, plantas de reciclaje y usuarios para mostrar los efectos del consumo descontrolado y la concienciación de todas las partes.
Salesa cuenta que uno de los cambios más importantes de los últimos años es el foco en el origen y no solo en los ciudadanos. “La Unión Europea ha empezado a poner presión a las empresas con normativas como la de los plásticos de un solo uso o el ecodiseño. No podemos prohibir los aparatos electrónicos o el fast fashion, evidentemente, pero hay mucho margen para mejorar”. Para Josep Maria Tost, el sector industrial también ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años. “Hoy vemos más botellas de cristal, muchos menos embalajes y una reducción en el uso de la cantidad de plástico”, explica. “Debemos ir mucho más rápido. Hay que ser autosuficientes y contar con una estrategia clara. En caso contrario, la transición energética dependerá por completo de grandes potencias como China, que ya nos lleva años de ventaja”, subraya Carles Salesa.
Los ciudadanos europeos consumimos una media de 26 kilos de ropa al año, de los que apenas se llega a reciclar el 10%.
Uno de los problemas más importantes son el sector de la moda y el de la tecnología. Según los datos de las Naciones Unidas, la humanidad generó en 2022 más de 62 millones de toneladas de desechos electrónicos. Si el crecimiento sigue a este ritmo, se calcula que en 2030 se alcancen los 82 millones de toneladas, un incremento del 33% en apenas ocho años. El mismo informe recoge que si los países logran elevar las tasas de recogida de estos residuos al 60% de aquí a 2030, los beneficios, incluida la minimización de los riesgos para la salud, superarían los costes en más de 38.000 millones de dólares.
Según un informe de la Comisión Europea (CE), los ciudadanos de los Estados miembros consumen 26 kilos de ropa cada año. Esto es un grave problema no solo por el impacto medioambiental (unas zapatillas requieren, de media, 4.400 litros de agua para confeccionarse), sino por la incapacidad de reciclar las prendas y la necesidad de enviarlas fuera. “Existen todavía muchos países que, por intereses económicos, siguen permitiendo la exportación de residuos. En el primer mundo centrifugamos todo hacia afuera y nos olvidamos de lo que ocurre”. Según Salesa, apenas el 10% del textil se recicla. “El resto va hacia países del Este europeo, Asia y África”.
Opacidad y efectos en la salud
Los continuos casos de prácticas ilegales en materia de residuos también han ensombrecido la imagen del sector en los últimos años. La trama que los agentes del Seprona destaparon a principios de año sobre la exportación ilegal de residuos desde Italia hasta plantas de tratamiento del grupo Griñó (con sede en Lleida), la exportación ilegal de residuos al sureste asiático (algunos países prohibieron formalmente la importación, pero hay evidencias de que sigue haciéndose en la clandestinidad) o el enriquecimiento de China hasta 2018 (cuando cerró definitivamente sus puertas a la entrada de los sobrantes electrónicos) con el tratamiento de residuos de todo el mundo son solo algunos ejemplos de ello. Incluso en Europa. “En países como Francia o Italia, tratar una tonelada de residuos en un vertedero puede costarle a una empresa más de 200 euros. En España, hasta hace muy poco, apenas llegaba a los 20 euros”, aclara Tost durante la entrevista.
Según el informe “Salud y residuos: evidencia sobre los efectos en salud y retos para su mejor caracterización”, publicado por el Ministerio de Sanidad de España, la carga de enfermedad asociada a la exposición de la población a los residuos es mucho mayor de lo que se había podido constatar hasta ahora. Entre ellos se observa, según afirman, una mayor afección a mujeres embarazadas, fetos, neonatos y niños en edad de desarrollo. Rosa García, directora general de Rezero, alerta sobre el peligro de ser continuista con esta tendencia y no cambiar de forma urgente el modelo de tratamiento. “Si seguimos con este ritmo de producción, sea cual sea la fracción, nos veremos obligados no solo a exportar, sino a realizar vertidos en nuestro propio territorio, con el desastre medioambiental que puede conllevar para el futuro próximo”, concluye.