Los alimentos básicos se han encarecido de forma persistente desde la pandemia en un contexto de presión de costes y concentración en la cadena agroalimentaria
“Cada vez resulta más difícil llegar a finales de mes”. Este comentario, que cualquier profesional del sector minorista escucha a diario, sintetiza el estrés económico que arrastra una parte creciente de los hogares. No es solo una percepción, pues los datos lo respaldan. Durante los últimos cinco años, los precios de los alimentos básicos se han disparado en comparación con los niveles prepandemia. La carne de vacuno, aves y cerdo cuesta un 30 % más que a finales de 2019. La leche ha subido un 40 % y la mantequilla cerca de un 50 %. Alimentos como el café, el aceite de oliva y el cacao han registrado incrementos de hasta un 80 % o superiores. Y los huevos se venden un 30 % más caros que antes de la irrupción de la COVID-19.
Son datos extraídos del informe ¿Por qué sube la cesta de la compra?, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), publicado el pasado octubre. El IDRA surgió tres años atrás como un think tank centrado en el sector inmobiliario, con vocación de proponer política pública e impulsar transformaciones sociales. El informe sobre alimentación lo abordaron a medida que aumentaba el coste de la vida. “Tras la pandemia, los precios de la cesta de la compra se han incrementado alrededor de un 34 %, con diferencias entre productos. Al mismo tiempo, los beneficios de los seis principales grupos empresariales españoles han crecido más de un 34 %”, señala Adrià Rodríguez, investigador y técnico de proyectos del IDRA. Cuando unas pocas empresas controlan una parte significativa del mercado, pueden condicionar precios, condiciones de producción, suministro y distribución. Este poder de mercado les permite, según el informe, obtener beneficios extraordinarios derivados no de ganancias de eficiencia, sino de la ausencia de competencia efectiva. El coste de la vida, concluye el documento, acumuló un incremento del 37 % entre 2021 y principios de 2024.
Mercado concentrado
La inflación alimentaria responde en parte a factores bien conocidos: costes energéticos, disrupciones logísticas pospandemia, tensiones geopolíticas y los efectos crecientes del cambio climático sobre la producción agrícola. Nadie en el sector lo niega. Pero el informe del IDRA pone el foco en una variable que el debate público suele dejar en segundo plano, como es la estructura de mercado y el poder de los grandes actores sobre la formación de precios.
Los precios de la carne, la leche, el café, el aceite de oliva y los huevos han subido entre un 30 % y un 80 % respecto a los niveles prepandemia.
En España, seis grandes grupos alimentarios –Vall Companys, Ebro Foods, Bon Àrea, Nestlé, Coca-Cola Europacific Iberia y Grupo Fuertes– concentran más de cien marcas y empresas clave, y sumaron 1.281 millones de euros de beneficios en 2024. Y en la distribución minorista, las principales cadenas de supermercados controlan la mitad de las compras de alimentos del país, con una rentabilidad agregada que roza los 7.500 millones de euros.
Rodríguez describe la arquitectura del sistema con una imagen que resulta útil: “Imagina un reloj de arena. En la parte superior hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores; en la inferior, millones de compradores. En el cuello de botella del centro se sitúa este oligopolio, que procesa y comercializa los productos. Quien controla ese cuello de botella, controla el precio”.
El caso de Bon Àrea ilustra los mecanismos concretos de ese control. La cooperativa de Lleida practica la integración vertical y horizontal: domina toda la cadena desde la producción hasta la venta final, y gestiona una gama de productos que va de la carne a la cosmética, pasando por la limpieza del hogar. “Mediante estas prácticas, los pequeños productores pierden el control sobre el precio de venta de sus productos”, argumenta Rodríguez. “Y los consumidores quedan en una dependencia estructural respecto de estos grupos para alimentarse”.
El informe identifica tres consecuencias directas de esta concentración. Una inflación estructural que no responde solo a desequilibrios entre oferta y demanda, sino también a estrategias de maximización de beneficios; la ausencia de competencia real en mercados dominados por oligopolios; y la invisibilización del papel de los márgenes empresariales en el debate sobre el encarecimiento de la vida.
Especulación financiera
El fenómeno de la financiarización de los alimentos no es nuevo, ni exclusivamente español o europeo. En 2008, tras la crisis de las hipotecas subprime, un importante volumen de capitales migró hacia los mercados de materias primas agrícolas, con la Bolsa de Chicago como epicentro de la especulación. El precio del arroz se triplicó, y el del trigo y la soja se duplicó, sin una correlación directa con la producción o la demanda física. Este comportamiento se vinculó entonces con la entrada masiva de inversores financieros en los mercados de futuros de productos agrícolas. A partir de 2020, los alimentos iniciaron una nueva escalada generalizada y persistente que, según el IDRA, no ha hecho sino consolidar su condición de activos financieros desvinculados de su función primordial como bienes de consumo esenciales.
A escala global, cinco corporaciones conocidas por el acrónimo ABCCD –Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company y China Oil and Foodstuffs Corporation– concentran, según estimaciones sectoriales, entre el 70 y el 90 % del comercio mundial de cereales clave: trigo, café, cacao, arroz, maíz y soja. La mayoría de estas materias primas constituyen la base de un número muy amplio de productos derivados. Hoy, casi el 70 % de los productos procesados contienen soja o trigo, y ambas son también insumos básicos de la industria cárnica. La capacidad de las ABCCD para operar simultáneamente en los mercados físicos y en los mercados financieros de futuros les otorga una doble influencia sobre la formación de precios. Entre 2021 y 2022, las ABCCD registraron beneficios récord con incrementos que oscilaron entre el 75 % y el 300 % respecto al promedio del período 2016-2020.
A mediados del siglo XIX se estableció el mercado de futuros como un mecanismo positivo para comprar productos agrícolas con anticipación ante posibles fluctuaciones, especialmente del transporte marítimo. “Entonces, el mercado de futuros permitía asegurar el precio del grano entre vendedor y comprador final si sucedía cualquier imprevisto durante el trayecto. Actualmente, la compraventa en el mercado de futuros se efectúa entre actores que no tienen relación alguna con el sistema alimentario. Con 500 euros y el móvil, estos inversores pueden comprar soja de Brasil que todavía no ha sido plantada”, afirma Rodríguez.
Los pequeños productores y las empresas agroalimentarias medianas catalanas han sufrido con más intensidad la presión de los costes.
Desde el IDRA, el investigador insiste en que existe una “desregulación absoluta” del mercado de futuros que genera olas especulativas. Se cierra el estrecho de Ormuz por culpa del conflicto bélico en Irán y se dispara el precio de las materias primas agrícolas y los combustibles: ambos se mueven a través del mercado de futuros. “Las corporaciones ABCCD también operan como traders o inversores”, señala.
El vínculo entre los precios alcistas de los alimentos y el incremento de los beneficios de las ABCCD se explica por una serie de estrategias convergentes. La consolidación mediante fusiones y adquisiciones aprobadas sin condiciones por los reguladores, combinada con una integración vertical que les permite manejar toda la cadena de valor desde la producción hasta la distribución, refuerza su posición dominante. Aunque compiten en ciertos mercados, las ABCCD también cooperan mediante joint ventures, inversiones compartidas y plataformas comunes, alianzas que favorecen la coordinación y la fijación de precios entre ellas. “A veces, estas corporaciones practican la ‘escasez artificial’ de materias primas y productos derivados. Para ello, retienen las mercaderías en barcos o almacenes a la espera de que se encarezca su valor en el mercado. Es decir, emplean prácticas especulativas”, señala Rodríguez.
La ‘cheapflation’
Más allá de la estructura macro del mercado, el informe del IDRA documenta un fenómeno con impacto directo sobre los hogares de menor renta: la cheapflation. En España, los precios de los productos más baratos aumentaron un 37 % entre 2021 y 2024, mientras que los de gama alta solo crecieron un 23 %. El mecanismo es doble: subida de precios en los productos de primera necesidad y reducción simultánea de su calidad o cantidad.
Las consecuencias en términos de salud pública son medibles. Más del 60 % de los barceloneses con rentas bajas sufren sobrepeso u obesidad, una cifra que refleja los patrones de sustitución alimentaria que adoptan las familias cuando el presupuesto se estrecha: menos proteína animal, menos fruta y verdura fresca, más ultraprocesados. En la Barcelona metropolitana, un 43 % de los hogares se encuentra en el umbral de la subsistencia y un 24 % de la población catalana vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
La cheapflation también afecta a la estructura del comercio detallista. “Las cinco primeras cadenas de supermercados controlan la mitad de las compras de alimentos del país”, recuerda Rodríguez. “No hace falta que pacten los precios entre ellas. Se produce un fenómeno de coordinación implícita: si una encarece los precios, las demás siguen la corriente”.
Impacto desigual
El encarecimiento de los alimentos básicos no ha beneficiado por igual a todos los eslabones de la cadena. Los pequeños productores y las empresas agroalimentarias medianas catalanas han sufrido con más intensidad la presión de los costes, sin la capacidad de negociación ni los márgenes de maniobra de los grandes grupos.
Rosa Cubel, secretaria de Alimentación del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, lo describe con precisión: “Aunque los precios finales han aumentado, esto no siempre se ha traducido en una mejora de los ingresos para los productores. Esto ha tensionado su rentabilidad y, en algunos casos, limitado su capacidad de crecer o consolidarse”.
Los precios de los productos más baratos aumentaron un 37 % entre 2021 y 2024, mientras que los de gama alta solo crecieron un 23 %.
Cubel reconoce la existencia de dinámicas de concentración en algunos tramos de la cadena, especialmente en la distribución, aunque insiste en que el contexto actual de precios responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales: “Es innegable el peso de factores objetivos como el incremento de los costes energéticos, las disrupciones en las cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas o los efectos del cambio climático sobre la producción”.
Precisamente, para Cubel el contexto geopolítico actual tiene un papel relevante en la escalada de los precios: “Creo que afecta directamente a los costes de producción y a la disponibilidad de determinadas materias primas, especialmente cereales y fertilizantes. Esto acaba impactando en toda la cadena y, por ende, en el consumidor. Las familias gastan en alimentación, por lo que nos hallamos ante un problema sectorial y social”.
Por su parte, Pablo Vilanova, director general de Mercabarna, especifica dos inputs responsables del incremento de los precios de los alimentos frescos: el encarecimiento de los costes de producción y las alteraciones de la oferta por culpa del cambio climático. “Los precios al alza de los combustibles, mano de obra, fertilizantes, productos fitosanitarios y envases, entre otros gastos, junto con una regulación cada vez más estricta, han impactado de lleno en los costes de producción y, por consiguiente, en los precios de los alimentos. Naturalmente, estos incrementos en los costes se acaban trasladando a toda la cadena de valor”, explica. Vilanova también hace referencia a episodios climáticos anteriores que han provocado desajustes o roturas en la oferta cada vez “más severas”. “Ante la misma demanda, la disminución de la producción hace aumentar los precios”, comenta. De todas maneras, el director general de Mercabarna asegura que la existencia de los mercados centrales mayoristas –la red de 24 Mercas o el propio Mercabarna– favorece la competencia diaria entre empresas y el comercio diverso de proximidad. “Un mercado mayorista como Mercabarna, con centenares de empresas detrás, promueve un precio más competitivo en el eslabón detallista que se traduce también al consumidor final”, añade.
Medidas propuestas
El diagnóstico compartido –con matices– entre los tres organismos consultados es que el sistema agroalimentario necesita reformas estructurales. Las propuestas difieren, lógicamente, en el peso que cada actor otorga a la intervención pública frente a la dinámica de mercado.
Rosa Cubel, secretaria de Alimentación del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, apuesta por un cambio de modelo: “Planteamos un conjunto de medidas que construyan un sistema agroalimentario más justo, equilibrado y resiliente. Un sistema que proteja tanto a los productores como a los consumidores y garantice el futuro del sector en nuestro país”. “Es imprescindible –subraya– seguir apostando por la modernización y la innovación del sector, además de mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de factores externos. Queremos reforzar el tejido de las pymes e impulsar circuitos cortos de comercialización. También es clave trabajar sobre la demanda, fomentando un consumo más consciente y de calidad, alineado con la sostenibilidad y el territorio”.
Pablo Vilanova, director general de Mercabarna, pone el acento en la diversidad de actores: “Para el consumidor no solo es importante que haya muchos actores en el eslabón mayorista y detallista. Es vital que estos actores sean de diferentes tamaños en el sector primario y en la producción por dos razones: el valor y la especialización que aportan cada uno de ellos al conjunto de la cadena. Por ello, hay que incentivar y apoyar al pequeño y mediano agricultor, en lugar de contar únicamente con grandes productores de agricultura intensiva”.
Adrià Rodríguez, investigador del IDRA, va más lejos en sus prescripciones: “Para empezar, se debería fijar un tope máximo en los precios de alimentos básicos como el pan, el arroz, el aceite, los huevos, etcétera. Desde la Unión Europea se podrían gravar las transacciones financieras asociadas al sector agroalimentario, lo que permitiría incrementar los ingresos de los entes administrativos. También propongo que las ayudas y subvenciones públicas se faciliten a los payeses y el pequeño comercio, en lugar de los grandes terratenientes y corporaciones agroalimentarias”. El investigador, no obstante, es escéptico sobre la voluntad política de implementar estos cambios: “Tenemos un gran problema: la administración no está dispuesta a cambiar la correlación de fuerzas actual dentro del sistema y la industria alimentaria. Ello no es imposible, aunque hace falta valentía y voluntad política para confrontar grandes poderes privados. En estos momentos, no vemos ni una cosa ni la otra”.